Ciudad de México.- Por primera vez en muchos sexenios de gobiernos emanados de la llamada Revolución Mexicana, se han obtenido tan malos resultados en productividad alimentaria y en cosechas deficitarias, al grado de que la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria derivada del sector primario, se encuentran en un “penoso grado de bancarrota”.
Los agravantes de este panorama en el sector productivo de alimentos y captación de divisas, derivan de una decisión del gobierno por suponer que es mejor importar volúmenes crecientes de granos básicos, como maíz, frijol, arroz y trigo, que producirlos en nuestro país.
“Esto sólo ocasiona una mayor dependencia alimentaria del exterior y pobreza en el medio rural mexicano”, afirman quienes se dedican a producir los alimentos que se consumen en México. “Para los productores mexicanos: menos apoyos institucionales y precios bajos en los sistemas de comercialización de las cosechas”, son las respuestas encubiertas de las autoridades del sector agro-alimentario.
Cada año el creciente número de productores del sector rural de nuestro país, protesta por la falta de apoyo, mientras que, en respuesta, el gobierno federal aprueba disminuciones al presupuesto para el campo y precios que no compensan los índices de inflación en diversos sectores de la economía nacional, de manera fundamental en los alimentos básicos.
Los datos sobre diferencias de recursos fiscales para el campo en el presupuesto federal, son evidentes: El Presupuesto de Egresos para 2026, fue fijado en 75 mil millones de pesos, lo que significa menos del uno por ciento del gasto público total.
Sin embargo, los programas sociales tendrán recursos fiscales por el orden de 987 mil millones de pesos. Esto equivale que el gobierno invertirá doce veces más en asistencialismo, que en apoyo del sistema alimentario del campo.
Estas enormes diferencias sociales, se implantaron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y va por el mismo sendero el periodo incipiente de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El campo mexicano fue fracturado en todos los esquemas de apoyo institucional, empezando por el financiamiento, infraestructura en manejo técnico de suelos y agua, apertura de caminos, control de avenidas hídricas durante las temporadas de lluvias y organización de productores por cultivos comerciales, como maíz, frijol, arroz y trigo; industriales, tales como café, cacao, azúcar, y una gama de hortalizas y frutales que ofrece la ecología mexicana en todos y cada uno de los estados y municipios.
La planeación del desarrollo productivo del campo mexicano en la actual administración, con toda la sabiduría que posea el señor Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Julio Berdegué Sacristán (perteneciente a una familia de excelentes economistas académicos en la UNAM, como los doctores Antonio Sacristán Colás y Emilio Sacristán Roy), no se había escuchado para nada que fuera un conocedor del campo mexicano, incluso después de haber ocupado la Subdirección General de la FAO desde la República de Chile hace pocos años.
El gobierno de AMLO prácticamente borró del mapa a todas las organizaciones de productores, hayan sido buenas, malas o peores. La actual Presidenta Sheinbaum, ha dado continuidad a las recomendaciones de López Obrador y, avanzado un periodo de 14 meses de su gestión, no existe un Plan Nacional para el Desarrollo del Campo de México.