Ciudad de México.- A esto se suma la difusión de videos en los que se le muestra en una relación cercana con el proveedor de insumos electorales Alfredo Hernández. Hernández es dueño de empresas que, tan solo en 2024, recibieron contratos por 198 millones de pesos en el INE.
Debido a que Taddei estuvo en el cargo tres años con seis meses, la Constitución marca que se elegirá un sustituto para que concluya el encargo, si la o el presidente del INE han ostentado el puesto menos de seis años.
Mientras la Cámara de Diputados nombra al sustituto o sustituta, las diez consejerías restantes podrían elegir un interino por mayoría de votos, tal como ocurrió en 2013, previo al nacimiento del INE, cuando el Consejo General se quedó sin presidencia y con tan solo cuatro consejerías.
La forma en que el Instituto Nacional Electoral y varios organismos electorales estatales han gastado recursos públicos está bajo la lupa.
El viernes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio por posibles irregularidades en la entrega de contratos, conflictos de interés y movimientos de dinero que podrían involucrar tanto a funcionarios como a empresas privadas.
La ASF informó que decidió intervenir por cuenta propia, luego de reunir indicios de que algunas contrataciones pudieron realizarse mediante acuerdos indebidos entre proveedores, además de posibles triangulaciones de recursos públicos.
Las investigaciones no se limitarán al INE; también alcanzarán a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como a servidores públicos, empresarios y proveedores que pudieran estar relacionados con estas operaciones.
De acuerdo con la Auditoría, ya existen elementos que hacen sospechar que no todo se hizo conforme a las reglas en determinadas compras y contrataciones. En el caso aparecen dos empresas: Corporativo ZEG y Cajas Graf, cuyos contratos con el organismo electoral han levantado cuestionamientos.
Según los señalamientos, antiguos colaboradores cercanos a la presidencia del INE aparecieron como representantes legales de estas compañías, que fueron incorporadas al padrón de proveedores del instituto apenas unas semanas después del cambio en la presidencia del Consejo General.
Las sospechas aumentaron porque ambas firmas ya contaban con antecedentes de investigaciones ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones irregulares. Además, en 2024 se abrió una investigación ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por posibles prácticas monopólicas. © 2026 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.