Por Carlos Hartig
Tepic.- La formación de nuevos profesionales de la salud en Nayarit a pesar de las constantes narrativas y directrices del gobierno federal que urgen de manera prioritaria a la cobertura médica total en los rincones más vulnerables de la República, las universidades públicas del estado topan de frente con una pared logística insalvable que contradice el discurso oficial. La raíz de esta crisis no reside en una falta de vocación, voluntad o interés por parte de la juventud nayarita, sino en un severo y crónico estrangulamiento en la asignación de los denominados «campos clínicos» —es decir, aquellos espacios hospitalarios con validez normativa e institucional indispensables para que los alumnos realicen sus internados de pregrado y residencias de especialidad—. Este cuello de botella, combinado con un repliegue forzado y preventivo de la academia en las regiones rurales de la entidad, ha transformado el histórico y noble servicio social en una actividad de altísimo riesgo. Desde hace un lustro, la presencia y el control territorial de la delincuencia organizada han obligado a vetar municipios enteros de la zona serrana, privando de atención médica básica a miles de familias desprotegidas y exponiendo la alarmante vulnerabilidad del sistema educativo-sanitario actual.
La Doctora Raquel Judith Solís Canal, directora de la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), expuso detalladamente la profunda y alarmante disparidad que vive la institución entre el clamor social de miles de jóvenes por obtener un espacio en las aulas y la capacidad real de absorción que posee el sistema hospitalario del estado. Durante el último proceso de admisión para la licenciatura de Médico Cirujano, la máxima casa de estudios registró una demanda masiva que superó los 1,400 aspirantes; sin embargo, las plazas disponibles se limitaron de forma estricta y rigurosa a únicamente 160 estudiantes seleccionados. Este embudo formativo condena al rezago a más de 1,200 jóvenes cada año, quienes ven truncadas sus aspiraciones de integrarse al sector salud local. La funcionaria enfatizó que esta severa limitante no obedece en absoluto a deficiencias presupuestarias, falta de infraestructura docente o carencias académicas por parte de la UAN, ya que el programa educativo acaba de ratificar con éxito y por cuarta ocasión consecutiva su reacreditación internacional de excelencia ante el Consejo Mexicano de Acreditación de Escuelas en Salud (COMAEM). El problema radica de forma exclusiva en la saturación absoluta y la falta de cupo en los espacios físicos de práctica dentro de las clínicas y hospitales públicos autorizados en el territorio estatal.
Para intentar paliar este alarmante déficit y asegurar a toda costa que sus estudiantes cumplan con el indispensable internado de pregrado durante el quinto año y la posterior pasantía de servicio social en el sexto, la dirección de la Unidad Académica de la UAN se ha visto en la necesidad extrema de «exportar» su talento estudiantil fuera de las fronteras estatales. En la actualidad, decenas de alumnos nayaritas se ven obligados a migrar de forma temporal hacia nosocomios ubicados en entidades federativas como Chihuahua, Colima, Sinaloa y Jalisco, teniendo que competir directamente por un espacio con la demanda de las propias escuelas de medicina locales de esas regiones. Asimismo, la Doctora Solís Canal aclaró un error muy común en la percepción de la opinión pública y de las promesas políticas gubernamentales: la ampliación física de los hospitales no soluciona automáticamente el problema de fondo. Aunque el gobierno concrete y presuma proyectos de infraestructura como la ampliación de unidades médicas a 120 camas, la estricta Norma Oficial Mexicana dictamina con rigurosidad que debe asignarse un solo médico interno por cada cinco camas censables. Esta métrica regulatoria e inamovible impide legalmente que el crecimiento de la matrícula estudiantil sea proporcional a la construcción de obra pública, manteniendo el cuello de botella inalterado y obligando a una distribución equitativa pero sumamente ajustada de las plazas entre la creciente oferta de escuelas de medicina en la región.
El panorama de la salud pública estatal se torna aún más sombrío cuando la falta de infraestructura hospitalaria se cruza directamente con la delincuencia organizada y la violencia armada en las zonas marginadas. El mapa del servicio médico social y comunitario en Nayarit se ha encogido de forma dramática y acelerada en los últimos años; municipios de la zona serrana profunda y de difícil acceso geográfico como Huajicori, La Yesca y la lejana demarcación de Jesús María en el municipio Del Nayar han sido formalmente catalogados como zonas de exclusión y veto absoluto para el envío de pasantes universitarios.
Esta retirada académica forzada ha transformado radicalmente las dinámicas de supervivencia, el comportamiento y la identidad de aquellos médicos en formación que operan en zonas suburbanas o de riesgo considerado moderado. Las bitácoras internas de los nosocomios y las recomendaciones directas de las coordinaciones de enseñanza imponen ahora un estricto protocolo de «bajo perfil» o camuflaje civil para transitar por las calles nayaritas: los estudiantes tienen estrictamente prohibido portar gafetes de identificación oficiales con sus nombres en la vía pública, y se les exige retirar o guardar las batas blancas bordadas inmediatamente al salir de los inmuebles sanitarios con el objetivo de evitar ser blanco fácil de secuestros, extorsiones o asaltos por parte de células delictivas que vigilan los accesos. Como consecuencia colateral y directa de este fenómeno, las comunidades rurales históricamente marginadas han perdido el acceso permanente al beneficio del personal becario de bajo costo que sostenía sus centros de salud. Ahora, para cubrir dichas zonas de conflicto, el Estado se ve obligado a depender de la contratación exclusiva de médicos ya titulados y con cédula profesional vigente que acepten voluntariamente trasladarse a dichas demarcaciones bajo su propio riesgo y mediante honorarios considerablemente elevados, lo que agudiza de forma crítica el desabasto de personal en las clínicas de campo y perpetúa el abandono sanitario.
Finalmente, el monumental reto de abastecer de especialistas calificados al sistema de salud pública en Nayarit choca de frente con las complejas políticas de contratación del nuevo esquema centralizado IMSS-Bienestar y las duras realidades de las leyes de seguridad social vigentes en el país. Si bien la UAN reporta una saturación absoluta en sus hospitales escuela para el ciclo de residencias que arranca anualmente en el mes de marzo —con la incorporación total de 100 nuevos médicos residentes enfocados en las especialidades básicas—, el verdadero problema estructural radica en la nula retención de este talento humano una vez que obtienen su título de especialidad. La Doctora Solís Canal apuntó con lucidez que el reclutamiento institucional a largo plazo peligra gravemente debido a que las nuevas generaciones de médicos ingresan al mercado laboral formal bajo el desfavorecedor Régimen de la Ley del Seguro Social de 1997. Al depender exclusivamente del saldo acumulado en sus cuentas individuales de Afore y carecer por completo de los atractivos e históricos esquemas de jubilación dinámica, pensiones vitalicias e incentivos habitacionales del pasado, las plazas del sector público resultan sumamente poco competitivas y atractivas frente a las elevadas ganancias económicas de la práctica médica privada o la inminente migración laboral hacia estados del norte o el extranjero que ofrecen mejores tabuladores salariales y condiciones de vida más seguras.