La corrupción no se acabará por decreto

Por: Mario Ruiz Redondo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido reiterativo en afirmar que la “corrupción y el bandidaje oficial”, se acabó. Incluso hasta ha llegado a sacar un pañuelo blanco, como señal de limpieza en el gobierno de la 4ª Transformación.

Ocurriría por la mañana del martes 28 de enero, lo insólito en el Reclusorio Sur de la ciudad de México, bajo responsabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, que subrayaría una realidad irrebatible, que evidenciaría que los actos de deshonestidad no se terminan por decreto, al registrarse la fuga de tres capos claves y extraditables del cártel de Sinaloa, por la puerta principal y a bordo de un vehículo oficial.

La enésima falla que pone en duda la capacidad de la funcionaria, como responsable principal de la capital del país, a la que el Jefe del Ejecutivo Federal vuelve a proteger, al externarle nuevamente su voto de confianza, argumentando que “el dinero es la mamá y la papá del diablo.

De nuevo la búsqueda de distractores, al manifestar que se tiene que hacer la investigación “para evitar que esto siga sucediendo, y también ver los lo de los amparos donde se impide que puedan ser trasladados reos de un penal a otro, de cárceles estatales a federales, de jueces que dan estos amparos”.

Vendría el dedo acusador, sin esperar el avance de las investigaciones, adelantando como todo un experto, que tuvo que haber complicidad de custodios, de los encargados del reclusorio, pero sin ir más arriba, dejándolos como en todas las etapas de la historia del poder en México, en calidad de “chivos expiatorios”.

Transformado en todo un experto en fugas de penales, diría: “Según los informes salieron 40, 50 minutos antes de que se pasara la lista. Pasaron como por cinco supuestos filtros y está muy raro eso”.

Revés a la convicción del Primer Mandatario, al equivocarse de la realidad que se vive en el mundo aparte del sistema penitenciario nacional, que demuestra con lo acontecido, que la corrupción está presente dentro y fuera, así sea de las llamadas “cárceles de alta seguridad”, que en pasado y ahora mismo, son terrenos bajo control total del crimen organizado en contubernio con la delincuencia oficializada, enquistada en todos los niveles de gobierno.

Por supuesto que en este caso hubo complicidad al más alto nivel, pues de otra manera no se habría realizado, como también se daría en el gobierno del panista Vicente Fox Quesada (2000-2006), que a los pocos días de haber iniciado su mandato (19 de enero de 2001), se fugaría del penal de Puente Grande, en el estado de Jalisco, el todopoderoso jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín “el chapo” Guzmán Loera, dentro de un carro de lavandería.
Personaje central para la apología del delito mundial, auspiciado por los consumidores estadounidenses, pero sobre todo de la corrupción gubernamental en nuestro país, a partir de su arresto en los límites con Guatemala, el 9 de junio de 1993.

Después de su primer escape, ocho años después es recapturado, después de disfrutar de la protección de Fox Quesada y del también blanquiazul, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, así como dos años de la Administración de Enrique Peña Nieto, que ordena su recaptura, bajo presión de Washington, que envía agentes de su Agencia antidrogas (DEA), para que de manera conjunta lo arresten en Mazatlán, el 22 de febrero de 2014.

El 11 de julio de 2015, “el chapo” Guzmán Loera demostraría de nuevo como con su inmenso poder corruptor, volvería a escapar, esta vez del penal del Altiplano, en el estado de México, utilizando un túnel de más de un kilómetro, que conectaba a una casa construida en las inmediaciones del centro penitenciario, “sin que ninguna autoridad y menos el ejército se percatara”.

Nuevamente vendría la presión de La Casa Blanca, cuyos agentes de la DEA y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), darían seguimiento a los nexos de la actriz Kate del Castillo y del actor estadounidense Sean Penn, que se reunirían en la clandestinidad con el capo para entrevistarlo, al grado de lograr un cerco que permitiría en coordinación con fuerzas militares y civiles mexicanas, detenerlo nuevamente en Sinaloa, el 8 de enero de 2016.
Y para cerrar el círculo, el gobierno de Estados Unidos solicitaría la extradición del jefe del cártel de Sinaloa, la cual fue concedida un día antes de que Donald Trump, asumiera la Presidencia en enero de 2017, para ser juzgado en Nueva York, donde sería sentenciado a cadena perpetua, en julio de 2019.

Esta vez, los prominentes integrantes del cártel de Sinaloa, prófugos de la justicia desde el martes 28 de enero, por obra y gracia de la corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tenían solicitud de extradición de Washington, para ser juzgados y condenados en sus tribunales de justicia, lo cual, por lo pronto ha dejado de ser posible.

