Por: Eduardo Trujillo

Hojas de ruta para una ciudadanía libre (LXXXI)

Por: Eduardo Trujillo

Johann W. Goethe

Reformar por dolo e ignorancia

Desde hace Treinta años, las elecciones ya no las organiza ningún gobierno, tampoco ningún partido político; las organizan las personas que tienen credencial para votar, otorgadas por INE, pues se hace un dobles sorteo (insaculación) por el Consejo General, en un acto totalmente público, en sesión transparente, estas personas son capacitadas para cumplir eficientemente sus funciones, que consisten en recibir, contar y computar los votos emitidos por sus vecinos y familiares que residen en la misma sección del domicilio de las y los funcionarios insaculados.

La última elección en la que el gobierno escogió las personas para atender las casillas, fue cuando la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones, no existía el INE; no había insaculación y quien organizaba borraba del padrón a las personas que no eran afines al gobierno, no había listas nominales con fotografía en las casillas, no había credencial para votar y las boletas no se imprimían en papel seguridad, las actas de escrutinio y cómputo, eran en papel simple; en ese tiempo el responsable de organizar elecciones era un encumbrado funcionario protegido por el gobierno actual, su nombre: Manuel Bartlett Díaz, hoy colabora en el gobierno de la 4T, como director de la Comisión Federal de Electricidad.

Por lo anterior es que la ley electoral mexicana, puso en manos de la ciudadanía las elecciones, creando un órgano profesionalizado y permanente, para que organizara con imparcialidad a la población y les capacitara para recibir y contar los votos de sus vecinos el día de las elecciones, que integrara un padrón confiable de ciudadanos en edad de votar y les diera una credencial infalsificable, con la cual identificarse, y evitar que votaran personas distintas al dueño de cada credencial.

De manera perversa se quiere meter en las mentes de la gente común, la idea de que el INE, es caro, porque supuestamente, se gasta el presupuesto en lujos o frivolidades, y que hace fraudes electorales; si se desmontara tanta mentira y desconfianza en las instituciones que el gobierno inventa, su costo disminuiría, porque se podría ahorrar al desaparecer esos mecanismos, y candados, que, en ningún otro lugar del mundo, se les exigen a las autoridades electorales.

El INE no es obeso, está cargado de funciones y responsabilidades, que se le van encomendando.

¿Porque hoy desde el gobierno se insiste en destruir y desprestigiar al órgano profesionalizado y permanente que organiza, sortea, capacita, credencializa y proporciona a los ciudadanos, las urnas, mamparas, documentos y materiales para recibir y contar los votos de sus propios familiares y vecinos? ¿Por qué si nunca había habido tantas alternancias como ahora que el INE está detrás de todas las elecciones y funciona muy bien, se quiere descomponerlo mediante una reforma improvisada e impulsada por fobias y resentimientos, fruto del desconocimiento, odio e inquina?

El Instituto Nacional Electoral nació con la misión de evitar que los gobiernos en funciones, de cualquier origen y color, metan sus manos en las elecciones y lo ha evitado exitosamente, de tal manera que en los últimos seis años es más probable ganar una elección, desde fuera del gobierno, que desde adentro, pues en el 65 % de las elecciones que organiza, triunfan partidos distintos al que está gobernando, se abrió en los últimos siete años, el periodo más fértil de alternancias en el poder, por medio de elecciones libres en toda la historia de este país.

El INE es una institución incómoda para todos los gobiernos, cuando ellos quieren usar los programas sociales para lograr simpatías electorales; es molesto cuando envía citatorios a funcionarios de los gobiernos y a candidatos y a aspirantes a cargos de elección, para que expliquen de dónde sacan fondos para dar regalos; el INE no les gusta a los políticos que actúan fuera de la ley, pues saben que si descubre los sanciona y les multa.

El INE es detestado por las personas que quieren hacer triquiñuelas y posicionar su imagen indebidamente, para así poder ganar elecciones tramposamente, y a veces lo hacen con dinero prohibido por la ley. 

¡Sí!, el INE es odiado por autoritarios y ambiciosos, así como para quienes no respetan los derechos de los demás, ni la ley, y por quienes quieren imponer su voluntad a todas las personas.

El INE es despreciado por las personas que en su ignorancia están dispuestas a vender su libertad y su conciencia, por unas monedas que quizá sean de origen ilegal.

El INE, es autónomo, no es partido político, ni sumiso a ningún gobierno, quien piense lo contrario, vive en otro planeta, ya que el INE con su trabajo, garantiza la paz social y el principio de legalidad para el acceso pacífico al poder, solo se necesita que ningún gobierno intente sacar ventajas.

La insistencia mañanera, en desprestigiar, con adjetivos a este órgano constitucionalmente autónomo, es cada vez más acentuada, y atendiendo la jerarquía de quien lo dice, parecen dichos irresponsables y con oculta intención, esas descalificaciones, son preocupación para las personas que continuamos deseando vivir en un régimen democrático, pues desde ahora se aprecia que quien descalifica, nunca aceptará un resultado electoral que no le favorezca, tal como lo ha hecho durante más de 18 años.

