Por Carlos Hartig
Las carreteras de México se han transformado en un auténtico e insostenible escenario de guerra, extorsión y zozobra constante para el autotransporte de carga en todo el territorio nacional. En el marco de una contundente e histórica jornada de protesta que paralizó estratégicamente y movilizó al sector en las 32 entidades federativas del país, la Organización Integradora de Derechos Convencionales A.C. (INDECO) lanzó un enérgico y categórico reclamo al Gobierno Federal para exigir el cese inmediato de la sangría humana y económica que sufren diariamente miles de operadores en los tramos carreteros federales. La dirigencia advirtió que la inacción de las autoridades ha convertido las vías de comunicación en arterias de alto riesgo que comprometen severamente el abastecimiento nacional.
En entrevista exclusiva para este medio de comunicación, Adalberto Gutiérrez Muñoz, Presidente Nacional de la Organización Integradora de Derechos Convencionales A.C. (INDECO), exigió con firmeza la instalación formal e inmediata de una mesa de trabajo de carácter urgente y estrictamente resolutivo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, advirtiendo de manera tajante que el gremio no tolerará una sola simulación institucional más. El líder acusó duramente que los encuentros y reuniones previas sostenidos tanto con la Secretaría de Gobernación como con mandos de la Guardia Nacional han resultado en un rotundo e inútil fracaso, reduciéndose a meras minutas de trabajo firmadas que no logran resolver ni siquiera el 10% de las peticiones esenciales presentadas por los trabajadores del volante. «Ya no estamos dispuestos a acudir a mesas donde solo nos escuchen para tomar la foto y llenar expedientes; el país depende por completo del autotransporte porque somos el eslabón de la cadena productiva, y no vamos a permitir que sigan ignorando esta emergencia», sentenció con total severidad.
Las desgarradoras cifras oficiales expuestas por la dirigencia de INDECO revelan la magnitud de la crisis de violencia criminal que asola impunemente a las vías generales de comunicación del país: tan solo en lo que va del presente año 2026, se han registrado de forma oficial más de 1,800 asaltos a mano armada contra unidades de transporte de carga y se contabiliza la trágica pérdida de vida de al menos 16 conductores a manos de grupos delictivos. Gutiérrez Muñoz remarcó que, a excepción de contadas entidades con relativo clima de seguridad como Nayarit y Durango, rutas prioritarias localizadas en el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato y el estratégico corredor del Arco Norte, se han consolidado como verdaderas franjas de la muerte donde los operadores son brutalmente golpeados, secuestrados y asesinados día con día ante la mirada permisiva de los cuerpos de seguridad pública.
A la imparable espiral de homicidios y atraco violento de mercancías se suma la constante asfixia económica que representa el cobro desproporcionado e injustificado de tarifas de peaje sobre una infraestructura vial profundamente deteriorada y en pésimas condiciones físicas. El presidente de INDECO calificó esta situación como una extorsión institucionalizada, ofreciendo como prueba de esta disparidad la ruta Tepic-Guadalajara, en donde un camión de carga consume aproximadamente entre 4,000 y 4,500 pesos de combustible diésel, mientras que el desembolso obligatorio en casetas de peaje asciende a los 3,200 pesos. Esta desproporción implica que las empresas y transportistas independientes destinan prácticamente una tercera parte del gasto de combustible únicamente para pagar peajes por el derecho a transitar sobre autopistas agrietadas, peligrosas y carentes de todo mantenimiento en estados como Sinaloa, Zacatecas y el propio Arco Norte.
La severa denuncia del gremio escaló al señalar abiertamente la complicidad y el acoso sistemático de corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, así como los graves esquemas de chantaje ejecutados por autoridades federales en las carreteras. Gutiérrez Muñoz denunció puntualmente que los retenes e inspecciones arbitrarias instalados en tramos carreteros por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) no cumplen ninguna función de inteligencia o combate al delito, sino que operan descaradamente como impunes focos de corrupción y extorsión económica en contra de los chóferes y de la ciudadanía en general. Esta asfixia operativa e institucional se agrava aún más ante la abierta amenaza gubernamental de eliminar los incentivos fiscales que históricamente han permitido amortiguar los exorbitantes costos de mantenimiento y operación del sector.
Finalmente, la cúpula directiva de INDECO advirtió con contundencia que la insensibilidad e indiferencia del Gobierno Federal está provocando una desbandada masiva de conductores que abandonan el oficio por temor a perder la vida en la carretera, lo que agudiza el severo déficit de operadores en la República Mexicana y pone en jaque la logística de distribución nacional. Adalberto Gutiérrez Muñoz fue tajante al declarar que las acciones de protesta pacífica iniciadas en las 32 entidades del país no se detendrán e irán incrementando su intensidad hasta que se entablen mesas de trabajo con capacidad ejecutiva real, se ponga alto a las extorsiones oficiales en los retenes y el Estado mexicano garantice de manera efectiva la seguridad, integridad y vida de los trabajadores del transporte de carga.