noviembre 8, 2019 0 Por Redacción

Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi

  • Venta Ilegal de Armas Alemanas en México; Senado
  • Fustiga Sheinbaum a Congreso-CDMX por Ley Contra Periodistas

Por ver un árbol, olvida el bosque… En la plenaria senatorial de este martes, se exige a la Fiscalía General de la República (FGR), informe sobre la venta ilegal de armas alemanas en México; incluso, al acusar que algunas fueron utilizadas contra estudiantes de Ayotzinapa, para cometer ejecuciones extrajudiciales, masacres y desapariciones forzadas.

Mientras mucho señalan el tráfico ilegal hacia nuestro país de armamento estadounidense, hasta de alto calibre, el Senado de la República solicitó a la FGR un informe sobre las investigaciones y procesos abiertos contra responsables de la presunta venta ilegal de armas a México provenientes de Alemania.

En el dictamen aprobado por el Pleno, se recuerda que recientemente un tribunal alemán multó con 3.7 millones de euros a la empresa fabricante de armas Heckler & Koch, por el envío ilegal de armas a México, entre 2006 y 2009, y por violar las leyes de ese país sobre Control de Armamento Bélico y de Transacciones Internacionales.

El 15 de mayo de 2018, el fiscal Karheinz Erkert determinó que los acusados vendieron alrededor de 4 mil 700 fusiles, además de enviar ametralladoras y municiones a zonas con problemas de violencia y narcotráfico en México, como Guerrero, Jalisco, Chiapas y Chihuahua.

En este contexto, se indica que los niveles de violencia, tráfico y comercio de armas están íntimamente relacionados con los altos índices de inseguridad que enfrenta el país, lo que ha ocasionado una crisis estructural de violencia y de derechos humanos.

Urge fortalecer los controles que transparenten, registren, vigilen y den seguimiento al uso final de las armas importadas, con el objetivo de evitar que recaigan en manos de unidades policiales o militares vinculadas con graves violaciones de derechos humanos y que, posiblemente, estén relacionados con grupos criminales.

La senadora morenista Nestora Salgado recordó que esas investigaciones revelaron cómo algunas de esas armas alemanas fueron usadas por las policías locales mexicanas en diversas acciones de represión, como el enfrentamiento contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

También fueron utilizadas para cometer delitos graves, como ejecuciones extrajudiciales, masacres y desapariciones forzadas. Por ello, la legisladora de Morena consideró fundamental solicitar información sobre las presuntas ventas ilegales de armas a México, provenientes de Alemania.

En tanto, la Oficina de Inteligencia Estratégica e Información del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) reveló que entre 2012 y 2017 recuperó en México 98 mil 654 armas, y que 69 mil 140 armas (70 por ciento) eran de origen estadounidense.

Según el Sistema de Rastreo de Armas de Fuego de la ATF, de esas más de 98 mil armas recuperadas, 46.71 por ciento son pistolas; 31.46, rifles; 13.90, revólveres; 5.66, escopetas; y 2.23 otro tipo de armas.

Un análisis realizado en 2018 por el Center for American Progress encontró que, desde 2011 hasta 2016, el 70 por ciento de las 106 mil armas utilizadas en delitos violentos en México y recuperadas por la policía había provenido de la Unión Americana.

Según el propio centro de estudios, en Estados Unidos se origina el principal flujo de armas de fuego y municiones ilegales hacia nuestro país. Se calcula que más de 213 mil armas entran cada año a través del mercado negro a México; y entre los factores que contribuyen al aumento de la violencia en México, sobresale el desvío de armas de fuego obtenidas legalmente.

Para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), las instancias a las que se les ha vendido armamento incluyen policía estatal y ministeriales; mientras que por la parte federal estaban la Policía Federal, la FGR y órganos dependientes de la Secretaría de Gobernación.

Además, varios estados reportaron un alto porcentaje de armas extraviadas o robadas de 2010 a 2016, en comparación con el número de armas vendidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a fuerzas policiacas estatales y federales.

En Guerrero, por ejemplo, la policía dio a conocer que 20 de cada 100 armas adquiridas en ese lapso, fueron robadas o se extraviaron; Tamaulipas reportó que 11 por ciento de armas se perdieron o fueron hurtadas en dicho periodo. Y ni cómo decir: vamos a apagar la luz y que aparezcan…

¿Soterrada votación?… El pasado 26 de septiembre, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó con 51 votos a favor y una abstención del panista Federico Döring, la nueva Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico que en su artículo 5 deja un recoveco para obligar a los comunicadores a revelar sus fuentes en juicios de daño moral.

En su numeral 1 establece que los periodistas, al ser citados para que comparezcan como testigo en procesos jurisdiccionales o en cualquier otro seguido en forma de juicio, podrán reservarse el revelar sus fuentes de información, identificar a sus fuentes, así como excusar las respuestas que pudieran revelar la identidad de las mismas.

Pero dicha protección legal, para no revelar sus fuentes opera únicamente si son llamados como testigos; no será así si les llaman a declarar como imputados en juicios como el de daño moral, donde no queda bajo resguardo esa secrecía.

Lo más grave es que el debate entre los legisladores locales se centró en si en esa nueva legislación se debe establecer con claridad la diferencia entre lo que significa la palabra “periodista” y el “colaborador periodístico”. Incluso Jorge Gaviño acusó a los morenistas de “cuentachiles”;L cuando el tema debió centrarse en la protección de las fuentes de un comunicador.

Así las cosas, y en respuesta a que reporteras/os de la fuente encargada de cubrir las actividades del gobierno de la Ciudad de México pidieron a Claudia Sheinbaum en rueda de prensa se definiera respecto a esa nueva Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México, la jefa de gobierno anunció el 30 de octubre pasado que la devolvería al Congreso.

Enjuició al Congreso de la Ciudad por avalar una ley que “limita la libertad de expresión y la secrecía del periodista en el manejo de sus fuentes”; y se la regresó al argüir que “la libertad de expresión y el ejercicio periodístico son asuntos de principios”. Así, descalificó lo que la bancada de Morena argumentó en tribuna. Si quieres pan, busca un panadero; si hablas de periodismo, busca comunicadores…