Hojas de ruta para una ciudadanía libre (XXXV)

Por Eduardo Trujillo

“Hoy, cuando afloran los nombres de corruptos o defraudadores y se sabe más, a la gente no le importa nada y solo van a la cárcel los ladrones de pollos albaneses.” Umberto Eco ¿Democracia publicitaria?

El poder mediático enfocado a la rentabilidad electoral se ha convertido en el único objetivo de la agenda pública nacional, todos los días se inserta, desde muy temprano, por lo menos un tópico, que genera controversia general, pero que no informa sobre hechos concretos, se lanza al aire una andanada de dardos envenenados, que llenan de desinformación el acontecer nacional.

La tragedia mediática radica en que se pretende distorsionar la realidad y la verdad, con declaraciones fuera de orden, tanto en los hechos, como en la ley, el derecho y la racionalidad. El único propósito que se percibe, en lo que ya se ha convertido en una auténtica tormenta de absurdos planteamientos, es que se pretende con ellos posicionar hacia las próximas elecciones una percepción de heroica lucha del bien contra el mal.

Esta simplificación de las cosas, personas, hechos y realidad, en bueno contra malos, pretende implantar en las personas la idea de que solo existen amigos o enemigos, lo cual lleva implícita una explicación de la política y la economía, mediante la simplista ficción de una lucha de clases. Nada más opuesto y dañino a la democracia, pues esta se caracteriza por la inclusión, la pluralidad, tolerancia, dialogo, acuerdo, legalidad, etcétera. Los planteamientos y caminos de razonamientos, que se vienen esgrimiendo en este circo mediático, son una muestra elocuente de que nos encontramos frente a lo que Umberto Eco, definió con el concepto de máquina del fango. Umberto Eco, dedicó los últimos años de su vida a criticar la actuación, por parte de los políticos, desde el poder, mediante el uso y el abuso conjuntamente con periodistas y redes sociales, como instrumento de chantaje para desprestigiar al enemigo.

Lo que se está viviendo en nuestro país, es una artimaña semejante a la aludida máquina de fango, pues de manera maliciosa, y hasta perversa, no se explican ni aclaran los hechos y los argumentos, porque el único objetivo que se busca es un beneficio electoral y solamente basta, para ello, desprestigiar al adversario. Lo peor de lo que acontece, con esta simulación de democracia que se está basando en escándalos en los medios y verdades distorsionadas, es que se viene arropando en una falsa honestidad, pues este tipo de tácticas políticas han sido inventadas y aplicadas por los regímenes autoritarios y totalitarios, más nefastos que ha conocido la humanidad, durante el siglo XX.

La Constitución, documento que, toda persona que ostenta un cargo público, declara cumplir y hacer cumplir, se está pretendiendo violar, una vez más, disfrazando la falta de ética de responsabilidad en el ejercicio de atribuciones, con una pretendida consulta popular, cuando es obligación de la autoridad establecida actuar de oficio, en los casos que, desde el domingo pasado, se hace publicidad, supuestamente para recabar firmas ciudadanas y que solo busca enlodar y colocar el desaseo en la proximidad de un proceso electoral. Veamos que dicen: nuestra Constitución y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica; El artículo 89 Constitucional dice así: Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Y en el Artículo 102, A: El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Por su parte la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica en su Artículo 9: Los órganos que ejercen la función fiscal tendrán las siguientes facultades: I.

La persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; II. Solicitar las medidas cautelares contra los imputados; III. Buscar y presentar los medios de prueba que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito. Con los fundamentos constitucionales y legales arriba establecidos, no queda la menor duda, de que tratar de someter a consulta popular si se enjuicia o no a los Ex Presidentes, que hayan cometido delitos, por lo que la citada consulta popular, solo es un circo mediático electoral, ocioso, inútil y un derroche económico y desgaste sin sentido. ¿Pero si lo anterior no bastara, nos debemos preguntar, que sucedería si por consulta popular, se decidiera, no perseguir delitos a personas que los han cometido? La respuesta nos las proporciona el Código Penal, que en el Artículo 225, señala que son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes: en su fracción VIII.- Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia; y en la fracción IX.

