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Listo el Relevo Generacional; AMLO

  • Monreal: Estaré en la Boleta Electoral, con o sin Morena
  • Manceristas, Rosas Aispuro… ¿En la Mira de la UIF?

¿Están todos los que son?… El Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo contento porque «hay buenos relevos generacionales» para continuar con el proyecto de transformación que inició. Aseguró que en la oposición no hay candidatos, y que la 4-T tiene personajes «muy inteligentes y responsables» que lo relevarían cuando concluya su mandato…

“La verdad, los que están en el movimiento de transformación y pueden dar seguimiento a este proceso todos son muy responsables, muy sensatos, muy inteligentes, honestos, eso lo celebro. Imagínense que estemos llevando a cabo una transformación y yo tenga que irme, porque así es, soy partidario de la No Reelección y no haya con quién darle continuidad al proceso, eso sería lamentable; pero estoy completamente satisfecho, contento, porque hay relevo.

“Ese es un problema que tienen los conservadores, ¿de dónde van a sacar? Si ya nadie quiere que lo identifiquen con esos partidos, y que cuiden su prestigio porque es el prestigio de sus hijos. Imagínense si dentro de 15 ó 20 años les dicen: ‘oye, tus papás estuvieron en ese partido, estuvieron en contra de apoyar a los adultos mayores, a los niños con discapacidad, de dar becas a los estudiantes pobres y estuvieron en los partidos que saquearon a México’. Les va a dar pena».

Reiteró que una vez que concluya su mandato se retirará de la vida política y aseguró que entregará «buenas cuentas, tenemos buenos relevos generacionales.

“Cancelo el Facebook, Twitter, el teléfono, voy a tratar de que no me tomen ninguna foto, porque estaré bastante cómodo, no hace falta rasurarse todas las mañanas. Voy a publicar saliendo a los tres años para no tener nada que ver».

Cuestionado sobre quiénes son los relevos para sucederlo en la Presidencia, López Obrador aseguró que son muchos, aunque evitó revelar los nombres. No obstante, antes mencionó a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard; luego agregó a Tatiana Clouthier, Juan Ramón De la Fuente, Esteban Moctezuma y Rocío Nahle. Más adelante, incorporó a esa lista a “los líderes legisladores”.

Si al inicio del gobierno de la 4-T se advertía que en el trayecto por la sucesión presidencial no estaban todos los que son (tiradores), ni todo era miel en hojuelas; ahora, con los últimos encuentros en el Senado, el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal Ávila, sin ambages, se eleva y asegura que él estará en la boleta electoral del 2024.

Si hubo quienes vieron nervioso al político zacatecano tras el arribo de Olga Sánchez Cordero a la Cámara alta, enseguida designada presidenta de la Mesa Directiva; las reuniones privadas que se han celebrado en la sede institucional del Senado en las últimas semanas, concretamente en la oficina de la Junta de Coordinación Política, confirman que Monreal va con todo en su proyecto.

Incluso, cada vez que concede entrevistas (todos los días), se declara listo para competir en los comicios del 2024 por el relevo del Presidente López Obrador; más aún, con o sin el aval de Morena, su partido desde 2012, cuando recibió el registro oficial por parte del Instituto Nacional Electoral.

Durante el presente mes patrio, la llegada de Adán Augusto López Hernández a la titularidad de la Secretaría de Gobernación, han surgido voces que presentan al gobernador tabasqueño con licencia como el “caballo negro” de su jefe y paisano, para investirlo como su posible sucesor, con la unción de Morena. Si parece pato, nada como pato y grazna como pato… ¿Será pato?…

Pende la guillotina sobre mancerismo… La Fiscalía de Justicia de la capital del país expuso este miércoles que, en la investigación en perjuicio del erario público, el imputado Miguel Ángel “N”, exsubsecretario de Administración en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, reveló nombres y documentos que acreditan el reparto de casi mil millones de pesos entre funcionarios y políticos en forma indebida.

Tras la solicitud del imputado para acogerse a un criterio de oportunidad, figura jurídica que le permite ser testigo colaborador, el exfuncionario ha entregado información que peritos en grafoscopía verifican para corroborar su autenticidad.

La Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos tiene elementos de prueba suficientes en la indagatoria, pero integra la información aportada por el imputado, donde señala a servidores públicos y políticos, para ampliar las indagatorias que podrían establecer la posible comisión de delitos.

Actualmente, Miguel Ángel “N” se encuentra en prisión domiciliaria sin haber sido exonerado de ninguno de los delitos que se le imputan; aunque la FGJCDMX reitera que no tolerará conductas al

margen de la Ley en las que puedan estar relacionadas exservidoras y/o servidores públicos, refrenda su compromiso de investigar y buscar sanciones, a fin de evitar la impunidad.

Y sin olvidar el tema Durango, donde en semanas se realizará el registro de candidatas o candidatos a gobernador, “El Güero” Aispuro Torres mantiene su expectativa de poder incidir en esa designación para que le cuiden las espaldas de lo que invirtió en un condominio de todo lujo en la zona cara de Santa Fe. Debe tener claro que al Margen de la Ley, Nada; Por encima de la Ley, nadie.

  • Paquete Económico 2022, ya en Manos de Legisladores
  • Justicia Tributaria, Donde Todos Paguen Impuestos
  • Ni Crea, ni Aumenta Aranceles