La obsesión mañanera por hacer un juicio sumario al Instituto Nacional Electoral, con el falso argumento de que es muy costosa su operación, parece olvidarse de cuanto han contribuido quienes durante 18 años hicieron campaña, diciendo que se hace fraude siempre y presionaron para que se establecieran procedimientos electorales complicados, barrocos, costosos y excesivos, para que nadie desconfiara, y que han encarecido nuestros procesos electorales de manera progresiva, al grado que, el resto de los países del planeta, admiran la transparencia, pulcritud y alto nivel técnico, que  tiene México con sus procedimientos de organizar la elección creíbles, confiables y  exitosas, que  todos esos países desean tener un INE.

Hemos leído y escuchado en centenares de ocasiones, que el logro más importante del actual gobierno lo constituye la erradicación de la corrupción, así lo pregona casi a diario el presidente, en su madrugador escenario de propaganda, sin embargo, el partido que lo llevó al poder es el que más viola las leyes electorales.

Los juicios sumarios que se vienen promoviendo en lo que, a veces parece, un matinal escaparate partidista, junto con la manipulación desinformada de la opinión pública, que ha devaluado el dialogo y el argumento informado y objetivo en las redes sociales, constituyen auténticas ejecuciones y fusilamientos públicos, propios de otros regímenes distintos a la democracia, que lo hacían también físicamente.

Desmontar y destruir al órgano electoral, es la ruta de la alteración de la paz pública de este país, es ahondar la animadversión social, es un juego peligroso, peor que jugar con fuego.

Las cosas, las personas, las instituciones y los proyectos se califican por sus méritos, en apegarse a sus atribuciones de ley, no por los humores que se alimentan con ocultas intenciones de beneficio partidista.

Se ha buscado amedrentar a la autoridad electoral, con múltiples declaraciones mediáticas de reformar la ley correspondiente, se ha denostado, vilipendiado, calumniado y defenestrado, hasta el cansancio a las y los consejeros electorales, por no ser abyectos y sumisos al poder. ¡Pero que quede claro! El INE solo tiene lealtad con la ley y la Constitución, no con personas, grupos o partidos; esa es la independencia e imparcialidad que no debe perder, ni debemos permitir que se le arrebate.

¿Pero de qué manera debemos pensar, cuando es oficial y gubernamental la lengua que calumnia y falta intencionalmente a la verdad, mentir es una forma de corrupción de las personas, que no debería permitirse, ¡En nadie!, mucho menos en quienes ostentan alta investiduras por cargos de elección popular.

El cerebro que maquina mentirosamente, abre la puerta para dar paso franco a bellacos y truhanes, para lograr sus propósitos oscuros, con la intención de sembrar dudas, sobre la imparcialidad, independencia y apego a la ley, o a lo que la ley ordena hacerse, no solo está destruyendo, sino que también pone en riesgo a todas las personas que prefieren la vida en legalidad.

Las blancas vestiduras de incorruptibles, con que se han arropado algunos de los miembros del partido hegemónico y el oficialismo, no logran ocultar su verdadera intención, para crear un régimen autoritario, cuando una a una, han ido cayendo en su destructiva obsesión, las instituciones que reivindican derechos humanos fundamentales y que son de corte democrático; esa destrucción compulsiva de los avances logrados por la sociedad civil del país, en los últimos, cuarenta años,  denota una finalidad oculta no democrática.

Hoy por hoy, el Instituto Nacional Electoral, con su trabajo en los últimos años, ha logrado, que lo único incierto sea, saber, quien va a ganar una elección, pues nadie puede anticipar por quién votarán en las urnas las personas, pero existe la plena certeza, de que los votos depositados en las urnas, serán respetados, contados y muy bien contados, porque los cuentan sus propios vecinos, organizados y capacitados por el INE.

Quién es capaz de creer que lo que urge en nuestro país es una reforma que destruya al INE, olvida que los problemas reales son; la impunidad, la discriminación, la inseguridad, la desigualdad y la ignorancia.

¿Urge una reforma electoral? Creo que al pueblo sabio y prudente, no le urge.

¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios.

Contacto: eduardomtrujillo59@gmail.com

¿Capricho o estrategia?

Por Eduardo Trujillo

Hay obsesiones que pueden ser entendidas por su trascendencia, otras son comprensibles por que podrían acarrear beneficios a quien se obsesiona por algo, sin embargo, existen también obsesiones incomprensibles y hasta caprichosas, que solamente la insania podría justificarlas.

En esta última categoría de obsesiones, se puede clasificar la que intenta involucrar a toda la sociedad mexicana en un debate improductivo y desgarrador de la paz social, se trata de la revocación de mandato, que a rastras pretende imponer a toda la sociedad el Presidente.

El Presidente resultó electo en 2018, para ejercer su mandato hasta el 30 de septiembre de 2024 y, nadie discute el derecho presidencial a permanecer en el cargo hasta esa fecha, independientemente de la percepción que se pueda tener acerca de la calidad de su gestión.

