**Pocos tienen autoridad moral para juzgar a un expresidiario, ya que éstos se ven castigados por el estigma social de haber estado en la cárcel, lo que los convierte en personas señaladas
Un día antes de la nochebuena, es decir el pasado 23 de diciembre, como parte de las gestiones realizadas por la presidenta del Sistema DIF Nayarit, doctora Beatriz Estrada Martínez en materia de procuración de justicia y legalidad, y con el apoyo de su esposo, el gobernador del estado Miguel Ángel Navarro Quintero, 17 personas que se encontraban recluidas en diferentes centros penitenciarios cumpliendo sus procesos jurídicos, obtuvieron su libertad anticipada.
El discurso del jefe del poder ejecutivo fue emotivo y exonerante de lo hecho por los liberados, es decir de los delitos que los llevó a purgar una condena privados de su libertad.
Pero como en el caso de personas que han estado encarceladas, y que luego regresan a la vida libre, su integración, también llamada reinserción social, es sumamente difícil, el gobernante nayarita les entregó a cada uno de los liberados con anticipación, la cantidad de 20 mil pesos, para que empezaran una actividad en donde nadie les pudiera coartar su derecho a trabajar.
Y es que amigos y amigas, la exclusión social además del contexto de oportunidades limitadas que las personas privadas de su libertad pueden vivir al momento de su liberación, son muy frecuentes.
Las dinámicas de exclusión suelen ser un problema al que se enfrentan constantemente y que pueden ir desde la ausencia de documentos oficiales, hasta sus relaciones familiares y su interacción social. Algunos de los problemas a los que se enfrenta esta población al ser liberada son la estigmatización y discriminación por haber estado en un centro penitenciario.
Otra es la serie de limitaciones que surgen al no contar con un documento para comprobar su identidad, generalmente la credencial de elector, debido a que ésta pierde su vigencia por la suspensión de derechos políticos. Ante las dificultades para obtener un documento de este tipo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado para que el Estado asegure que toda persona pueda acceder a una identificación oficial, incluyendo a las personas procesadas o sentenciadas en libertad (CNDH, 2017).
Además, la condición de vulnerabilidad de las personas liberadas se agudiza cuando los lazos familiares se han deteriorado. Ello puede tener implicaciones tan inmediatas como el no contar con recursos para trasladarse, consumir alimentos o para tener un lugar de alojamiento. Para las personas liberadas que se encuentran en estas condiciones esto se convierte en una limitación de oportunidades para acceder al derecho de una vida digna.
También existe un segmento de personas liberadas que se encuentran en riesgo de situación de calle, ya que dentro de la prisión pueden surgir situaciones que rompan con los círculos sociales y familiares, lo que tiende a aislarlas aún más de la sociedad a la que se pretenden integrar. Aunado a ello, debe resaltarse que un 7% de las personas privadas de su libertad no tienen expectativas de tener una vivienda al salir, y entre quienes sí tienen esta expectativa sólo el 63% indica que espera habitar su antigua vivienda, lo que arroja que el resto de las personas no esperan regresar al hogar en donde se encontraban antes de ingresar a un centro penitenciario (INEGI, 2016a).
De ahí que la población que está en riesgo de vivir en situación de calle pueda ser igual o mayor al del 7% del total de la población privada de la libertad.
En el ámbito de las relaciones sociales, las personas liberadas suelen ser estigmatizadas y llegan a vivir actos de discriminación, mismos que pueden agravarse por formar parte de algún grupo en situación de vulnerabilidad, como pertenecer a algún pueblo o comunidad indígena, tener alguna discapacidad o estar en riesgo de caer en situación de calle.
Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe desde su primer artículo cualquier forma de discriminación, estos actos se reproducen y las personas liberadas se encuentran dentro de los grupos que son frecuentemente discriminados. De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (COPRED, 2018), las personas con antecedentes penales, o que estuvieron en la cárcel, ocupan el número 16 en la lista de los 40 grupos más discriminados, situándose en las primeras posiciones la población indígena, las personas pobres, la población LGBTTTI y las personas de piel morena.
Así que cuando el gobernador NAVARRO QUINTERO, les dice que él no es nadie para hostigarlos, para reclamarles, sino que debe ser alguien que les pueda brindar en un momento, la reinserción dentro del seno familiar, dentro del seno social, el gobernador agrega que su idea es que se construya un camino para reconciliar a la sociedad y no para confrontarla.
Y claro que darles libertad anticipada y además un capital económico para que inicien su propio negocio, es a mi ver, el mejor discurso para que estas personas acepten una segunda oportunidad de vivir en paz con la sociedad…hasta mañana