Argonmexico / Cobija no da pa´más… El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, sostuvo este miércoles que, al asignar 800 mil millones de pesos al sector salud en el 2022, están garantizados los recursos destinados a enfrentar la pandemia de Covid-19. Al entregar al Congreso de la Unión la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, previno un crecimiento del gasto para la Secretaría de Salud del 27.6 por ciento en términos reales, y un aumento de 15.9 puntos, respecto a la asignación del 2021, del total destinado a salud pública, para la asignación de 800 mil millones de pesos. Con dichos recursos, Ramírez de la O dijo que se adquirirán vacunas, medicamentos, servicios de salud gratuitos, atender el rezago de los servicios médicos, e incrementar la plantilla de trabajadores sanitarios para atender la pandemia del coronavirus. “Los recursos para seguir haciendo frente a la pandemia están plenamente garantizados en este presupuesto. El sector Salud sigue haciendo frente a la contingencia sanitaria y el Programa Nacional de Vacunación ha mostrado ser efectivo en la reducción de las defunciones y mitigación de las consecuencias de salud en la población”. Y es que, los avances en la vacunación, siguen contribuyendo a crear las condiciones necesarias para la reactivación económica, por lo que la apuesta del gobierno federal es continuar con la vacunación nacional. El Senado de la República recibió el mismo día el Paquete Económico 2022, que refuerza los apoyos para el bienestar social de la población; busca apoyar proyectos regionales detonadores de inversión, desarrollo social y de bienestar; y favorecer la estabilidad y solidez de las finanzas públicas. El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, José Narro Céspedes, y el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier (ambos de Morena), recibieron el documento que entregó la subsecretaria de Egresos de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Victoria Rodríguez Ceja. Narro Céspedes indicó que el Paquete Económico 2022 concuerda con la realidad, pues presenta un presupuesto al servicio de la gente, de las mayorías y de los que menos tienen. En el 2020 hubo una “caída dolorosa de 9.2 por ciento del PIB por la pandemia. “Pero, contrario a lo que esperaban algunos simpatizantes con los regímenes anteriores, la recaudación no se cayó, sino que aumentó. Gracias a esto, se espera que nuestra economía, para 2021, crezca al 6.3 por ciento, lo cual no se veía en décadas y, para 2022, al 4.2 por ciento”. Considera necesaria una Ley de Ingresos acorde a la realidad, que eficiente la recaudación de recursos, los incremente y, sin deuda, dote de fondos suficientes a los grandes proyectos y retos que el país enfrenta. “Esa tarea también recaerá en esta soberanía”. Por ello, la Cámara alta buscará, como lo ha hecho en años anteriores, que se elimine la corrupción de tajo y fije con austeridad el funcionamiento del aparato del Estado, a la par de que brinde suficiencia presupuestal para cubrir las necesidades que enfrenta el país. Ante las actuales circunstancias, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, pidió mayor sensibilidad social en el ejercicio del gasto y en las tareas recaudatorias. Cuando todos los integrantes de la Comisión han dialogado con los sectores productivos del país, quienes han manifestado la esperanza de que, en medio de la pandemia, el Paquete Económico sea promotor de la reactivación económica y de la recuperación de empleos. Para el Senado, es importante distinguir crecimiento económico de desarrollo humano. “Queremos que el Paquete Económico se traduzca en factores que atiendan pobreza, marginación y vulnerabilidad, a la vez que sea un aliento en medio de la pérdida de miles de mexicanos por la Covid-19”. Porque es fundamental consolidar la justicia tributaria donde todos paguen impuestos, pero el que gane más, pague más; así como la justicia distributiva para que la repartición de la riqueza se dé con un criterio de Estado. La secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, Nuvia Mayorga Delgado, indicó que la Cámara alta recibe un Paquete Económico 2022, con un aumento en los ingresos tributarios, el cual “espero que no se haya realizado bajo presión”. La senadora del PRI reconoció que se ha cuidado la estabilidad macroeconómica del país, debido a la emergencia sanitaria que atraviesa México y el mundo; sin embargo, remarcó que es necesario incluir proyectos de inversión para fortalecer la economía del sector privado. La subsecretaria de Egresos de la SHCP, Victoria Rodríguez Ceja, aseguró además que el Paquete Económico 2022, se caracteriza “por ser realista, balanceado en el gasto, con responsabilidad fiscal y una profunda vocación social”. Se enmarca, dijo, en la senda de recuperación económica del país y busca por medio del impulso interno y los proyectos regionales de inversión, crear las condiciones necesarias para empujar un desarrollo económico y social inclusivo. Está diseñado bajo tres pilares: reforzar los apoyos para el bienestar social de la población; apoyar proyectos regionales detonadores de inversión, desarrollo social y de bienestar; y favorecer la estabilidad y solidez de las finanzas públicas. La estabilidad macroeconómica, con el impulso a la convergencia entre regiones y estratos sociales, permitirá que el uso de los recursos sea más inclusivo y eficiente para los próximos años; favoreciendo el capital humano, creando mejores condiciones de equidad y un mejor clima para la competencia y la inversión. El proyecto de Ley de Ingresos no crea impuestos ni aumenta los existentes. La deuda es estable; y refuerza las estrategias para cerrar los espacios de evasión fiscal. Blinda el gasto social para los grupos más vulnerables, y reduce las brechas, porque propone un Presupuesto destinado a la protección social, con un aumento de 12.8 por ciento respecto al 2021. Su prioridad es garantizar la salud de la población, incluyendo el combate a la pandemia por Covid-19 y los avances del Programa Nacional de Vacunación, al cual se destinan 794 mil millones de pesos, crece 15.2 por ciento respecto al año pasado. El Paquete Económico contiene los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la miscelánea fiscal, correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2022. El Senado revisa la Ley de Ingresos que enviará a la Cámara de Diputados. Si saben cómo es el león, pa´qué le pisan la cola…

Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi

  • Inicia la Rebatinga en San Lázaro por los Mandos *Si en Senado Otra Cosa no Sucede, Marybel al bat

Ven que el indio es alegre ¿Y todavía le dan maracas?… Mientras Morena se alista a presidir la Mesa Directiva y la Jucopo en la Cámara de Diputados a la LXV Legislatura, con el aval de sus aliados PVEM y PT; sus adversarios de PAN, PRI, MC y lo que queda del PRD, alertan que 50 por ciento de la población no votó por esa fuerza política, por lo que “debe tener cuidado al ejercer su mayoría”.

Luego de que Morena manifestara que pretende presidir la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, el diputado electo Jorge Álvarez Maynez a la LXV Legislatura y próximo coordinador de MC, aseveró que esa bancada debe entender que la manera de hacer política cambió. En declaraciones a la prensa, tras su proceso de credencialización que lo acredita como integrante de la siguiente legislatura, previno: Nosotros respetamos lo que el régimen quiera hacer, pero no es la Cámara que se acostumbraron a gobernar los tres años pasados, llegaron nuevas personas, una nueva manera de hacer política y nosotros vamos a demostrar, con todo respeto, que se les acabó el día de campo en el Poder Legislativo”.

A una semana de que rindan protesta como diputados federales (el 31 de agosto), se plantea que se deben atender los lineamientos legislativos que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenan evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. “Oposición, lista para actuar si Morena pretende presidir Mesa Directiva y Jucopo en la Cámara de Diputados, en la LXV Legislatura”, adujo Jorge Romero, próximo coordinador de la bancada del PAN quien expuso su expectativa que después de una plática con Morena, se pueda llegar a otro tipo de acuerdo, “de lo contrario sería un muy mal augurio para la siguiente Legislatura”.

En tanto que el diputado reelecto del PRI, Rubén Moreira, salió al paso al opinar que Morena debe reflexionar muy bien sobre conformar una sola bancada con sus aliados en la LXV Legislatura; aunque el PRD se pronunció porque en San Lázaro se mantenga la cohesión que en el último proceso electoral unió s este partido con priístas y panistas.

Con todo, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, anunció que está en construcción una agenda legislativa común con Morena y el PVEM, pues están ciertos que la oposición irá en bloque. En el marco de la reunión plenaria de su bancada rumbo al inicio de la LXV Legislatura, puntualizó que esta alianza legislativa está en análisis, ya que la oposición “vendrá en bloque. Entonces, nosotros tenemos que hacer bloque”. Ahí hubo un diálogo con funcionarios federales a fin de reafirmar su compromiso con el proyecto del Gobierno Federal.

Anunció que durante la inauguración de los trabajos se contó con la participación del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, pues sin duda uno de los ejes fundamentales de la 4T es eliminar la corrupción de todos los órdenes de gobierno. Destacó que actualmente se distinguen dos propuestas: la progresista, impulsada por la 4T, que pretende un Estado de bienestar, “y los que quieren de nuevo que se siga acumulando la riqueza en unas cuantas manos que viene del lado de la derecha conservadora del país.

“No tenemos ninguna duda de que todo es política y se aceleran los tiempos según las coyunturas, durante 36 años de modelo neoliberal hubo como calma, porque no había mucha efervescencia política, porque prácticamente sometieron a la oposición, en ese tiempo nosotros éramos de izquierda y ahora como hay más libertades, están aplicados, por eso hay dos proyectos de nación”.

De su lado, la también legisladora del Revolucionario Institucional y quien aún preside la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, afirmó este martes que una actividad fundamental para la LIV Legislatura consistió en promover una agenda en materia de paridad y avanzar en igualdad sustantiva, al hacer votos para que se dé continuidad a ese trabajo. En la presentación del “Libro Blanco en materia de Igualdad de Género.

Acciones Estratégicas”, la diputada resaltó que la LXIV Legislatura es reconocida como de la Paridad, porque consumó el anhelo de las mujeres que abrieron el camino para participar en todos los sectores de la sociedad en un plano igualitario, al haber alcanzado la integración casi paritaria de la Cámara con 48.2 por ciento de mujeres en las diputaciones federales, es decir 241 de las 500 curules.

Al agregar que, a través de un grupo plural de legisladoras e integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, quienes presentaron iniciativas y procesaron dictámenes y minutas, en esta Legislatura se promovió una agenda. Este libro hace una relación y, particularmente, especifica el estado que guardan, para que pueda continuar su trámite la próxima Legislatura. Y si no, pues no… Y va por Quintana Roo… Aunque será el próximo viernes cuando se elija a la legisladora que presidirá la Mesa Directiva del Senado, se anticipa que la morenista Marybel Villegas sucederá a Eduardo Ramírez en ese alto encargo.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, adelantó que la elección se hará ante la presencia de notarios públicos con voto personal, directo y secreto, y que existe el compromiso de todos de mantener la unidad y la cohesión.