Sin embargo, una consulta a la población, sea consulta popular o referéndum revocatorio, constituye una excelente plataforma propagandística a favor del régimen, aunque no aporte ningún beneficio a la población, ni influya para cambiar las cosas a favor de la ciudadanía, constituyen pues ejercicios de movilización y verborrea catártica, y para estos fines es que el actual gobierno y el partido correspondiente pretenden forzar a que se lleve a cabo un ejercicio de esta naturaleza, sin importar los costos, tanto financieros como de encono social que conllevan.

¿Para qué y con qué fin, habría de convocarse a un referéndum revocatorio, cuando nadie cuestiona el derecho de continuar el actual mandato, hasta que constitucionalmente concluya, en la fecha para la cual se eligió?

¿Acaso el país se encuentra en tal abundancia de recursos económicos, que se puede dar el lujo de gastar varios cientos de millones de pesos, para determinar si el actual presidente concluye o no el periodo para el cual fue seleccionado?

¿Tal vez existirá alguna sombra oscura acerca de la legitimidad del actual Presidente, como para distraer de los grandes temas de interés nacional a la sociedad, e involucrarla en un juego de estrategia propagandística, en la cual la ciudadanía no obtendrá ninguna solución a sus problemas?

Si el actual Presidente, considera pesada la carga que actualmente le representa la presidencia, si el esfuerzo físico e intelectual, que representa terminar el mandato constitucional , y lo que se desea es ya pasar a descansar a su finca en Palenque, pues nos resulta más económico y menos complicado, que simplemente se presente la renuncia del Presidente, sin pasar por el enorme costo y la complejidad de una consulta de revocación, que podría terminar en atarlo al cargo, para que obligadamente lo termine, aun en contra de su personalísima voluntad y, quizá, necesidad física e intelectual.

¿Por qué existe ese empecinamiento en mantener a la sociedad mexicana, de manera continuada en proceso electoral permanente? ¿A qué razones obedece el capricho de mantener una movilización social interminable?

¿Será que tal vez, la población mexicana, no tiene en mente atender otros problemas urgentes y no desea se analicen y atiendan necesidades materiales, ajenas a un activismo de campaña electoral permanente, como se pretende establecer por los partidos que conforman la coalición gobernante?

¿Qué gana el pueblo mexicano destinando cientos de millones de pesos en un referendo revocatorio, si eso no le atiende la inseguridad pública, ni disminuye la mortalidad pandémica, ni proporciona medicamentos a los enfermos, tampoco se traduce en canasta básica más accesible, ni el cambio climático se ve mitigado con esos ejercicios, ni disminuyen los feminicidios, tampoco dejan de asesinar periodistas?

¿Qué caso tiene la movilización perenne de la sociedad, en eterna campaña de proselitismo para legitimar el régimen, aunque no devuelva resultados y el deterioro socioeconómico sea galopante?

El artículo 35 constitucional, establece como derecho de la ciudadanía mexicana, el de “participar en los procesos de revocación de mandato” en la fracción IX de dicho artículo  establece que el ejercicio de revocación de mandato de Presidente de la República “Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.”

Como puede verse claramente, el objetivo del legislador dio un peso importante, a la implantación territorial de alguna inconformidad ciudadana contra el desempeño de quien ostenta la titularidad de la Presidencia de la República, este requisito de por lo menos diecisiete entidades federativas, representadas en el 3 % de la lista nominal de inconformes con el desempeño presidencial, cumple con el objetivo de que este ejercicio de democracia directa, no se active caprichosamente por diferendos políticos con alguna, o algunas, de las titularidades de las gubernaturas, en manos de partidos opositores al Presidente.

Dicho lo anterior, este ejercicio de revocación de mandato, solamente debe utilizarse como una válvula de seguridad, cuando se advirtiese que la continuidad del mandatario en funciones, represente un auténtico peligro a la viabilidad futura del país y, por ende, existencia de un malestar extendido entre la población.

Además, es pertinente que se tenga presente que aún no existe una ley reglamentaria de esta actividad, lo que representa una seria limitación para su implementación el año próximo, aplicándolo a quien actualmente ocupa el Palacio Nacional.

Pero veamos detenidamente la razón por la cual, aunque se apruebe en los próximos días y semanas alguna ley reglamentaria de la revocación de mandato, resultaría sumamente cuestionable, que esta nueva regulación, pudiera ser aplicada con efectos retroactivos, a cualquier cargo que hubiese sido electo con antelación, pues en estricto sentido jurídico, la revocación de mandato, constituye una sanción para quien ostenta el cargo sujeto a referéndum.

Dicho eso; el artículo 14 constitucional, establece el principio de irretroactividad, que a la letra consiste en que “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.”, esto significa, continuando con el citado artículo que: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

En consecuencia, a lo anterior; aplicar una ley para revocar un mandato que se obtuvo en 2018, con una ley elaborada en 2021, es pretender privar de un derecho mediante un juicio viciado, pues el derecho al mandato lo adquirió el actual presidente, tres años antes de la elaboración de la ley que se pretende aplicar al juicio (aquí el referéndum revocatorio adquiere el carácter de juicio público ciudadano). La ley en cuestión solamente podrá ser aplicada a aquellos cargos que sean obtenidos en elecciones futuras, que sean posteriores a la fecha de entrada en vigor de la ley reglamentaria de la revocación de mandato, hacer cosa distinta a lo anterior, sería un atentado a la integridad constitucional y a los derechos políticos electorales de las personas que actualmente ostentan algún cargo de elección popular en nuestro país.

