- Las magistradas Aracely Avalos Lemus, Rocío Esther González García y Zaira Rivera Véliz, integrantes del Comité de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, elaboraron el proyecto de Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en el Poder Judicial
Por Argimiro León
Al interior del Poder Judicial de Nayarit se elaboraron dos proyectos de protocolo de actuación tanto para prevenir y erradicar conductas indebidas del personal como para contribuir a la disminución de las condiciones que motivaron la Alerta de Violencia de Género en nuestro estado. En la segunda sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que preside el magistrado Ismael González Parra, se dio a conocer la recepción de los mencionados proyectos, uno presentado por las tres Magistradas y otro, que es iniciativa de un Magistrado del propio órgano jurisdiccional.
Las magistradas Aracely Avalos Lemus, Rocío Esther González García y Zaira Rivera Véliz, integrantes del Comité de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, elaboraron el proyecto de Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en el Poder Judicial del Estado de Nayarit.
A su vez, el magistrado Francisco Javier Rivera Casillas, de la Segunda Sala Unitaria, es el autor de la iniciativa de Protocolo de actuación en materia de discriminación y violencia de género del Poder Judicial.
Ambas propuestas serán enlistadas para su análisis y discusión en próxima sesión extraordinaria de los Plenos del Tribunal Superior y el Consejo de la Judicatura. Cabe señalar que en la sesión ordinaria de esta fecha también se presentaron los informes de las Salas y la Unidad de Amparos del Tribunal, correspondientes al trimestre enero-marzo de 2022.
Cabe mencionar al mismo tiempo que un Tribunal de Enjuiciamiento conformado por Jueces del Poder Judicial de Nayarit impuso fuerte condena al imputado Miguel Ángel «N» por privar de la libertad a un menor de edad y abusar sexualmente de él en junio de 2020.
En audiencia pública celebrada en la Sala de Ejecución de Sanciones Penales y tras considerar acreditada la acusación del Ministerio Público contra dicha persona, el Tribunal la condenó a cuarenta años de prisión, a cubrir una multa de mil días de UMA’s y la reparación del daño a la víctima. La sentencia dictada dentro de la causa penal 868/2020 puede ser apelada mediante los recursos legales correspondientes.