Las sesiones con los miembros del gabinete, Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública; Rogelio Ramírez de la O, de Hacienda; y Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, “no van a ser fáciles, pues los legisladores de Morena tienen varias inquietudes que quieren aclarar”. Con el objetivo de definir la siguiente agenda legislativa que se iniciará el 1 de septiembre, con el primer periodo de sesiones de la nueva LXV Legislatura, el político zacatecano no ha descuidado su relación con los otros coordinadores parlamentarios, por ello prosigue las reuniones con ellos.

Sobre todo, cuando Morena mantiene la intención de discutir tres iniciativas en la primera sesión: la Ley de Revocación de Mandato, La Ley Orgánica de la Armada, y la Ley que Prohíbe Experimentos con Animales para Cosméticos. Si no quieres ver fantasmas, ¿Para qué sales de noche?…

HABITAT Mx

Agustín Vargas

  • Parque habitacional35.2 millones de viviendas en México.
  • Déficit: 8.2 millones.Buscan casa 10 millones de personas.
  • Afectada 25 por ciento de la producción petrolera

El pasado lunes 23 de agosto se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, documento que contiene la radiografía completa sobre el universo de casas habitación existente en el país y sus condiciones. Las cifras de ese ejercicio estadístico, realizado por el Inegi, que preside Julio Santaella, son verdaderamente preocupantes, porque del total de viviendas del país (35.2 millones), casi el 50 % presenta alguna falla estructural: cuarteaduras, filtraciones de agua, fracturas, deformaciones en marcos, columnas o trabes, así como levantamientos o hundimientos de pisos, además de malformaciones en los drenajes y tuberías.

Además de que se actualizó la cifra del déficit habitacional del país (8.2 millones de viviendas), se dejó entrever que la actual política gubernamental en materia de vivienda no ha sido tan eficaz y menos eficiente, debido a que casi la mitad de la población del país no tiene acceso a un crédito hipotecario.

No se dio a conocer en la referida encuesta o, mejor dicho, no se actualizó el dato sobre el número de viviendas abandonadas, aquellas que se han convertido en “casas fantasma”, pero se sabe que el número es superior a los 6 millones, problema que tampoco han podido resolver las autoridades. Buscan casa Por otra parte, se dio a conocer que por el confinamiento, el home office y la necesidad de espacios más amplios a raíz de la pandemia, la búsqueda de casas por internet creció hasta un 25% desde el inicio de la emergencia, lo que ha provocado la migración de miles de mexicanos hacia ciudades y entidades periféricas.

De acuerdo con datos de la firma Lamudi, especialista inmobiliaria, al menos 10 millones de mexicanos han tenido la incertidumbre y curiosidad por cambiar de residencia y mucho tiene en esto que ver tanto el aumento de uso de internet como con la necesidad de vivienda.

La Ciudad de México es la entidad con mayor éxodo de capitalinos hacia otras ciudades con oferta de inmuebles más baratos, con 23% de migración, seguido de Veracruz (9.2%), Estado de México (6.2%), Puebla (5.0%) y Jalisco (4.0).

Según los especialistas en México hay un deseo de al menos un 82% de personas que quieren mudarse fuera de la ciudad o de sus lugares de origen, debido a las afectaciones económicas de la pandemia, la saturación de espacios comunes e independencia de las parejas jóvenes. Hoy la situación de los propietarios o quienes dejan sus casas ven complicado lograr vender o arrendar los espacios al menos en medio año, con el riesgo de quedarse vacías y sin ingresos.

De estas personas que quieren vender, el 58% declara que lo ven difícil que suceda antes de los próximos seis meses. Polémicos DEG Banco de México recibió ayer los Derechos Especiales de Giro (DEG) que le asignó el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los 8,542.4 millones de DEG son equivalentes a 12 mil 117 millones de dólares y fueron integrados a las reservas internacionales, según informó el Instituto Central. El objetivo de las reservas internacionales es coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país.

De acuerdo con las disposiciones legales que rigen al Banco de México, para que el Gobierno Federal pueda acceder a dichos recursos necesita comprarlos a precios de mercado. Seguramente veremos en los siguientes días, quizá semanas, severas críticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y todo su equipo por no ceder a las pretensiones del mandatario de utilizar los DEG para pagar parte de la deuda externa del país.

Producción petrolera rezagada La producción de 125 pozos petroleros, equivalentes a alrededor de 421,000 barriles de crudo diarios, se vio interrumpida abruptamente y con ello los ingresos de Pemex, que dirige el agrónomo Octavio Romero Oropeza.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la producción de crudo en junio fue de 1 millón 681 mil barriles diarios, por lo que la afectación como consecuencia del incendio en el campo Ku-Maloob-Zaap del pasado lunes 23 de agosto es equivalente al 25% de la producción total.

Se espera que la producción regrese gradualmente a su nivel de operación previa al accidente. Sin embargo, el regreso puede ser lento, debido a que la producción aún no había podido regresar al nivel de abril 2020, cuando se decidió recortar la producción en 100,000 barriles diarios durante dos meses como parte de los acuerdos con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

¿Capricho o estrategia?

Por Eduardo Trujillo

Hay obsesiones que pueden ser entendidas por su trascendencia, otras son comprensibles por que podrían acarrear beneficios a quien se obsesiona por algo, sin embargo, existen también obsesiones incomprensibles y hasta caprichosas, que solamente la insania podría justificarlas.

En esta última categoría de obsesiones, se puede clasificar la que intenta involucrar a toda la sociedad mexicana en un debate improductivo y desgarrador de la paz social, se trata de la revocación de mandato, que a rastras pretende imponer a toda la sociedad el Presidente.

El Presidente resultó electo en 2018, para ejercer su mandato hasta el 30 de septiembre de 2024 y, nadie discute el derecho presidencial a permanecer en el cargo hasta esa fecha, independientemente de la percepción que se pueda tener acerca de la calidad de su gestión.

Sin embargo, una consulta a la población, sea consulta popular o referéndum revocatorio, constituye una excelente plataforma propagandística a favor del régimen, aunque no aporte ningún beneficio a la población, ni influya para cambiar las cosas a favor de la ciudadanía, constituyen pues ejercicios de movilización y verborrea catártica, y para estos fines es que el actual gobierno y el partido correspondiente pretenden forzar a que se lleve a cabo un ejercicio de esta naturaleza, sin importar los costos, tanto financieros como de encono social que conllevan.

¿Para qué y con qué fin, habría de convocarse a un referéndum revocatorio, cuando nadie cuestiona el derecho de continuar el actual mandato, hasta que constitucionalmente concluya, en la fecha para la cual se eligió?

¿Acaso el país se encuentra en tal abundancia de recursos económicos, que se puede dar el lujo de gastar varios cientos de millones de pesos, para determinar si el actual presidente concluye o no el periodo para el cual fue seleccionado?

¿Tal vez existirá alguna sombra oscura acerca de la legitimidad del actual Presidente, como para distraer de los grandes temas de interés nacional a la sociedad, e involucrarla en un juego de estrategia propagandística, en la cual la ciudadanía no obtendrá ninguna solución a sus problemas?

Si el actual Presidente, considera pesada la carga que actualmente le representa la presidencia, si el esfuerzo físico e intelectual, que representa terminar el mandato constitucional , y lo que se desea es ya pasar a descansar a su finca en Palenque, pues nos resulta más económico y menos complicado, que simplemente se presente la renuncia del Presidente, sin pasar por el enorme costo y la complejidad de una consulta de revocación, que podría terminar en atarlo al cargo, para que obligadamente lo termine, aun en contra de su personalísima voluntad y, quizá, necesidad física e intelectual.

