Por Jaime Arizmendi
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- Tulum, se Desgrana la Mazorca Delictiva
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La voz en las mañaneras… “Se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores. Desde entonces, y desde antes que empezaron a querer cobrar colegiatura en la UNAM. La UNAM estaba dominada por lo más retrógrada que había y sigue existiendo, y se enojan porque digo que se derechizó, y esto, de tiempo atrás.
“Se tiene que tomar en cuenta que somos distintos, son dos proyectos distintos y contrapuestos de Nación. Nosotros no engañamos a nadie, dijimos que se iba a aplicar una política económica nueva, y estamos actuando en consecuencia.
“El proyecto de presupuesto que nosotros enviamos tiene que ver con la transformación de México, y es distinto a lo que ellos impusieron y llevaron al cabo muchos años. No se pueden quitar recursos al pueblo, ni se puede detener el desarrollo del país para beneficiar a minorías”.
Con esa percepción define el Primer Mandatario a la UNAM.
En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declara inconstitucional se castigue con prisión preventiva oficiosa a las personas acusadas de defraudación fiscal; al igual que considerar como delito contra la Seguridad Nacional el contrabando, la defraudación fiscal y el uso de comprobantes fiscales falsos.
Por mayoría calificada de 8 votos, el pleno de ministros consideró que el decreto publicado el 8 de noviembre de 2019 contraviene lo que marca la Constitución Política, y representa un exceso calificar ese tipo de delitos como amenazas contra la seguridad nacional.
El mismo decreto propuso reformar, adicionar y derogar disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, en materia de declaración fiscal y comprobantes fiscales apócrifos.
Así, el pleno de ministros resolvió las acciones de inconstitucionalidad que promovieron senadores de oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra las reformas aprobadas a la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación.
El proyecto del ministro Fernando Franco González Salas planteaba desechar los planteamientos de los legisladores federales y de la propia CNDH; sin embargo, en el estudio de fondo, el resto de ministros consideró que la reglamentación era “excesiva”, por lo que se rechazó la propuesta del ponente.
En sesión del Tribunal Pleno los ministros analizaron la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH y el Senado de la República, en la cual impugnaron el decreto en cuestión. Consideraron que el Legislador se excedió, al calificar tales delitos como amenazas a la Seguridad Nacional.
No se trata de conductas que atenten directamente contra esta última y, por ende, tampoco fue válido los calificara como delitos que ameritan prisión preventiva en términos del artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución. Pues el legislador secundario no está autorizado a ampliar el catálogo constitucional de delitos de prisión preventiva oficiosa.
Otros Ministros consideraron que las normas eran inconstitucionales, ya que, de acuerdo al artículo 1° de la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional que sólo puede dictarse cuando existe un riesgo comprobado de que la persona evadirá la acción de la justicia o afectará la investigación, sin que sea suficiente la peligrosidad del sujeto o el tipo de delito, pues de lo contrario se vaciaría de contenido el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia.
En tanto, cuando las normas en cuestión imponían la prisión preventiva de forma oficiosa (es decir, en automático) considerando únicamente el tipo de delito, estimaron que las mismas resultaban contrarias a los derechos humanos reconocidos por la Constitución.
Por ello, al alcanzar una votación mayoritaria contra la propuesta, las y los ministros decidieron turnar el asunto a otra u otro integrante de la mayoría, quien en su momento presentará una nueva propuesta de resolución, en que se analizarán el resto de temas planteados por los accionantes. No hay borracho que trague lumbre…
El primero de la lista… La Fiscalía General de Quintana Roo detuvo y presentó ante medios de comunicación a José «L», uno de los presuntos responsables de la balacera en el restaurante La Malquerida, cuyo saldo fue la muerte de dos extranjeras, ellas una bloguera de California, EU, y una turista alemana. Anjali Ryot, mujer de origen hindú quien vivía en Estados Unidos.
La joven de 25 años era bloguera e ingeniera de Sistemas en California; la otra fue la alemana Jennifer Henzold. Con tres turistas de Holanda y Alemania, quienes resultaron heridos, y fueron trasladados al hospital; pese a que el fuego no iba dirigido hacia ellos, quedaron en medio de un fuego cruzado entre grupos de narcotraficantes.
Los agentes de investigación señalaron que José, el detenido, es presunto responsable de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y lesiones. Por estos acontecimientos, el gobierno alemán emitió una alerta de viaje para la Riviera Maya, y recomendó a sus ciudadanos que se encontraban en la zona que no abandonaran sus hoteles. Todos contra la pared…
Sindicalistas desconocidos… Sandra Silva y su colaborador “Tontoño”, se arman de falso valor para amenazar a las autoridades del organismo. Los amagan con que Joel Ayala y toda la FSTSE terminará por acabar con su carrera política. Ambos se escudan en que el contrato colectivo los protege, y sólo ellos pueden decidir quién debe ocupar las plazas nuevas. Y trampean.
Por ejemplo, la Secretaria de Finanzas del comité sindical impuso a su hermana, Nora María Zapata Chaires; el que´sque secretario de Trabajo y Conflictos, metió a su cónyuge en la lista de basificados, Miriam Nava Hernández; y la misma Sandra Silva García, dio la plaza a su marido, Irineo Gutiérrez Díaz. Todos, con plazas de base.
Pero ni siquiera han difundido la Convocatoria para elegir a un nuevo comité directivo. A pesar de que encubren a quienes cobran sin trabajar, de todo eso ya tiene la información el dirigente nacional de la FSTSE, Joel Ayala Almeida. Éstos no se representan ni a ellos mismos…