Abstenerse injustificadamente de ejercer la acción penal que corresponda de una persona que se encuentre detenida a su disposición como imputado de algún delito, cuando esta sea procedente conforme a la Constitución y a las leyes de la materia, en los casos en que la ley les imponga esa obligación. Por todo lo expuesto es más que evidente, no solo la aberración, que significa pretender someter a consulta popular un tema, sobre el cual las leyes establecen claramente los procedimientos a seguir, sino que, está siendo motivo de un retraso en la impartición de justicia, al estar deliberadamente inventándose rutas que solo provocan sacarle la vuelta a la responsabilidad que tiene obligación de ejercer la Fiscalía General de la Republica, que según nuestra legislación establece, es un organismo autónomo. No solo se está delinquiendo, por omisión, sino que, el uso mediático del tema, está causando daños al debido proceso, que pueden llegar a invalidarlo, a la hora de emitirse alguna sentencia por parte de algún juez. También el abuso del tema con motivos electorales, tiene muchas implicaciones, que violan otras leyes. Creo que todas las personas mexicanas, estamos totalmente de acuerdo en que, si alguna persona, y sobre todo algún ex servidor público, de la talla de quienes han sido presidentes de este país, o algún otro cargo, en caso de haber cometido algún delito, establecido en nuestras leyes, pues queremos que se les inicie un procedimiento de investigación, se persiga a cualquiera que también hubiera sido cómplice, y que, de ser el caso, se proceda al castigo que la ley señala, nadie se opondría a ello.

Pero que no se le dé la vuelta a la responsabilidad, que no se haga mucho ruido y al final tengamos pocas nueces. La pretendida consulta popular, se percibe como un gran engaño a la sociedad, esa búsqueda de firmas, solo quiere legitimar la explotación del discurso, de que se combate la corrupción, como bandera de campaña electoral, desde el púlpito mayor, de este país. ¡Que insensatez, pretender incendiar el país, para no reconocer que la aplicación de la justicia, se seguirá dosificando con matices partidistas! ¡Cuánta perversidad se encuentra, en ocultar las verdaderas intenciones de ensuciar con fango, el clima político social hacia el próximo proceso electoral!

¡Cuánta ambición de poder político se esconde en esa máscara de participación popular, con la cual se oculta el verdadero rostro de una artimaña de chantaje político, que terminará en impunidad! Lo más terrible y despreciable del uso de la máquina de fango, en las circunstancias en que se encuentra nuestro país, es que se trata de un linchamiento de la propia ley, y una vacilada que se mofa de la inteligencia de toda una sociedad, y una autentica traición al hartazgo social por la impunidad a la que se quiere dar una salida teatral, y propiciar renta partidista electoral, aunque genere impunidad. La máquina del fango que se está poniendo en marcha desde los despachos del poder, si no se detiene a tiempo, dañará irreversiblemente la convivencia social y democrática de México. Si la población, no se percata oportunamente de esta manzana envenenada, que con mano disfrazada de caritativa se está ofreciendo a la indignación que las corruptelas de la clase política, de cualquier color, ocasionan entre la ciudadanía, estaremos viendo un auténtico derrumbe de la institucionalidad constitucional, y todas las consecuencias que implica para el orden social. Proponer que una decisión popular, determine si se violan o no los derechos humanos de una o varias personas, es igual de aberrante que someter a votación si se aplica o no la ley de gravedad.

Toda democracia para sobrevivir requiere de ciudadanos demócratas, y cada aspirante a un cargo de elección popular debería ser un auténtico estadista, conocedor de los derechos y la ley, para no destruir la paz social, y para evitar que nos den gato por liebre, ¡Si hay delito que perseguir, pues que actúen los ministerios públicos, no se ocupa tanto circo! Solo así tomaremos la ruta correcta para construir la sociedad deseada por casi todas las personas. ¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios. Contacto: eduardomtrujillo59@gmail.com

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