Desde los albores como nación independiente, en México se adoptó el principio de irretroactividad, pues quedó recogido en el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, en su artículo 19 que nadie puede ser juzgado en los estados o en los territorios de la federación, “sino por leyes dadas y tribunales establecidos antes del acto por el cual se le juzgue.

Tal parece que resulta muy rentable políticamente al gobierno federal y a su partido político, desafiar en su supuesto perjuicio, casi doscientos años de irretroactividad constitucionalmente establecida en nuestro país.

El encaprichamiento por someterse a referéndum revocatorio, constituye un reto que podrá desafiar la tradición constitucional, por tanto, la vigencia del Estado de Derecho en el territorio nacional, y una oportunidad inigualable para movilizar políticamente a la sociedad y así distraerla de las problemáticas enraizadas, que no pueden, ni quieren atender desde las altas esferas.

Le urge mucho al régimen actual, un acto masivo de legitimización, que bien puede obtener mediante la manipulación propagandística que puede otorgarle la realización de este ejercicio de democracia directa, sin importar el manoseo de estos ejercicios, ni su costo financiero.

La estrategia con la cual se ha venido impulsando la revocación de mandato, marcha al filo de la defenestración del Estado de derecho y tiene visos de perversa hambre ávida de concentración del poder.

Insensato es insistir en el capricho inconsecuente de esa movilización popular, que solo arrojará divisionismo social, derroche de escasos recursos y alimentará ambiciones de poder huecas y malsanas.

¡No a la revocación de mandato!  

Consulta y postconsulta

Por Eduardo Trujillo

En la reciente consulta popular del pasado domingo un de agosto, la primera que constitucionalmente fue organizada con toda la expertis y profesionalismo que el Instituto Nacional Electoral sabe imprimir a sus tareas y actividades; se reflejó en el despliegue de más de 57,087 mesas receptoras de voto, pero también por saber aglutinar la voluntad de  miles y miles de ciudadanas y ciudadanos (285,450) que gustosamente se unieron para formar el funcionariado que una vez capacitado por la institución, presidieron y operaron las mesas receptoras de la consulta popular y  que se ubicaron por todo el territorio nacional.

El escrupuloso apego técnico del Instituto Nacional Electoral para organizar comicios, se puso de manifiesto, lo que posibilitó la realización de una ejemplar jornada, pacífica y excelentemente organizada, con protocolos claros y robustos de bioseguridad, frente a la enfermedad pandémica de COVID-19.

Este domingo, estuvo una papeleta esperando a cada una de las personas que se encuentran inscritas en la lista nominal de electores (93,671,697), en la mesa receptora más cercana a su domicilio, con los ciudadanos funcionarios dispuestos a recibir la voluntad popular de sus vecinos y familiares, en el horario de las ocho de la mañana y hasta la seis de la tarde, para posteriormente realizar el escrutinio y cómputo de la consulta, en la mesa receptora, y proseguir con el traslado del paquete correspondiente a la sede distrital correspondiente.

Los sistemas de monitoreo y seguimiento de la consulta que el INE implementó, permitieron en el transcurso de la jornada, dar cuenta de los incidentes que se presentaron y diligentemente fueron atendidos para su solución, y permitir el flujo de votación con la mayor normalidad posible.

El conteo rápido implementado hizo posible que, en las primeras horas de la noche, el Consejero Presidente Lorenzo Córdova, diera a conocer con una precisión matemática las tendencias y el porcentaje de participación, imprimiendo mayor certeza y confiabilidad al ejercicio democrático de la consulta directa a la ciudadanía en, temas trascendentes para la sociedad mexicana.

Operativa, organizativa y logísticamente, la consulta resultó un éxito, pues las actividades y acciones se efectuaron cronométricamente, logrando no solo recibir la participación y dar a conocer tendencias en horas tempranas, sino que 27 horas después del cierre de casillas, se culminó con el cómputo y recuentos, que en su caso, hubo en los 300 distritos del país, dando con ello como concluida la etapa de resultados.

Capítulo aparte merece el análisis de la participación ciudadana y su verdadero significado, pues puede tener muy diversas lecturas, según las perspectivas e intencionalidades que pueden existir detrás del análisis que se emprenda.

