- Así lo comentó la presidenta del Poder Judicial al hacer entrega de su Informe de Actividades al gobernador del estado en el auditorio Rey Nayar, después de cumplir con el mandato constitucional de hacer lo mismo en el Congreso del Estado
Por Argimiro León
En compañía de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, así como de juezas y jueces de primera instancia, la magistrada presidenta Aracely Avalos Lemus entregó al Congreso del Estado el informe de labores 2023-2024 del Poder Judicial de Nayarit, y en posterior acto de socialización, en presencia del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y la Presidenta del Sistema DIF Nayarit, doctora Beatriz Estrada Martínez, entre otros invitados, presentó un resumen de las actividades correspondientes.
Dicho acto se efectuó en el auditorio Rey Nayar de la sede judicial, donde la magistrada Avalos Lemus destacó que con la colaboración de las 1087 servidoras y servidores judiciales, y con apoyo en la coordinación con los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, “el Poder Judicial de Nayarit dio un importante paso en el ejercicio de la función jurisdiccional, asumiendo retos y compromisos que han permitido consumar una nueva era de justicia, una justicia con rostro humano, que nos ha posicionado a un año de distancia como una institución transparente, confiable, garante del acceso a la tutela judicial efectiva, a la altura de la expectativa social de las y los nayaritas”.
En cuanto al producto de la coordinación interinstitucional, mencionó el apoyo presupuestario del Poder Ejecutivo para un incremento del 10 por ciento a las percepciones de personal administrativo, actuarios y notificadores; la inauguración de ampliaciones del Centro Regional de Justicia Penal de Tepic y las nuevas instalaciones del Tribunal Laboral con sede en Bahía de Banderas.
Y respecto a la coordinación con el DIF estatal, ejemplificó la instalación en el exterior de su edificio sede del Juzgado Integral de la Familia, que permitirá concentrar en un solo juzgado todos los asuntos de niñas, niños y adolescentes bajo tutela del Estado para su atención y seguimiento, que favorezca su desarrollo y bienestar integral.