¿Por qué existe ese empecinamiento en mantener a la sociedad mexicana, de manera continuada en proceso electoral permanente? ¿A qué razones obedece el capricho de mantener una movilización social interminable?

¿Será que tal vez, la población mexicana, no tiene en mente atender otros problemas urgentes y no desea se analicen y atiendan necesidades materiales, ajenas a un activismo de campaña electoral permanente, como se pretende establecer por los partidos que conforman la coalición gobernante?

¿Qué gana el pueblo mexicano destinando cientos de millones de pesos en un referendo revocatorio, si eso no le atiende la inseguridad pública, ni disminuye la mortalidad pandémica, ni proporciona medicamentos a los enfermos, tampoco se traduce en canasta básica más accesible, ni el cambio climático se ve mitigado con esos ejercicios, ni disminuyen los feminicidios, tampoco dejan de asesinar periodistas?

¿Qué caso tiene la movilización perenne de la sociedad, en eterna campaña de proselitismo para legitimar el régimen, aunque no devuelva resultados y el deterioro socioeconómico sea galopante?

El artículo 35 constitucional, establece como derecho de la ciudadanía mexicana, el de “participar en los procesos de revocación de mandato” en la fracción IX de dicho artículo  establece que el ejercicio de revocación de mandato de Presidente de la República “Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.”

Como puede verse claramente, el objetivo del legislador dio un peso importante, a la implantación territorial de alguna inconformidad ciudadana contra el desempeño de quien ostenta la titularidad de la Presidencia de la República, este requisito de por lo menos diecisiete entidades federativas, representadas en el 3 % de la lista nominal de inconformes con el desempeño presidencial, cumple con el objetivo de que este ejercicio de democracia directa, no se active caprichosamente por diferendos políticos con alguna, o algunas, de las titularidades de las gubernaturas, en manos de partidos opositores al Presidente.

Dicho lo anterior, este ejercicio de revocación de mandato, solamente debe utilizarse como una válvula de seguridad, cuando se advirtiese que la continuidad del mandatario en funciones, represente un auténtico peligro a la viabilidad futura del país y, por ende, existencia de un malestar extendido entre la población.

Además, es pertinente que se tenga presente que aún no existe una ley reglamentaria de esta actividad, lo que representa una seria limitación para su implementación el año próximo, aplicándolo a quien actualmente ocupa el Palacio Nacional.

Pero veamos detenidamente la razón por la cual, aunque se apruebe en los próximos días y semanas alguna ley reglamentaria de la revocación de mandato, resultaría sumamente cuestionable, que esta nueva regulación, pudiera ser aplicada con efectos retroactivos, a cualquier cargo que hubiese sido electo con antelación, pues en estricto sentido jurídico, la revocación de mandato, constituye una sanción para quien ostenta el cargo sujeto a referéndum.

Dicho eso; el artículo 14 constitucional, establece el principio de irretroactividad, que a la letra consiste en que “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.”, esto significa, continuando con el citado artículo que: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

En consecuencia, a lo anterior; aplicar una ley para revocar un mandato que se obtuvo en 2018, con una ley elaborada en 2021, es pretender privar de un derecho mediante un juicio viciado, pues el derecho al mandato lo adquirió el actual presidente, tres años antes de la elaboración de la ley que se pretende aplicar al juicio (aquí el referéndum revocatorio adquiere el carácter de juicio público ciudadano). La ley en cuestión solamente podrá ser aplicada a aquellos cargos que sean obtenidos en elecciones futuras, que sean posteriores a la fecha de entrada en vigor de la ley reglamentaria de la revocación de mandato, hacer cosa distinta a lo anterior, sería un atentado a la integridad constitucional y a los derechos políticos electorales de las personas que actualmente ostentan algún cargo de elección popular en nuestro país.

Desde los albores como nación independiente, en México se adoptó el principio de irretroactividad, pues quedó recogido en el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, en su artículo 19 que nadie puede ser juzgado en los estados o en los territorios de la federación, “sino por leyes dadas y tribunales establecidos antes del acto por el cual se le juzgue.

Tal parece que resulta muy rentable políticamente al gobierno federal y a su partido político, desafiar en su supuesto perjuicio, casi doscientos años de irretroactividad constitucionalmente establecida en nuestro país.

El encaprichamiento por someterse a referéndum revocatorio, constituye un reto que podrá desafiar la tradición constitucional, por tanto, la vigencia del Estado de Derecho en el territorio nacional, y una oportunidad inigualable para movilizar políticamente a la sociedad y así distraerla de las problemáticas enraizadas, que no pueden, ni quieren atender desde las altas esferas.

Le urge mucho al régimen actual, un acto masivo de legitimización, que bien puede obtener mediante la manipulación propagandística que puede otorgarle la realización de este ejercicio de democracia directa, sin importar el manoseo de estos ejercicios, ni su costo financiero.

La estrategia con la cual se ha venido impulsando la revocación de mandato, marcha al filo de la defenestración del Estado de derecho y tiene visos de perversa hambre ávida de concentración del poder.

Insensato es insistir en el capricho inconsecuente de esa movilización popular, que solo arrojará divisionismo social, derroche de escasos recursos y alimentará ambiciones de poder huecas y malsanas.

¡No a la revocación de mandato!  

«Aprueban en lo General, Ley Federal de Revocación de Mandato Decretan receso para continuar esta tarde con la votación de adiciones al proyecto

Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron, en lo general, el dictamen que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, cuyo objetivo es regular y garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar, participar y votar en el ejercicio de revocación del Presidente de la República.

El proyecto de decreto fue aprobado con ocho votos en favor y dos en contra, por la Comisión de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa. Por su parte, la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que encabeza la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, lo avaló con siete votos en favor, tres en contra y una abstención. Posteriormente, Fernández Balboa decretó un receso y convocó a continuar con esta reunión a las 17:30 de la tarde, a efecto de realizar la votación sobre la inclusión de algunas adiciones al proyecto de decreto. 

El documento plantea que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea el responsable de la organización y desarrollo de este proceso. Además, de promover el voto y garantizar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género. 

El inicio de este proceso, precisa, procedería únicamente a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, distribuidas en, al menos, 17 estados, y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

Dicho ejercicio democrático, sugiere el proyecto, se podrá solicitarse, por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal. También prohíbe la utilización de recursos públicos para la recolección de firmas de apoyo ciudadano para el proceso de revocación de mandato. En tanto, mandata a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, partidos políticos o cualquier otro tipo de organización del sector público, social o privado a abstenerse de impedir u obstruir las actividades de recopilación de las firmas de apoyo.

El documento menciona que la convocatoria emitida para este proceso deberá contener los fundamentos constitucionales y legales aplicables: las etapas, el nombre de la persona que ocupa la titularidad de la Presidencia de la República, fecha de la jornada de votación, así como la pregunta objeto del proceso. La pregunta -se sugiere- deberá ser: “¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?” Asimismo, indica que ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato.

Durante el tiempo que comprenda el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en medios de comunicación, de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

El dictamen también plantea que la jornada de votación se celebre el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria, y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales. Si al término del cómputo distrital se establece que la diferencia entre el “Sí” y el “No” es igual o menor a un punto porcentual, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Las y los senadores coincidieron en que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponderá el cómputo final y emitir la declaratoria de validez, con base en los resultados consignados en las actas de los cómputos distritales y una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto.

Aclararon que la revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta. Asentaron que cuando la declaratoria de validez, que emita el Tribunal Electoral, indique que la participación total de la ciudadanía fue, al menos, del 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para el titular de la Presidencia de la República.

Definieron que el Tribunal Electoral sea quien notifique de inmediato los resultados del proceso de revocación de mandato al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al INE, para los efectos constitucionales correspondientes. Si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, puntualizaron, el Presidente de la República se entenderá separado definitivamente del cargo, cuando el Tribunal emita la declaratoria de revocación. Se procederá de forma inmediata, según lo previsto en el último párrafo del artículo 84 de la Constitución.