Todo empezó en el otoño de 2020, cuando ante el fracaso del partido oficial y del gobierno federal, al tratar de involucrar a un número suficiente de ciudadanía, para que firmara adhesiones a una propuesta de pregunta para utilizarse como eje de una consulta popular, el propio Presidente de la República, envió al senado una pregunta que más o menos estaba formulada en los siguientes términos: ¿Está de acuerdo o no con qué autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen en su caso y sancionen  la presunta comisión de delitos de los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña; antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

La pregunta propuesta por el presidente la República propició inmediatas reacciones de los más respetables juristas y expertos constitucionalistas del país, quienes coincidieron en señalar que dicha pregunta sería violatoria de los derechos humanos y, al considerarse anticonstitucional la pregunta e insistirse en consultar en esos términos, se estaba dejando de lado la presunción de inocencia y la determinaciones constitucionales acerca de cuándo y cómo se puede procesar a una persona, alejándose de  considerar los requisitos  que se requieren, y acerca de las  autoridades que conforme al recto derecho podrían intervenir.

Posteriormente, en la Suprema Corte de Justicia la Nación, se determinó que la materia de consulta solicitada por el presidente era constitucional, pero se cambió la pregunta, para evitar que se volviera un juicio sumario, dejándola en los términos que se plasmó en las papeletas utilizadas en la jornada de consulta popular, el pasado domingo.

Es digno de señalarse, que, en ese momento, ante la redacción confusa de la pregunta finalmente aprobada por la Suprema Corte, y al percatarse de lo complejo de explicar a la población objetivo, el Presidente y su partido se enfocaron en el proceso electoral en curso, retomando la consulta y su pregunta a partir de los días siguientes a las elecciones ordinarias del 6 de junio.

Al reconocer que la pregunta era difícil que la ciudadanía pudiera entenderla, empezaron sus promotores, una campaña de descalificación contra el Instituto Nacional Electoral, buscando con ello, desprestigiarlo y utilizar la consulta, como herramienta para legitimar la administración y curarse en salud ante la inminente consulta, que ya se avizoraba con baja participación.

Concomitante con la campaña de golpeteo al INE desde el centro del poder federal, utilizando recursos de origen no transparente, ni permitidos por la ley, una campaña nacional con promocionales e impresos con las fotografías de los expresidentes y con la mentira de que trataba de iniciar un juicio a los mismos que podría llevarlos a prisión.

Los visos de propaganda engañosa emprendida, para tergiversar el sentido de la pregunta redactada por la Suprema Corte, enrareció el panorama hacia el día programado para la consulta, y el debate público se polarizó entre los diversos partidos políticos, creando una perspectiva maniquea de los objetivos de la consulta.

El resultado fue la participación de 6,663,208, mexicanas y mexicanos, justamente el 7.11 % de las personas inscritas en el listado Nominal, mismo que es de 93,671,697, no son los números los que le imprimen éxito o trascendencia al ejercicio democrático emprendido, sino el hecho de que se llevó a cabo por primera vez en nuestra historia democrática y que ha llegado para quedarse el consultar a la población, que ofrece muchas áreas de oportunidad, para emprender una mejora continua del procedimiento y así reforzar el avance democratizador.

La mezquindad oficialista se hizo presente una vez que transcurrió la jornada de consulta popular, pues el partido en el poder se dedicó a descalificar y escatimar en primer lugar al Instituto Nacional Electoral, buscando magnificar cualquier incidencia de la jornada realizada y utilizando para ello las mentiras, además buscando con ello apropiarse de los resultados de la participación como si todos los electores que participaron en la consulta fueran simpatizantes de su partido, negando el esfuerzo realizado por la autoridad electoral y por la ciudadanía que capacitó y participó, cuidando y operando las mesas receptoras de consulta popular.

La lectura que hacemos a los resultados son los siguientes: la opinión altamente mayoritaria por el Sí, 97.72 % representa el sentir nacional por que no exista impunidad, ni ayer ni hoy ni mañana, ni de la izquierda, ni la derecha ni el centro, por lo que bajo ninguna circunstancia puede atribuirse como logro de ningún partido y mucho menos de ningún gobierno, este sentir ciudadano, no es de hoy, ni a partir de la consulta, es parte del hartazgo que ha llevado al electorado mexicano a explorar con tres alternancia presidenciales en el presente siglo, en busca de opciones políticas que actúen en consecuencia y resuelvan los grandes problemas nacionales.

Por qué no acudieron más personas a participar en la consulta popular; es una respuesta que tiene varias causales

La primera razón fue que; a las y los mexicanos no nos gustan las confrontaciones y divisiones maniqueas de la realidad nacional ni el golpeteo permanente, como instrumentos de proselitismo político.

Otros grandes segmentos probablemente, se percataron que se les estaba engañosamente llevando a participar por una pregunta que no venía en la papeleta y con mentiras encaminadas a que el ejercicio de consulta sirviera como instrumento para legitimar el régimen, lo que desmotivó su ímpetu de participación, esto se pone en evidencia al revisar la baja participación en las entidades del occidente y noroeste del país, principalmente.

El tercer factor más relevante que llevó a una baja participación, fue el temor valido, a la posibilidad de contagios, al conocerse que el semáforo epidemiológico del COVID-19, se encuentra al alza en la mayoría de las ciudades y entidades del país, lo cual es comprensible ante la contundencia esperable de las respuestas esperadas.

