Ciudad de México. – El senador de Morena cuestionó la actuación del expresidente del INE, Lorenzo Córdova, ante los señalamientos sobre contratos por más de 2 mil millones de pesos que habrían beneficiado a cinco empresas vinculadas con Alfredo Hernández.
El senador de la República, Pável Jarero, lanzó una fuerte denuncia pública sobre una presunta red de intereses económicos al interior del sistema electoral mexicano, que habría operado durante años mediante contratos millonarios relacionados con organismos electorales.
“Estamos ante lo que podría ser una auténtica mafia electoral. Durante años se habló de defender la democracia, mientras presuntamente se construía una red de negocios millonarios alrededor de las instituciones electorales”, señaló.
Jarero cuestionó directamente al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien encabezó el organismo durante nueve años, periodo en el que, de acuerdo con la información denunciada, se habrían celebrado contratos por más de 2 mil millones de pesos con cinco empresas principales presuntamente vinculadas con Alfredo Hernández.
“Lorenzo Córdova tiene mucho que explicar. ¿Cómo es posible que durante nueve años se hayan realizado operaciones de esta magnitud sin que se aclararan los posibles conflictos de interés? ¿Quién autorizó los contratos, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que esto ocurriera?”, cuestionó el legislador nayarita.
Pável Jarero sostuvo que resulta indispensable investigar los mecanismos de contratación, las relaciones entre las empresas señaladas y las posibles responsabilidades de quienes estuvieron al frente de las instituciones electorales.
“No puede haber intocables en México. Quienes durante años se presentaron como guardianes de la democracia también deben rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos”, afirmó.
Finalmente, el senador advirtió que la autonomía de las instituciones electorales no puede convertirse en un escudo para impedir la transparencia y la rendición de cuentas.
“La democracia no puede ser un negocio de unos cuantos. Si hubo corrupción, debe investigarse y sancionarse. El dinero público es del pueblo y nadie tiene derecho a utilizarlo para construir redes de privilegios”, concluyó.