Ciudad de México.- Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) valoramos que se haya pospuesto la aprobación de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Reconocemos la necesidad de actualizar el marco legal del sector, promover la digitalización, ampliar la conectividad y simplificar procesos. Esta pausa abre una ventana de oportunidad para revisar con profundidad una iniciativa que, en su redacción actual, compromete principios esenciales para el desarrollo del ecosistema digital.
Reiteramos nuestro llamado a un diálogo abierto, técnico y con todos los sectores
involucrados, porque la propuesta plantea riesgos sustanciales: elimina la autonomía del
regulador, erosiona la certeza jurídica, contraviene compromisos del T-MEC y debilita la
competencia al permitir que entidades del Estado ofrezcan servicios comerciales bajo
esquemas de subsidio, con asignaciones de espectro sin licitación ni contraprestación, y sin
estar sujetas a un marco regulatorio equitativo. Esta asimetría vulnera el artículo 18.18 del T
MEC, relativo a las Empresas Propiedad del Estado, y genera un entorno desigual que atenta
contra la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico del país.
Nos inquieta especialmente la facultad de la nueva Agencia para ordenar el bloqueo de
plataformas digitales sin intervención judicial previa. Esta medida, contenida en el artículo 109,
vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y
el debido proceso. La ausencia de salvaguardas claras abre la puerta a censura previa, genera
incertidumbre jurídica y podría detonar controversias constitucionales e internacionales.
La ambigüedad en la definición de plataformas digitales propuesta en el artículo 3 amplía
excesivamente las competencias regulatorias de la Agencia y contradice el principio de
neutralidad tecnológica. Esta redacción imprecisa permitiría regular servicios de Internet que
no forman parte de las telecomunicaciones tradicionales, generando fragmentación normativa
y posibles violaciones a los artículos 15.3 y 19.4 del T-MEC.
El debilitamiento del principio de neutralidad de la red es otro aspecto crítico. Al eliminarse su
definición legal y dejar su interpretación a lineamientos futuros de la ATDT, se introduce un
alto grado de inseguridad para usuarios, operadores e inversionistas. Consideramos
indispensable conservar el texto vigente del artículo 145 de la actual Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión para garantizar condiciones equitativas y transparentes
en el uso de la red.
Asimismo, el transitorio décimo séptimo establece la suspensión de todos los trámites por un
periodo de 60 días, lo que interrumpiría procesos fundamentales como licitaciones de
espectro, autorizaciones de servicios y despliegue de infraestructura. Esta interrupción
afectaría directamente la inversión, el desarrollo de tecnologías como 5G y la innovación digital
en México.
El sector de telecomunicaciones representa el 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional
y genera más de 265 mil empleos directos. De acuerdo con el Banco Mundial, un incremento
del 10% en la penetración de banda ancha puede elevar el PIB en hasta 1.38%. Esto
demuestra su carácter estratégico para la inclusión, el crecimiento económico y la
competitividad nacional.
En la Confederación exhortamos al Congreso de la Unión a revisar con responsabilidad esta
iniciativa, preservar la autonomía del regulador, eliminar disposiciones que amenacen
derechos fundamentales y garantizar una transición ordenada. Una propuesta de esta
magnitud debe construirse con base en el análisis técnico, el respeto a los principios
constitucionales y el diálogo con todos los sectores involucrados. Solo así podremos
consolidar un entorno digital robusto, abierto, competitivo y alineado con el desarrollo que
México necesita.
La reforma en materia de telecomunicaciones y radio difusión elimina la autonomía regulatoria.