Sorprendente resulta que algunas, aunque escasas participaciones, fueron por el No, 1.55%, lo cual nos habla de segmentos del electorado que consideraron relevante expresar su no apoyo a una consulta que corre el riesgo de contribuir a profundizar fracturas y distorsiones del tejido social, lejos de inducir acciones para la unidad y armonía de las y los mexicanos.

Venturosamente, para la sociedad mexicana, esta consulta sí fue organizada por el que ha sido considerado el mejor órgano electoral del mundo, aunque exista campaña para denostarlo y disminuir su credibilidad.

¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios.

Hojas de ruta para una ciudadanía libre

Por Eduardo Trujillo

Llama la atención, a poco más de un mes de que se realizaron los comicios más grandes en este país, se mantiene una división de criterios en la interpretación de lo sucedido y de la interpretación correcta del mensaje que la jornada electoral del seis de junio representa para el futuro político del país.

En la elección se pusieron en evidencia los grandes problemas que este país requiere enfrentar con madurez y de manera asertiva, pues de la adecuada solución, depende la viabilidad futura de esta nación.

Las lecturas más comunes y erradas, son las que caen en un futurismo político, que visualizan posibilidades de acomodo de piezas y tendencias partidistas y grupales e inmediatamente dan por sentado que, al electorado se le puede moldear para que produzca en el futuro próximo un resultado en urnas, que ratifique el pronóstico o apuesta.

Nada más alejado de la realidad, pues la preocupación más arraigada entre la ciudadanía, no es quien o quienes van a gobernar este país a partir de 2024, preocupa, y ocupa más el tiempo de la ciudanía y sus pensamientos, encontrar la fórmula que haga posible una madurez del estado mexicano, que  permita su vigencia y alcance en todo el territorio del país para que ya no existan espacios del país en donde el estado mexicano, no existe como factor de poder capaz dar vigencia e imperio a la constitución y las leyes mexicanas.

Mientras se vieron campañas electorales con candidatas y candidatos, buscando ganar simpatías recurriendo a recursos circenses, o entonando canciones, otros moviéndose grotescamente al ritmo de alguna melodía, sin presentar propuestas o proyectos para resolver problemáticas sensibles para el electorado.

También se vieron acciones intimidatorias y encaminadas a inhibir la pluralidad política, en amplios territorios del país, mediante el uso de la violencia, que en algunos casos llegaron quitar la vida a algunos candidatos.

Esta última modalidad de incidencia en las elecciones, es una manipulación encaminada a reducir la oferta política y de esa manera favorecer la opción que esos grupos violentos desean, afectando la voluntad popular.

La democracia para sobrevivir requiere como piso, la vigencia operativa del entramado de leyes que el estado de derecho posibilita, las reglas de convivencia política y la certeza de que nadie es, ni puede ser impune ante la aplicación de la ley.

No solo se vivió un proceso electoral políticamente complicado, sino que fue evidente, la poca capacidad de acción y maniobra de los órganos responsables de la seguridad pública, para garantizar comicios sin el temor de la violencia y la intromisión de poderes facticos, que buscaron intimidar a la población y a quienes aspiraban a obtener cargos de elección popular.

¿Cómo iba a ser posible la seguridad, a partir del Estado si, incluso, en algunos casos emblemáticos (Guerrero), desde el poder público- o por lo menos con su complacencia- se utilizaron practicas violentas e intimidatorias contra candidatos y autoridades electorales?

Las elecciones constituyen un procedimiento, civilizatorio que muestra la ruta para dirimir las diferencias políticas, con métodos pacíficos, sin embargo, esta vía parece que fue circunstancialmente, despreciada, desde el centro del poder público.

La jornada electoral transcurrió y se ejecutó con altos estándares de calidad, gracias al compromiso adquirido por la ciudadanía que se involucró decididamente en la organización, realización y observación de los comicios y de la mano con la autoridad electoral, realizó su mejor esfuerzo.  

Lo lamentable fue que las pulsiones autoritarias se hicieron sentir y el poder público estiró con su injerencia, la liga al máximo, y con ello lastimó el equilibrio de los comicios, con narrativas de descalificación previa de la autoridad electoral, y un constante bombardeo mediático desde el púlpito mañanero dedicado casi de manera exclusiva a favorecer al partido gobernante.

La población que ejerció su derecho al sufragio, lo hizo con mucho asertividad, pese a las precarias ofertas electorales.

Lo anterior nos muestra una población electora, en franco proceso encaminado hacia la madurez política.

Al parecer la población votante en cada elección se informa más, y lentamente está dejando de ser tan vulnerable a las acciones de compra y coacción, día a día se incrementa la confianza ciudadana en la autoridad electoral, y esto, a pesar de la campaña insidiosa de desprestigio en su contra, emprendida por el partido oficial.

Fue palmario el desprecio oficial a la voluntad popular y el esfuerzo de millones de ciudadanos que cuidaron las casillas en todo el país, al descalificar de antemano su actuación, en previsión de una probable derrota electoral, pero la reacción ciudadana llevó a las urnas a casi 10 % más votantes que los que participaron en la elección intermedia anterior (2015) -ver gráfico-, con lo cual la propia ciudadanía, desactivó el efecto del odio.