También establecieron que el Tribunal Electoral deberá resolver los medios de impugnación que se presenten para controvertir los resultados de los procesos de revocación de mandato, así como las determinaciones del INE sobre la misma materia. Se prevé que la reunión de trabajo de las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, se reanude esta tarde, a efecto de votar la posible incorporación de los artículos 25 y 56, así como otras adiciones al proyecto de decreto.

Las y los senadores podrían aprobar que se incluya en el artículo 25 la propuesta del senador Ricardo Monreal Ávila, a fin de establecer que, una vez finalizada la verificación correspondiente de las firmas ciudadanas, el Secretario Ejecutivo del INE presente al Consejo General un informe detallado y desagregado, sobre el resultado de la revisión de las firmas ciudadanas.

Asimismo, para indicar que, si se cumplieron todos y cada uno de los supuestos previstos en la Ley, el Consejo General deberá emitir inmediatamente la Convocatoria correspondiente, en caso contrario, desechará la solicitud de revocación y archivarla como asunto total y definitivamente concluido. También se estima que en dicho artículo se mencione que, para la preparación de este mecanismo de participación ciudadana, el INE, en estricta observancia a las medidas de racionalidad y presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal correspondiente, buscará el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros.

De la misma manera, se prevé que en el artículo 56 se establezca el planteamiento de Monreal Ávila, respecto de los medios de impugnación. En este sentido, se señala que, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones emitidos en el proceso de revocación de mandato, “será aplicable el sistema de medios de impugnación, en términos de lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, y 99, fracción III, de la Constitución”.

Al respecto del proyecto de decreto, el senador de Morena, José Narro Céspedes acusó que hay un acuerdo del bloque opositor para ir en contra del dictamen, bajo un posicionamiento político que busca desvirtuar un tema fundamental para la democracia directa. Por su parte, el senador de Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales, expresó su apoyo al dictamen, en lo general, pero, advirtió que este proyecto se encuentra lejos de estar listo para votarse. “Nos debemos dar el tiempo, de aquí al Periodo Ordinario, para lo cual propongo una mesa técnica para intercambiar puntos de vista”, sugirió.

Del PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que no se cumplieron los acuerdos entre la mayoría y la oposición, que se generaron cuando se realizó la reforma constitucional en esta materia. “Nuevamente -denunció- se quiere sacar una ley importante al vapor, sin construir consensos, análisis o concertación”.

Por Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón solicitó que el dictamen fuera retirado, para su análisis a profundidad en una mesa de trabajo y tras una consulta con el INE, ya que carece de “integralidad” y tiene varios temas pendientes por definir. La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PT, propuso incorporar al artículo 25 del dictamen la propuesta del senador Damián Zepeda, pues incluye todos los datos propuestos por los distintos promoventes, respecto del informe que presentará la Secretaría General del INE a su Consejo General.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, cuestionó que a este proyecto se le dé, prácticamente, un tratamiento de iniciativa preferente. Opinó que el ejercicio de revocación de mandato “se puede realizar de todas formas” y sugirió que se le permita al INE realizar los lineamientos para llevar a cabo este ejercicio de democracia directa.»

Urge Atender Crisis en Tribunal Electoral

  • Ofrece Senado sus Buenos Oficios; Monreal
  • Control a Productos con Exceso de Edulcorantes

Los muertos que vos matáis… En el marco de la crisis que registra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado José Luis Vargas Valdez afirma que técnica y legalmente él sigue siendo quien dirige el organismo, porque en la Ley Orgánica del TEPJF no está contemplada la revocación del mandato.

Repuso que, el intento de albazo de parte de los cinco magistrados, para destituirlo como presidente de la Sala Superior no tienen validez jurídica, porque carecen de facultades para promover un tema a discusión dentro de las sesiones; aparte de que la sesión fue convocada de manera “institucional”, y dos magistrados: Mónica Soto y él, no participaron.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador previno que existe una descomposición en el TEPJF; al asegurar que “hay una crisis en un organismo clave para la democracia de México”, y cuestionó la destitución de José Luis Vargas al recordar que el propuesto magistrado para el relevo, Reyes Rodríguez le deseó la muerte al mandatario.

Y es que el miércoles pasado cinco de siete magistrados de dicho tribunal votaron por la destitución de su presidente, José Luis Vargas, por lo cual el titular del Ejecutivo federal cuestionó el que los disidentes eligieran como nuevo presidente a Reyes Rodríguez Mondragón.

López Obrador consideró que esa pugna es el resultado de las decisiones equivocadas que han tomado los magistrados del Tribunal Electoral contra la democracia: lo que hicieron de quitarle las candidaturas al representante de Morena en Michoacán y al de Guerrero, “con contradicciones evidentes en sus resoluciones. “Primero dicen: ‘El INE exagera y sí debe de sancionarse, pero no quitándoles la candidatura’, eso fue lo primero que resolvieron.

Agregó que, en este asunto, el INE agravó luego la situación al confirmar el retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio en Guerrero y a Raúl Morón en Michoacán”. Expone que el INE agravó la situación, “le incluyó dolo; en vez de sancionar acorde a lo que supuestamente habían hecho los candidatos o a la infracción que habían cometido, la agravó y regresa al Tribunal y el Tribunal, que había planteado se moderara el INE, resuelve en favor de quitarles la candidatura.

¿Qué pasó?, ¿quién los hizo cambiar de parecer?, ¿por qué esa contradicción?, son preguntas expresadas por el presidente en su encuentro del jueves con los representantes de los medios de comunicación. Esta es una situación grave, y amerita que haya una reforma constitucional para limpiar los dos organismos, el INE y el Tribunal, que no cuestan cualquier cosa, porque consejeros y magistrados, respectivamente, ganan como dos, tres veces más que el presidente de México y están colmados de atenciones y privilegios.

De su lado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila insiste que, con el fin de evitar un colapso constitucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, él ha redoblado sus esfuerzos para se alcance un acuerdo que permita el adecuado funcionamiento del TEPJF.

En una carta oficial dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar –también enviada a los 10 ministros que integran el pleno–, el senador Monreal propone se admita el recurso de defensa que interpuso el destituido presidente José Luis Vargas Valdez, con el fin de dirimir la controversia en ese alto tribunal colegiado.

Monreal Ávila expresa en la misiva su profunda preocupación por los acontecimientos a partir de que cinco magistrados electorales se pronunciaron por la destitución de su presidente con una larga lista de acusaciones, entre ellas discrecionalidad e inconsistencias, falta de respeto a sus compañeros por llamarlos «manada», cobertura incompleta de boletines de prensa, entre otros.

La Constitución establece mecanismos de supervisión entre poderes para evitar los excesos. Y considera conveniente que esta controversia se dirima para que el alto tribunal de justicia adopte los acuerdos que en derecho procedan. Esto es, admitir el recurso interpuesto por Vargas Valdez y a éste recaiga una resolución conforme a derecho. Pero ¿Cuál es la mano que mece la cuna?… Campaña antiendulzantes…

Desde la sierra norte de Puebla, el senador morenista Alejandro Armenta Mier insiste en clamar a las secretarías de Salud y de Educación impulsen la difusión de los etiquetados de aquellos productos con alto contenido de azúcar y de edulcolorantes que provocan enfermedades como diabetes, hipertensión y problemas de obesidad en altos consumos. Desde esta, una de las zonas más pobres del país, el legislador recuerda: “hemos realizado exhortos a la Secretaría de Salud federal a que difundan los etiquetados con información clara y precisa de lo que provocan los productos como refrescos, y la comida chatarra”.

Respecto al trabajo con la Secretaría de Educación Pública, el senador poblano expone que se le solicita impulse materias escolares de nutrición, de reactivación física y de buenos hábitos alimenticios. También refiere que éste es un ejercicio donde los padres de familia tienen un papel fundamental. “No dejemos en las autoridades todo, está en nuestras manos no va a venir el secretario de Salud a decirnos te excediste en el consumo de los refrescos o qué cantidades de azúcar debes de ingerir o si ya te pasaste de las calorías”.