Se trata de Víctor Manuel Félix Beltrán, conocido como “el Vic”, identificado como operador financiero de los hijos de Joaquín “el chapo” Guzmán Loera, además de Luis Fernando González Meza y Yael Osuna Navarro.  
Y por si había duda de que en su fuga de la “cárcel de seguridad” de la ciudad de México, fue resultado de todo tipo de complicidades hasta el más alto nivel, baste decir que los tres delincuentes lo hicieron a bordo de un vehículo oficial, que salió por la puerta principal del “famoso penal”.
Llega la primera versión del gobierno de Claudia Sheinbaum, del cual dependen el centro penitenciario, para respaldar el decir del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, en el sentido de que “huyeron con ayuda de varios custodios”, pretendiendo sin duda levantar la misma cortina de humo de siempre, para romper el hilo de la corrupción por lo más delgado.

Con lujo de detalles, apoyada con fotos y videos oficiales, de la camioneta oficial, color blanco y con los logos del Reclusorio Sur, a partir de su salida a las cinco de la mañana con 50 minutos, con la comisión de trasladar a un reo supuestamente enfermo y del cual no se diera el nombre, al hospital “Rubén Leñero”, distante 30 kilómetros y perteneciente al sistema de nosocomios del Gobierno capitalino.

De manera agregada, los tres presos por narcotráfico, incorporados como pasajeros cómodamente instalados en la unidad vigilada por personal armado.

Cual toda una producción hollywodense, al estilo de las series en las que los capos mexicanos de las drogas son las estrellas, sus movimientos fueron grabados por las videocámaras de seguridad, a partir del momento en que abandonan sus celdas e inician su desplazamiento hacia el vehículo que ya los esperaba.

Todos los detalles meticulosamente planeados, para pasar sin problemas cinco “filtros” de control, que para ellos estuvieron desactivados, de tal forma que su desplazamiento se hiciera sin la menor preocupación de ser sorprendidos.

Imágenes editadas previamente, para dar a conocer a los medios de comunicación, este jueves 30 de enero, todos los detalles de la fuga que pone en entredicho la versión multi reiterada por el Primer mandatario, de que en su gobierno la corrupción ha dejado de existir, y que en este caso permiten a los tres narcotraficantes del cártel de Sinaloa, sustraerse en principio de la justicia mexicana y finalmente de la petición de extradición de las autoridades estadounidenses, acusados por los delitos contra la salud (narcotráfico), y asociación delictuosa.

Víctor Manuel Félix Beltrán, había sido detenido en 2017, señalado como el principal cerebro financiero de los hijos de Guzmán Loera, considerados como los nuevos líderes del cártel de Sinaloa, una vez que “el chapo”, ha sido declarado culpable de múltiples delitos, que le han llevado a ser sentenciado a la privación de su libertad de por vida.

La compra de autoridades, seguramente el más alto costo, hizo posible que en el primer pase de lista por la mañana del martes, su inasistencia no fuese reportada, como tampoco a las siete y media de la noche.
Sería hasta las ocho de la mañana del miércoles 29, cuando los responsables del control de los reos, “se percatarían” de la ausencia de los tres reclusos, por lo que de inmediato daría comienzo del show del protocolo en caso de evasión, que establecería de inmediato el cierre de celdas, así como del cierre de accesos del Reclusorio Sur, “para buscar a los faltistas”.

La voz de alerta urgente se daría a todas las corporaciones policíacas y a la Guardia Nacional, en las entradas y salidas de la ciudad de México, desplegando grupos élite de policías fuertemente armados, en 25 puntos estratégicos de la capital nacional.

Había que hacer el espectáculo y la jefa de Gobierno tendría que hacerlo para justificar su trabajo y encubrir “las fallas” de quienes hicieron posible la huida de los delincuentes, que para entonces estaban fuera del alcance de la ley, pues su “hazaña” se consumaría más de 24 horas antes.
También en la logística mediática de cumplir con los requisitos del expediente, Claudia Sheinbaum ordenaría a su secretario de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destituir al director del centro penitenciario, Omar Tonatiuh Zamora Mendoza y todo su equipo de apoyo, “para facilitar las investigaciones”.

Por lo pronto, hemos empezado a ser testigos de la historia de siempre, de los interrogatorios de funcionarios menores y la detención de custodios supuestamente vinculados con la fuga, mientras Claudia Sheinbaum aprovecha para criticar al Poder Judicial Federal, por tener en las cárceles de la capital del país a reos de orden federales, que deberían estar recluidos en cárceles de alta seguridad.

Una situación que pone en evidencia la corrupción prevaleciente, que dio motivo en septiembre de 2019, a la fuga de 47 reos, de la cárcel de Culiacán, Sinaloa, que aprovecharon los enfrentamientos armados, durante la captura y liberación por parte del elementos Ejército Mexicano, de Ovidio Guzmán López, en la capital de la entidad.

A cuatro meses del fracaso de la acción federal, aún se siguen buscando al importante grupo de prófugos, integrados por narcotraficantes, asesinos y secuestradores, que constituyen también una asignatura pendiente para las autoridades federales y estatales.

Queda claro que el combate a la corrupción no puede sustentarse en el simple discurso, sino en resultados concretos que permitan a la sociedad nacional retornar al clima de paz y armonía perdidos.

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