Hoy el escenario post-electoral, nos arroja tres fenómenos que requieren ser analizados profundamente y además ser debatidos ampliamente por la población, para así, determinar el tipo de gobierno y gobernantes que el país necesita.

El primer fenómeno post-electoral que saltó a la vista fue el desprecio oficialista a la clase media, sorprende pues la clase media en nuestro país, solamente representa el 12% de población, las democracias más estables del planeta, se caracterizan por tener clases medias robustas, amplias y consolidadas. Ampliar la clase media, es una tarea urgente en México y debe ser una meta primordial de cualquier gobierno en una democracia y no su destrucción o transformación, como al parecer se pretende hacer.

El segundo fenómeno post-electoral, se percibe una pasividad oficial ante un crecimiento de la inseguridad y la violencia proveniente de grupos organizados para delinquir, que cada vez controlan más y más territorios, en los cuales se han convertido en poder paralelo al Estado, y cobran tributos e imponen gabelas, a las actividades productivas de particulares, en los territorios que controlan, casos hay en los cuales ellos imparten “justicia” y determinan “castigos”, amén de apropiarse del control del presupuesto de los ayuntamientos mediante la coacción e intimidación de las autoridades municipales.

El tercer fenómeno post-electoral lo constituye la campaña oficializada e instituida en las “mañaneras” que se dedica a combatir la libertad de expresión y a etiquetar como enemigos del régimen, a las voces disidentes que ejercen la libertad de prensa, con una visión distinta a la versión oficial.

Según la organización reporteros sin fronteras, México ocupa el lugar 143 de 180 en el ranking de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Los tres temas constituyen auténticas alertas y llamado general para entender que las libertades personales pudieran estar amenazadas en un futuro cercano, en este país.

Entendamos que ya casi estamos al límite, pero aun a tiempo para tomar la ruta correcta y empezar a construir la sociedad deseada por casi todas las personas.

¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios.

Hojas de ruta para una ciudadanía libre (LXVII)

Por: Eduardo Trujillo

“La Constitución no es un instrumento para que el gobierno controle al pueblo, es un instrumento para que el pueblo controle al gobierno, para que no venga a dominar nuestras vidas e intereses.”

Patrick Henry (revolucionario estadounidense-1736 – 1799)                                                                 

Quebranto a la Constitución

La democracia es una acción civilizatoria por excelencia, pero requiere de demócratas, políticas de Estado que crean y fortalecen instituciones y, servidores de elección popular que actúen con irrestricto apego a la Constitución y al principio de legalidad, lo más valioso y fácil de perder para una sociedad es la libertad, nada es más caro que ello, la historia nos lo demuestra.

Todos los órganos e instituciones del Estado están obligados por ley a ser eficaces, en otras palabras, servir para el propósito de su creación; cumplir plenamente sus atribuciones legales, estas atribuciones no son potestativas, no son negociables, no son capricho de nadie, se aplican simple y llanamente, de lo contrario se incurre en responsabilidades para quienes ostentan la investidura del cargo o ejercen la función, por eso es importante que no exista concentración del poder público o de las atribuciones en unas o pocas manos y, es necesario que otras instituciones sirvan de reguladoras y, sean independientes de las otras.

Es verdad que el principio de legalidad señala mediante dos criterios de orientación, la relación entre gobernantes y gobernados  y, su significancia dentro del concepto de legalidad, que posibilita limitar el abuso hacia los gobernados, por parte de sus gobernantes, hace esa distinción mediante dos indicaciones, acerca de lo que resultará prohibido en esa relación desigual, de las cuales se desprende de manera lógica, totalmente racional,  que legalidad y derecho, enmarcan cierta necesidad civilizatoria de prohibir o inhibir determinadas conductas de quienes gobiernan y excepcionalmente de los gobernados, y una de esas es no invadir atribuciones de otros poderes u órganos del Estado.

Reza el principio de legalidad que; las autoridades solo pueden hacer aquello que se encuentra expresamente permitido en la ley (lo demás está prohibido para ellos), pero para los gobernados, todo aquello que no está prohibido en la ley, les está permitido. Es pues un enfoque de ida y de regreso, de arriba abajo, por consecuencia más justo y que sustenta todo el entramado jurídico de un Estado constitucional democrático.

Cuando en un país existe concentración de atribuciones, también se concentra el poder público, por no existir auténtica división de poderes, se vuelve más susceptible a los golpes de Estado, por eso es que el fortalecimiento y consolidación de cualquier democracia, requiere como regla de sustentabilidad; una obligada desconcentración de las atribuciones del Estado en diversos órganos reguladores de las diferentes atribuciones y funciones estatales y como requisito sine qua none su independencia y autonomía.

En el siglo XXI, los golpes de Estado, ya no son asonadas con la fuerza de las armas, como en otros siglos, sino que utilizan herramientas de la propia democracia, mediante la invasión de un poder legalmente constituido, sobre los demás poderes y, la concentración subrepticia, silenciosa y paulatina de atribuciones y funciones atribuidas a otros poderes y órganos del estado, esto se ha visto en Bielorrusia, Turquía, Hungría, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Rusia, etc. países en los cuales la concentración de poder en un solo individuo, posibilitó la modificación constitucional para prolongar mandatos en el poder de manera indefinida a quienes llegaron por medio del voto democrático.