Durante una gira por el municipio de Huauchinango, Alejandro Armenta presentó su libro “La Pandemia de los azúcares”, y rememoró que el artículo 4º Constitucional, que ya es ley, establece derechos tales como una alimentación sana y con etiquetado; esfuerzo que se concretó después de debatir un año.

Por ello, actualmente se obliga a las empresas de bebidas y alimentos que sus productos lleven las etiquetas que advierten si llevan altos contenidos de grasas saturadas, cafeína y edulcorantes.

Para hacer conciencia del problema del alto consumo de edulcorantes en nuestro país, el libro es gratuito, lo editó el Senado y en noviembre estará traducido al náhuatl. Hace dos semanas, el senador Alejandro Armenta presentó el libro en el Patio del Federalismo, en el Senado de la República donde puso en claro que su campaña no va en contra de las empresas productoras de bebidas con exceso de azúcar y edulcorantes; pero uno de los problemas más graves de salud en México ha ido en aumento por esas bebidas. Cambiar hábitos alimenticios…

Consulta y postconsulta

Por Eduardo Trujillo

En la reciente consulta popular del pasado domingo un de agosto, la primera que constitucionalmente fue organizada con toda la expertis y profesionalismo que el Instituto Nacional Electoral sabe imprimir a sus tareas y actividades; se reflejó en el despliegue de más de 57,087 mesas receptoras de voto, pero también por saber aglutinar la voluntad de  miles y miles de ciudadanas y ciudadanos (285,450) que gustosamente se unieron para formar el funcionariado que una vez capacitado por la institución, presidieron y operaron las mesas receptoras de la consulta popular y  que se ubicaron por todo el territorio nacional.

El escrupuloso apego técnico del Instituto Nacional Electoral para organizar comicios, se puso de manifiesto, lo que posibilitó la realización de una ejemplar jornada, pacífica y excelentemente organizada, con protocolos claros y robustos de bioseguridad, frente a la enfermedad pandémica de COVID-19.

Este domingo, estuvo una papeleta esperando a cada una de las personas que se encuentran inscritas en la lista nominal de electores (93,671,697), en la mesa receptora más cercana a su domicilio, con los ciudadanos funcionarios dispuestos a recibir la voluntad popular de sus vecinos y familiares, en el horario de las ocho de la mañana y hasta la seis de la tarde, para posteriormente realizar el escrutinio y cómputo de la consulta, en la mesa receptora, y proseguir con el traslado del paquete correspondiente a la sede distrital correspondiente.

Los sistemas de monitoreo y seguimiento de la consulta que el INE implementó, permitieron en el transcurso de la jornada, dar cuenta de los incidentes que se presentaron y diligentemente fueron atendidos para su solución, y permitir el flujo de votación con la mayor normalidad posible.

El conteo rápido implementado hizo posible que, en las primeras horas de la noche, el Consejero Presidente Lorenzo Córdova, diera a conocer con una precisión matemática las tendencias y el porcentaje de participación, imprimiendo mayor certeza y confiabilidad al ejercicio democrático de la consulta directa a la ciudadanía en, temas trascendentes para la sociedad mexicana.

Operativa, organizativa y logísticamente, la consulta resultó un éxito, pues las actividades y acciones se efectuaron cronométricamente, logrando no solo recibir la participación y dar a conocer tendencias en horas tempranas, sino que 27 horas después del cierre de casillas, se culminó con el cómputo y recuentos, que en su caso, hubo en los 300 distritos del país, dando con ello como concluida la etapa de resultados.

Capítulo aparte merece el análisis de la participación ciudadana y su verdadero significado, pues puede tener muy diversas lecturas, según las perspectivas e intencionalidades que pueden existir detrás del análisis que se emprenda.

Todo empezó en el otoño de 2020, cuando ante el fracaso del partido oficial y del gobierno federal, al tratar de involucrar a un número suficiente de ciudadanía, para que firmara adhesiones a una propuesta de pregunta para utilizarse como eje de una consulta popular, el propio Presidente de la República, envió al senado una pregunta que más o menos estaba formulada en los siguientes términos: ¿Está de acuerdo o no con qué autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen en su caso y sancionen  la presunta comisión de delitos de los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña; antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

La pregunta propuesta por el presidente la República propició inmediatas reacciones de los más respetables juristas y expertos constitucionalistas del país, quienes coincidieron en señalar que dicha pregunta sería violatoria de los derechos humanos y, al considerarse anticonstitucional la pregunta e insistirse en consultar en esos términos, se estaba dejando de lado la presunción de inocencia y la determinaciones constitucionales acerca de cuándo y cómo se puede procesar a una persona, alejándose de  considerar los requisitos  que se requieren, y acerca de las  autoridades que conforme al recto derecho podrían intervenir.

Posteriormente, en la Suprema Corte de Justicia la Nación, se determinó que la materia de consulta solicitada por el presidente era constitucional, pero se cambió la pregunta, para evitar que se volviera un juicio sumario, dejándola en los términos que se plasmó en las papeletas utilizadas en la jornada de consulta popular, el pasado domingo.

Es digno de señalarse, que, en ese momento, ante la redacción confusa de la pregunta finalmente aprobada por la Suprema Corte, y al percatarse de lo complejo de explicar a la población objetivo, el Presidente y su partido se enfocaron en el proceso electoral en curso, retomando la consulta y su pregunta a partir de los días siguientes a las elecciones ordinarias del 6 de junio.

Al reconocer que la pregunta era difícil que la ciudadanía pudiera entenderla, empezaron sus promotores, una campaña de descalificación contra el Instituto Nacional Electoral, buscando con ello, desprestigiarlo y utilizar la consulta, como herramienta para legitimar la administración y curarse en salud ante la inminente consulta, que ya se avizoraba con baja participación.

Concomitante con la campaña de golpeteo al INE desde el centro del poder federal, utilizando recursos de origen no transparente, ni permitidos por la ley, una campaña nacional con promocionales e impresos con las fotografías de los expresidentes y con la mentira de que trataba de iniciar un juicio a los mismos que podría llevarlos a prisión.

Los visos de propaganda engañosa emprendida, para tergiversar el sentido de la pregunta redactada por la Suprema Corte, enrareció el panorama hacia el día programado para la consulta, y el debate público se polarizó entre los diversos partidos políticos, creando una perspectiva maniquea de los objetivos de la consulta.

El resultado fue la participación de 6,663,208, mexicanas y mexicanos, justamente el 7.11 % de las personas inscritas en el listado Nominal, mismo que es de 93,671,697, no son los números los que le imprimen éxito o trascendencia al ejercicio democrático emprendido, sino el hecho de que se llevó a cabo por primera vez en nuestra historia democrática y que ha llegado para quedarse el consultar a la población, que ofrece muchas áreas de oportunidad, para emprender una mejora continua del procedimiento y así reforzar el avance democratizador.

La mezquindad oficialista se hizo presente una vez que transcurrió la jornada de consulta popular, pues el partido en el poder se dedicó a descalificar y escatimar en primer lugar al Instituto Nacional Electoral, buscando magnificar cualquier incidencia de la jornada realizada y utilizando para ello las mentiras, además buscando con ello apropiarse de los resultados de la participación como si todos los electores que participaron en la consulta fueran simpatizantes de su partido, negando el esfuerzo realizado por la autoridad electoral y por la ciudadanía que capacitó y participó, cuidando y operando las mesas receptoras de consulta popular.

La lectura que hacemos a los resultados son los siguientes: la opinión altamente mayoritaria por el Sí, 97.72 % representa el sentir nacional por que no exista impunidad, ni ayer ni hoy ni mañana, ni de la izquierda, ni la derecha ni el centro, por lo que bajo ninguna circunstancia puede atribuirse como logro de ningún partido y mucho menos de ningún gobierno, este sentir ciudadano, no es de hoy, ni a partir de la consulta, es parte del hartazgo que ha llevado al electorado mexicano a explorar con tres alternancia presidenciales en el presente siglo, en busca de opciones políticas que actúen en consecuencia y resuelvan los grandes problemas nacionales.

