Alrededor de 33.1 millones de personas trabajaban en la informalidad en el segundo trimestre de 2026, y 82.5% del aumento anual de la ocupación correspondió a empleos informales. Con el mismo salario semanal, pasar de 48 a 46 horas eleva 4.35% el costo por hora en 2027, y el ajuste acumulado llegará a 20% en 2030. CANACO SERVYTUR Tepic pidió que la discusión del salario mínimo 2027 incorpore el costo completo de generar empleo formal y se acompañe de medidas para reducir las cargas fiscales y administrativas de los negocios familiares.
La recuperación del poder adquisitivo y la reducción de la jornada requieren condiciones que permitan conservar empleos, ampliar la seguridad social y mantener abiertos los establecimientos. El reto es de gran escala: en el segundo trimestre de 2026, alrededor de 33.1 millones de personas (55.1% de la población ocupada) trabajaban en la informalidad, y de las 599,334 ocupaciones nuevas en el año, 494,607 fueron informales. «Queremos que las personas ganen mejor, tengan tiempo para sus familias y cuenten con seguridad social. Para sostener ese bienestar necesitamos corresponsabilidad.
Cuando aumenta el salario también pueden aumentar las contribuciones sobre esa remuneración; por eso debemos discutir cómo reducir las cargas que dificultan contratar y permanecer en la formalidad», señaló Ramon Padilla Mota, presidente de CANACO SERVYTUR Tepic. Lo que cuesta sostener un empleo formal además del salario, un empleo formal comprende: Prestaciones laborales: aguinaldo, vacaciones pagadas y prima vacacional; contratar una sustitución puede generar un gasto adicional. Seguridad social: cuotas patronales por riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; guarderías y prestaciones sociales; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Vivienda: aportación patronal al Infonavit de 5% sobre la base aplicable. Impuestos locales: impuesto sobre nómina, según la legislación de cada entidad. Pagos según la operación: horas extraordinarias, prima dominical, días de descanso y festivos, y participación de utilidades, cuando corresponda. Prestaciones pactadas: vales, fondos de ahorro, seguros y previsión social. Cumplimiento y operación: administración de nómina, registros de jornada, capacitación, equipo de protección y obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Contingencias laborales: sustituciones, ausencias, primas de antigüedad e indemnizaciones, cuando legalmente procedan. Parte de este costo se entrega directamente como prestaciones y otra parte financia salud, pensiones, vivienda y protección social; reconocer esos beneficios permite discutir cómo extenderlos a más familias y financiar su sostenibilidad. Como referencia, un aumento hipotético de 10% a 12% sobre el salario mínimo de 315.04 pesos diarios equivaldría a entre 958 y 1,150 pesos adicionales al mes en salario directo, además de los ajustes en prestaciones y contribuciones. Son escenarios ilustrativos, no aumentos aprobados.
En un ejercicio de la Confederación, un salario de 20,000 pesos mensuales implica un costo patronal cercano a 26,000 pesos, alrededor de 30% adicional, que puede acercarse a 40% con otras obligaciones. La presión se acumula con la jornada: de 48 a 46 horas en 2027 y a 40 en 2030, sin reducir salarios. Para un puesto sujeto a ambos ajustes, el costo salarial por hora crecería entre 14.8% y 16.9% en 2027, antes de evaluar contribuciones y productividad. La Canaco propone una agenda con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el IMSS, junto con trabajadores, empleadores y gobiernos locales, que incluya: Estímulos al impuesto sobre nómina.
Apoyos temporales y verificables a nuevas contrataciones. Mecanismos focalizados para facilitar la seguridad social, con financiamiento definido y sin reducir prestaciones. Revisión de derechos y costos administrativos. Capacitación, digitalización y financiamiento. Reglas de cumplimiento proporcionales a las capacidades de los pequeños negocios. Acuerdos con responsables, plazos y resultados verificables en reducción de cargas, productividad y empleo formal, además de la evaluación de los efectos de la transición sobre ingresos, descanso, cobertura de servicios y viabilidad empresarial.
«Los problemas compartidos exigen responsabilidades compartidas. Queremos mejores salarios, más descanso y más personas con seguridad social. Para conseguirlo, necesitamos que los negocios familiares tengan condiciones para crecer y sostener esos derechos todos los días», afirmó Ramon Padilla.