La forma de prevenir una pulsión autoritaria de consecuencias golpista, requiere fortalecimiento, vigencia, independencia y respeto de manera irrestricta de forma y fondo, a la división constitucional de los órganos y por los propios órganos que integran un Estado Nacional y, de sus funciones y atribuciones.

Por lo anterior es que resulta sorprendente, que, en nuestro país, la constitución esté siendo vulnerada de manera frecuente y con impunidad, sin que exista reacción de la ciudadanía, para parar este tipo de excesos de poder que también parece, en algunos casos, complacencia cómplice o, contubernio con la concentración de poder público, en otros casos es peligrosa indiferencia.

El papel del voto de la mayoría en las elecciones, se traduce en posibilitar de manera real y efectiva las alternancias en el poder de manera pacífica, en elecciones reales y competitivas, pero no se puede hablar de que se otorga un cheque en blanco a quien gana; la mayoría solo concede, con su voto, anuencia para sustituir al anterior gobernante, por eso es importante que las elecciones sean periódicas, además de competitivas y con arreglo a la Constitución y la ley.

Karl Popper, uno de los filósofos del pensamiento científico más prestigiados y relevantes del siglo XX, de mente muy lúcida, en su célebre texto “La sociedad abierta y sus enemigos”, nos previene de los caudillos, desde el inicio del libro cuando señala «Si queremos que nuestra civilización sobreviva, debemos romper con el hábito de reverenciar a los grandes hombres” pues muestra como en el pasado muchos  de ellos no fueron partidarios de las libertades y a lo largo del mismo nos muestra los riesgos del totalitarismo y de los falsos profetas que atacan la libertad y la razón.

Las leyes que los Estados Constitucionales democráticos vienen construyendo desde épocas pretéritas, pero significativamente a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de corte democrático y a partir de entonces, se dio pie a un piso mínimo necesario, de límites a los gobiernos y a quienes ostentan los poderes públicos, para la creación de leyes racionales, objetivas y respetuosas de la dignidad y de la persona humana.

Si nuestra Constitución señala en el artículo 49 que “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo…” ¿Cómo se debe de interpretar cuando el poder ejecutivo ordena al poder legislativo, que no le muevan ni una coma a la iniciativa de ley que envía?

¿Qué reflexión tenemos que hacer cuando el poder legislativo, mediante un escondido artículo transitorio de una iniciativa de ley secundaria, pretende prorrogar más años un mandato para el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación y de los Consejeros de la Judicatura Federal? cuando el artículo 97 de la Constitución dice sobre la Corte: “cada cuatro años  el pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para un período inmediato posterior.”

Por otro lado, el articulo 100 respecto a los consejeros de la judicatura, dice que “durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.”

La cámara de senadores está atribuyéndose funciones que corresponden a otro poder, el poder ejecutivo le da órdenes a la cámara de diputados que es parte de otro poder, el ejecutivo exige al poder judicial que investigue a un juez por el solo hecho conceder amparos contra la reforma sobre la Ley de la Industria Eléctrica ejerciendo así, intromisión fuera de sus atribuciones, y ahora se envía una iniciativa de La ley de datos biométricos para líneas móviles, que se apropiara de información sensible de toda la población que utiliza estos servicios, concentrando en el gobierno, un inmenso poder sobre la población.

En otras colaboraciones, en este espacio hemos dado cuenta de las flagrantes violaciones al 134 constitucional, por el uso de recursos públicos para promoción partidista en las mañaneras, y de otras pretensiones de los diputados por violentar, otras prohibiciones legales.

Lo que se percibe es un desconocimiento muy grave de los límites constitucionales, intromisiones de un poder en otro y una serie de pulsiones autoritarias, que deben prender alarmas ámbar a la sociedad.  

En la democracia, la mayoría puede equivocarse, incluso es su derecho; pero también tienen el derecho de rectificar su error, y cambiar de opinión en futuras elecciones reales y competitivas, por lo que las mayorías son efímeras y cambiantes.

La democracia es una construcción colectiva, que sistemáticamente, se encuentra en proceso de perfeccionamiento y es el único régimen que no puede olvidarse de que no está hecha por seres perfectos y que no es para gobernar a seres perfectos, y que nunca gobernarán en ella seres perfectos.

Conscientes de que todos los humanos son falibles y de que los dioses y semidioses, así como el derecho divino de los monarcas a gobernar, no existen; que nadie está exento de equivocarse, pues errar es de humanos. Por ello es que la democracia solo puede existir, donde las libertades y derechos humanos, tienen un marco universal de carácter constitucional, donde exista auténtica división, distribución y equilibrio del poder y donde nadie se asuma con superioridad moral sobre los demás, para tomar decisiones de impacto público.

¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios.

Contacto: eduardomtrujillo59@gmail.com

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