Por qué no acudieron más personas a participar en la consulta popular; es una respuesta que tiene varias causales

La primera razón fue que; a las y los mexicanos no nos gustan las confrontaciones y divisiones maniqueas de la realidad nacional ni el golpeteo permanente, como instrumentos de proselitismo político.

Otros grandes segmentos probablemente, se percataron que se les estaba engañosamente llevando a participar por una pregunta que no venía en la papeleta y con mentiras encaminadas a que el ejercicio de consulta sirviera como instrumento para legitimar el régimen, lo que desmotivó su ímpetu de participación, esto se pone en evidencia al revisar la baja participación en las entidades del occidente y noroeste del país, principalmente.

El tercer factor más relevante que llevó a una baja participación, fue el temor valido, a la posibilidad de contagios, al conocerse que el semáforo epidemiológico del COVID-19, se encuentra al alza en la mayoría de las ciudades y entidades del país, lo cual es comprensible ante la contundencia esperable de las respuestas esperadas.

Sorprendente resulta que algunas, aunque escasas participaciones, fueron por el No, 1.55%, lo cual nos habla de segmentos del electorado que consideraron relevante expresar su no apoyo a una consulta que corre el riesgo de contribuir a profundizar fracturas y distorsiones del tejido social, lejos de inducir acciones para la unidad y armonía de las y los mexicanos.

Venturosamente, para la sociedad mexicana, esta consulta sí fue organizada por el que ha sido considerado el mejor órgano electoral del mundo, aunque exista campaña para denostarlo y disminuir su credibilidad.

¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios.

*Nepotismo, Amiguismo, Compadrazgo en Sindicatos de ¿Salud? *AMLO Ofreció Terminar la Corrupción en ese Sector…

Al perro más flaco, se le cargan más las pulgas… Larga lista de acusaciones por corruptelas, amiguismo y compadrazgos recorre el sindicalismo en el sector salud en casi todo el territorio nacional. Donde se busca, sale putrefacción, cáncer que azota a médicos, enfermeras, empleados administrativos o técnicos al servicio de la Secretaría de Salud (Ssa).

La dirigencia nacional de los trabajadores de dicho sector, que hace décadas encabeza Marco Antonio García Ayala (como sucede en otros organismos sindicales), ignora a sus representados, les escamotea sus derechos y los deja sin voz. Los convierte en meros esclavos de un caciquismo gremial corrupto que se apropia de conquistas laborales.

Las mismas quejas se escuchan en Guerrero, Oaxaca, Puebla o Sinaloa, como en cualquier entidad de México, todas coincidentes, siempre contra sus dirigentes seccionales, estatales o federales, a quienes nada les inquieta, aunque los trabajadores agraviados realicen movilizaciones y airadas protestas, porque cuentan con la protección y aval de su máximo dirigente, “Don Marco Antonio”.

Hace año y medio, precisamente el 8 de enero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía su apoyo para denunciar la corrupción en el sistema de salud. Tajante, advirtió que “Todos los servidores públicos tenemos que atender a la gente, y la gente no tiene que pagar, ni por la atención médica ni por los medicamentos”.

Terminar con la corrupción y transformar simultáneamente el sistema de salud para garantizar medicamentos y atención médica gratuita, labor diaria en la que es indispensable participen los mexicanos y el gobierno, expuso al agregar: En tiempos de transformación es natural que existan resistencias; pero debe quedar claro, el estado de bienestar quedará establecido al final de la presente administración.

En una mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el sector salud es uno de los que se recibió en peores condiciones por el grado de corrupción, la ausencia de personal médico especializado, la deficiente cobertura de medicamentos y obras de infraestructura sin concluir, entre otros problemas.

El Mandatario repuso: “El sistema de salud pública estaba en el abandono: centros de salud y hospitales sin medicamentos, sin materiales de curación, sin médicos, sin especialistas, con muy mala infraestructura, sin equipos de rayos X. Abandonado por completo”.

Por ello, la entrada en funciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el 1 de enero de ese año, implicó cuatro grandes acciones que se trabajarían a lo largo de todo el sexenio, hasta lograr la gratuidad para todos los mexicanos.

Pero en Puebla, ante las protestas de agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), se llamó al personal a tener prudencia y brindar sus servicios en medio de la contingencia por la Covid-19. De su lado, el gobernador poblano de Morena, Miguel Jerónimo Barbosa Huerta adujo en su descargo: éstas son por la renovación sindical.

En su tímida y mediocre defensa, el secretario de Salud estatal, José Antonio Martínez García, pidió a médicos y enfermeros agremiados a tal organismo gremial (SNTSA), evitaran cualquier suspensión de actividades, “pues éstas repercuten en la salud de los poblanos. Asimismo, les recomendó “no poner en riesgo sus derechos laborales”.

Pero Barbosa Huerta pronunció uno más de sus desatinos al argumentar que estaba en puerta la renovación sindical, ejercicio en el que la secretaria general del sindicato, Patricia Elizabeth Parra Maldonado, buscaba reelegirse.

Muy distante de la capacidad de liderazgo y convocatoria de su tío, Joel Ayala Almeida, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Marco Antonio García hizo lo que los gatos, defecar y esconder sus heces.

Inconformes, trabajadores afiliados a la sección XXV del SNTSA exigieron la destitución de la secretaria general, Patricia Elizabeth Parra Maldonado, quien incurrió en nepotismo, abuso de autoridad y obstaculizó el desempeño del resto de integrantes del comité al impedir el cumplimiento de sus funciones y la ocupación de las oficinas sindicales.

Karen Pérez Formacio, de la Secretaría de Organización del mismo organismo sindical, sostuvo que no se pudo interceder en casos de riesgos de trabajo, o para efectuar la entrega del bono Covid-19, desprotegiendo al trabajador.

Trabajadores de la salud entregaron un grueso expediente de irregularidades a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión de Vigilancia del Comité Estatal, órganos que debieron definir qué hacer en el tema. También pidieron un pleno, para comunicar a la plantilla laboral los detalles y limitantes a las que se han enfrentado.

Además, defendieron sus logros a pesar de la contingencia sanitaria, como los 319 movimientos, 34 cambios de rama, 106 cambios de adscripción y 93 movimientos de apoyos a familiares de trabajadores afectados por Covid-19 y, sobre todo, el descartar actos de corrupción.

O cuando decenas de trabajadores del Centro de Salud de Santa Rosa en Mérida, Yucatán, hicieron el 5 de marzo un paro de brazos caídos, en protesta por “irregularidades en el proceso de vacunación contra Covid-19”.

Peor aún, cuando manifestantes fueron a la sede de la Sección 67 del SNTSA, para acusar que el Centro de Salud de Santa Rosa había sido excluido de la entrega de 76 bases que quedaron vacantes por jubilaciones.

Al llegar al local sindical estaba por iniciarse una ceremonia relativa a las plazas y asignación de nuevas “claves”; pero a los trabajadores les impidieron el paso porque “solo podían entrar los empleados involucrados en los movimientos por los protocolos de salud”; y el secretario general de la Sección 67, Eulogio Piña Briceño, ofreció atenderlos después. No cumplió.

Asimismo, en el local sindical ubicado frente al Hospital Juárez del IMSS, acusaron al sindicato de entregar las bases a personas cercanas a la directiva, y no de acuerdo con la lista de prelación; porque muchos de quienes recibieron bases habían estado fuera de sus labores un año, bajo la licencia de personas en riesgo por la pandemia.

Los quejosos (quienes pidieron mantenerlos en el anonimato por temor a represalias), denunciaron que ellos han trabajado contra la pandemia; incluso, se han enfermado y los han movido de sus unidades para apoyar en hospitales saturados y en ambulancias de traslado; sin embargo, ninguno fue considerado para la basificación.

