- La reforma aprobada por el Congreso del Estado el pasado 2 de mayo y publicada en
el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, limita los accesos a registros públicos y
afecta la seguridad jurídica de los ciudadanos en general
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), consideramos que la reforma a la Ley del Registro Público del Estado de Nayarit, que restringe su acceso para que sólo puedan pasar las personas que demuestren un interés jurídico para obtener detalles sobre actos inscritos, tiene visos de inconstitucionalidad, pues vulnera la garantía de acceso a la
información que tienen todos los ciudadanos y sienta un grave precedente de opacidad.
El artículo sexto de la Constitución establece que el derecho a la información será
garantizado por el Estado. Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública señala que toda la información en posesión de entidades públicas es
pública y solo puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad
nacional.
La reforma aprobada por el Congreso de Nayarit el pasado 2 de mayo va en contra de estos
principios al restringir innecesariamente el acceso a la información sobre la propiedad
inmobiliaria, un recurso crucial para la fiscalización y la transparencia.
Cabe destacar que el Código Civil Federal y los códigos civiles de los estados establecen
que los registros de la propiedad tienen como uno de sus fines principales garantizar la
publicidad de los actos que afectan la situación jurídica de los inmuebles, para seguridad
jurídica de actos y contratos. Al restringir el acceso a estos registros sólo a ciertas partes
interesadas, podría interpretarse como una limitación no justificada a este principio de
publicidad y seguridad jurídica.
Asimismo, la Ley de Mejora Regulatoria promueve la creación de regulaciones claras,
accesibles y de fácil cumplimiento que promuevan la eficiencia en la administración pública
y el acceso de los ciudadanos a los servicios. Al hacer el Registro Público más exclusivo y
menos accesible, la propuesta podría contradecir los objetivos de esta ley al reducir la
eficiencia y accesibilidad del registro inmobiliario.
Su implementación disminuirá la transparencia general que es fundamental para prevenir el
fraude y para la investigación de actividades ilícitas, como el lavado de dinero.
Además, dificultará que los ciudadanos puedan identificar conflictos de intereses y de actos
de corrupción, especialmente en casos donde la propiedad de inmuebles se usa para ocultar
ganancias ilícitas o para transacciones dudosas entre partes relacionadas.
La iniciativa aprobada también vulnera los derechos del consumidor y protección al
inversionista, pues ambos requieren verificar la historia y la legalidad de la propiedad o
derechos sobre inmuebles antes de realizar inversiones o compras importantes. A la par,
esto podría generar un aumento en los costos de las transacciones inmobiliarias y crearía
exclusión de sectores vulnerables que no tienen los medios o el conocimiento para navegar
el sistema propuesto, perpetuando desigualdades en el acceso a la justicia y a la propiedad.
Desde COPARMEX defendemos el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución y a las
leyes que de ella emanen, por lo que consideramos que no deben aprobarse y aplicarse
reformas que vulneren los derechos de los ciudadanos.