Por Carlos Hartig
Tepic. – En medio del bullicio político y las pasarelas de figuras consagradas que disputan la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Morena, emerge una voz que busca romper el molde tradicional del poder en el estado. El licenciado Flavio Aranda González, militante y fundador del partido, ha levantado la mano como aspirante al cargo, no desde los grandes templetes legislativos ni con el respaldo de millonarias prerrogativas, sino desde el corazón de las casas ejidales y con una premisa clara: devolverle el protagonismo al pueblo y demostrar que cualquier ciudadano tiene el derecho constitucional y la capacidad de participar en las decisiones de su país. Su postulación representa una bocanada de aire fresco en un panorama local saturado por discursos homogéneos, planteando una alternativa real que cuestiona las dinámicas internas de selección y propone un retorno urgente a los ideales que originalmente fundaron el movimiento de regeneración nacional.
Aranda González, quien obtuvo su nombramiento como aspirante vía internet tras cumplir con todos los requisitos de la convocatoria nacional, puntualiza que su decisión de participar no es un acto improvisado, sino la materialización de los principios de la universidad, institución que, afirma, dota a los ciudadanos de los conocimientos y el valor civil necesarios para incidir de manera directa en la vida pública. A diferencia de otros contendientes que han optado por las grandes urbes o por un despliegue de recursos económicos en zonas densamente pobladas, su trinchera de difusión han sido las asambleas ejidales, un sector que considera el verdadero motor y soporte de la soberanía nacional ante cualquier crisis histórica.
«Nosotros no somos diputados federales, no somos presidentes municipales, ni tenemos compromisos con ningún grupo de poder. Nuestro único compromiso es con la gente, con el pueblo de donde salimos».
El debate sobre la equidad en la contienda interna de Morena no le es ajeno, y sus declaraciones ponen el dedo sobre la llaga de un proceso que muchos observan con recelo. Al ser cuestionado sobre las denuncias de supuestas prácticas del pasado dentro del movimiento, Aranda González se muestra firme en la necesidad de que el partido respete de manera irrestricta lo que dicta la ley y mantenga su carácter incluyente, evitando caer en los mismos vicios que prometieron erradicar. Para él, el liderazgo del estado no debe medirse por encuestas de popularidad artificiales o por la capacidad financiera de los aspirantes, sino por la aptitud real para gobernar y la solvencia moral ante la ciudadanía, factores que confía que los simpatizantes analizarán a fondo al momento de definir al próximo coordinador o coordinadora, priorizando el debate de ideas sobre el de espectaculares y bardas pintadas.
En sus recorridos por la entidad, donde prioriza el diálogo directo con los productores agrícolas y sectores marginados, la reactivación del campo y la resolución de su deuda histórica se posicionan como el eje rector de su propuesta de transformación. Asimismo, reconoce que asignaturas pendientes de gran calado en el estado, tales como el desabasto crónico de medicamentos en las clínicas rurales, el fortalecimiento de la infraestructura educativa y las carencias acumuladas en vivienda, deben ser abordadas bajo un modelo de gobierno que escuche a las universidades y se nutra de los perfiles más capacitados. Para el aspirante, la verdadera justicia social comienza garantizando el bienestar de las familias campesinas, quienes sostienen la economía alimentaria del estado, pero continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad extrema y falta de apoyos institucionales directos.
Finalmente, de cara al inminente desenlace del proceso interno, el fundador de Morena asegura que mantendrá la disciplina partidista y el apoyo a quien resulte ganador o ganadora, bajo la estricta condición de no abandonar las demandas del pueblo y mantener encendida la llama de la congruencia. Su participación no solo redefine los límites de la competencia interna, sino que establece un precedente histórico sobre cómo la ciudadanía libre puede reclamar los espacios políticos que por derecho le corresponden.