“Somos gente con muchos años de contrato, y sólo nos dijeron que para que recibamos nuestra base teníamos que tener familiares basificados. Pero quienes recibieron sus bases carecen de familiares y tienen menos tiempo que nosotros trabajando”.

En Escuinapa, Sinaloa, otra movilización laboral ha sido una constante desde hace años, y es que trabajadores del Hospital General acusan a la dirigente sindical Arcelia Prado Estrada, de sólo beneficiar a compadres y amigos con las plazas de base, al pasar por encima de los derechos de los empleados sindicalizados.

También hay denuncias contra Rigoberto Machado, secretario general de la Sección 52 del SNTSA, quien comete nepotismo. Mediante un desplegado se exhibieron nombres y sueldos de sus familiares que trabajan en la Secretaría de Salud. El “Rigo”, quiso deslindarse al asegurar que: sólo eran estrategias para desacreditarlo ante la cercanía para renovar la dirigencia sindical.

Los años pasan y prevalece la misma situación. Machado trafica con influencias, como su basificado hijo, Édgar Estali Machado Pizano. Además, desvía recursos de las arcas del sindicato en beneficio propio. Y se publicaron nombres, puesto, sueldo y parentesco de otros familiares del dirigente sindical. ¿No son estas condiciones alarmantes, señor dirigente sindical?…

Hojas de ruta para una ciudadanía libre

Por Eduardo Trujillo

Llama la atención, a poco más de un mes de que se realizaron los comicios más grandes en este país, se mantiene una división de criterios en la interpretación de lo sucedido y de la interpretación correcta del mensaje que la jornada electoral del seis de junio representa para el futuro político del país.

En la elección se pusieron en evidencia los grandes problemas que este país requiere enfrentar con madurez y de manera asertiva, pues de la adecuada solución, depende la viabilidad futura de esta nación.

Las lecturas más comunes y erradas, son las que caen en un futurismo político, que visualizan posibilidades de acomodo de piezas y tendencias partidistas y grupales e inmediatamente dan por sentado que, al electorado se le puede moldear para que produzca en el futuro próximo un resultado en urnas, que ratifique el pronóstico o apuesta.

Nada más alejado de la realidad, pues la preocupación más arraigada entre la ciudadanía, no es quien o quienes van a gobernar este país a partir de 2024, preocupa, y ocupa más el tiempo de la ciudanía y sus pensamientos, encontrar la fórmula que haga posible una madurez del estado mexicano, que  permita su vigencia y alcance en todo el territorio del país para que ya no existan espacios del país en donde el estado mexicano, no existe como factor de poder capaz dar vigencia e imperio a la constitución y las leyes mexicanas.

Mientras se vieron campañas electorales con candidatas y candidatos, buscando ganar simpatías recurriendo a recursos circenses, o entonando canciones, otros moviéndose grotescamente al ritmo de alguna melodía, sin presentar propuestas o proyectos para resolver problemáticas sensibles para el electorado.

También se vieron acciones intimidatorias y encaminadas a inhibir la pluralidad política, en amplios territorios del país, mediante el uso de la violencia, que en algunos casos llegaron quitar la vida a algunos candidatos.

Esta última modalidad de incidencia en las elecciones, es una manipulación encaminada a reducir la oferta política y de esa manera favorecer la opción que esos grupos violentos desean, afectando la voluntad popular.

La democracia para sobrevivir requiere como piso, la vigencia operativa del entramado de leyes que el estado de derecho posibilita, las reglas de convivencia política y la certeza de que nadie es, ni puede ser impune ante la aplicación de la ley.

No solo se vivió un proceso electoral políticamente complicado, sino que fue evidente, la poca capacidad de acción y maniobra de los órganos responsables de la seguridad pública, para garantizar comicios sin el temor de la violencia y la intromisión de poderes facticos, que buscaron intimidar a la población y a quienes aspiraban a obtener cargos de elección popular.

¿Cómo iba a ser posible la seguridad, a partir del Estado si, incluso, en algunos casos emblemáticos (Guerrero), desde el poder público- o por lo menos con su complacencia- se utilizaron practicas violentas e intimidatorias contra candidatos y autoridades electorales?

Las elecciones constituyen un procedimiento, civilizatorio que muestra la ruta para dirimir las diferencias políticas, con métodos pacíficos, sin embargo, esta vía parece que fue circunstancialmente, despreciada, desde el centro del poder público.

La jornada electoral transcurrió y se ejecutó con altos estándares de calidad, gracias al compromiso adquirido por la ciudadanía que se involucró decididamente en la organización, realización y observación de los comicios y de la mano con la autoridad electoral, realizó su mejor esfuerzo.  

Lo lamentable fue que las pulsiones autoritarias se hicieron sentir y el poder público estiró con su injerencia, la liga al máximo, y con ello lastimó el equilibrio de los comicios, con narrativas de descalificación previa de la autoridad electoral, y un constante bombardeo mediático desde el púlpito mañanero dedicado casi de manera exclusiva a favorecer al partido gobernante.

La población que ejerció su derecho al sufragio, lo hizo con mucho asertividad, pese a las precarias ofertas electorales.

Lo anterior nos muestra una población electora, en franco proceso encaminado hacia la madurez política.

Al parecer la población votante en cada elección se informa más, y lentamente está dejando de ser tan vulnerable a las acciones de compra y coacción, día a día se incrementa la confianza ciudadana en la autoridad electoral, y esto, a pesar de la campaña insidiosa de desprestigio en su contra, emprendida por el partido oficial.

Fue palmario el desprecio oficial a la voluntad popular y el esfuerzo de millones de ciudadanos que cuidaron las casillas en todo el país, al descalificar de antemano su actuación, en previsión de una probable derrota electoral, pero la reacción ciudadana llevó a las urnas a casi 10 % más votantes que los que participaron en la elección intermedia anterior (2015) -ver gráfico-, con lo cual la propia ciudadanía, desactivó el efecto del odio.

Hoy el escenario post-electoral, nos arroja tres fenómenos que requieren ser analizados profundamente y además ser debatidos ampliamente por la población, para así, determinar el tipo de gobierno y gobernantes que el país necesita.

El primer fenómeno post-electoral que saltó a la vista fue el desprecio oficialista a la clase media, sorprende pues la clase media en nuestro país, solamente representa el 12% de población, las democracias más estables del planeta, se caracterizan por tener clases medias robustas, amplias y consolidadas. Ampliar la clase media, es una tarea urgente en México y debe ser una meta primordial de cualquier gobierno en una democracia y no su destrucción o transformación, como al parecer se pretende hacer.

El segundo fenómeno post-electoral, se percibe una pasividad oficial ante un crecimiento de la inseguridad y la violencia proveniente de grupos organizados para delinquir, que cada vez controlan más y más territorios, en los cuales se han convertido en poder paralelo al Estado, y cobran tributos e imponen gabelas, a las actividades productivas de particulares, en los territorios que controlan, casos hay en los cuales ellos imparten “justicia” y determinan “castigos”, amén de apropiarse del control del presupuesto de los ayuntamientos mediante la coacción e intimidación de las autoridades municipales.

El tercer fenómeno post-electoral lo constituye la campaña oficializada e instituida en las “mañaneras” que se dedica a combatir la libertad de expresión y a etiquetar como enemigos del régimen, a las voces disidentes que ejercen la libertad de prensa, con una visión distinta a la versión oficial.

Según la organización reporteros sin fronteras, México ocupa el lugar 143 de 180 en el ranking de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Los tres temas constituyen auténticas alertas y llamado general para entender que las libertades personales pudieran estar amenazadas en un futuro cercano, en este país.

Entendamos que ya casi estamos al límite, pero aun a tiempo para tomar la ruta correcta y empezar a construir la sociedad deseada por casi todas las personas.

¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios.

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