Hojas de ruta para una ciudadanía libre (LVI)

Por Eduardo Trujillo

“La transparencia es para quienes tienen obligaciones públicas y ejercen el poder público. La privacidad es para todos los demás.” Glenn Greenwald (constitucionalista estadounidense)

Embestidas a la democracia (3)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) fue creado para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales de particulares en posesión de sujetos obligados por la ley e, impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades, en beneficio de la sociedad, es uno de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA) .

La propia ley define que el objetivo de la institución, garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. La ley que regula esta institución, dice que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, es pública y será accesible a cualquier persona.

El Estado mexicano pretende, con esta ley e institución, crear una cultura de la transparencia y acceso a la información pública.

Con el IFAI, México se convirtió en el primer país del mundo en contar con una plataforma digital en internet, a través de la cual se puede acceder a toda la información pública y eso ha permitido a académicos, investigadores, medios de comunicación, particulares e incluso autoridades, acceder a datos, que de otra manera hubiera sido prácticamente imposible conocer y analizar, para detectar el pulso del quehacer gubernamental y, gracias ello, se han detectado casos paradigmáticos de corrupción, que de otra manera hubieran permanecido en la oscura opacidad y generado más impunidad.

Sin la existencia del IFAI, no se hubiera conocido información que ha resultado relevante en casos como, el escándalo de la Casa blanca en el sexenio pasado, o las violaciones a derechos humanos en el caso Ayotzinapa, o los contratos de Odebrecht con Pemex.

Lo anterior nos proporciona idea clara de la importancia de contar con un OCA, como el IFAI, cuya autonomía le posibilita la independencia de cualquier gobierno, poderes públicos, o partidos políticos, para que cada vez, se tenga mayor transparencia y conocimiento de cómo se ejerce el dinero público y cómo actúan las autoridades y sujetos regulados por la ley, esto es, que conozca la ciudadanía cómo y en qué, se gastan los recursos públicos, también saber, a dónde van a dar nuestros impuestos y, con qué grado de honestidad se hace.

No es una tarea que pueda realizar cualquier instancia burocrática de la administración pública, pues ningún gobierno puede ser juez y parte, en temas como transparentar la información, o la garantía de derechos fundamentales a la población y, esa es la razón por lo que indispensable que se realice desde una institución constitucionalmente autónoma, con personal profesionalizado y alta especialización técnica, que cuente con seguridad y estabilidad laboral, independientemente de quien gobierne, pues eso es lo que permite blindarlo de la injerencia de intereses partidistas y económicos.

Como bien se ha referido el Maestro José Woldenberg, respecto a los Órganos Constitucionalmente Autónomos (OIC), “ Se trata de comisiones que tienen que plantarse frente al gobierno para la defensa de los ciudadanos y no podrían ejercer su tarea si fueran juez y parte en cada uno de los casos.” (El Universal 19-01-21; subrayado propio).

Es verdad que necesitamos transitar todavía mucho en materia de transparencia y acceso a la información pública, analicemos la cuestión, pues aún las autoridades de gobierno, poderes o, los partidos políticos, siguen poniendo muchas trabas a la transparencia, lo hacen de muy diversas maneras; en algunos casos eluden la obligación de colocar la información oportunamente (inmediatamente después de generada), en otras ocasiones dificultan analizar los datos, pues publican en formatos no manejables, ni accesibles, o simplemente la niegan a quien la solicita, por eso el INAI, al ser autónomo, cuenta con mecanismos como el recurso de revisión, que consiste en queja que obliga a las dependencias de gobierno, a entregar a la información a la ciudadanía que lo solicita y, eso es un avance en bien de la transparencia, los derechos, la ciudadanía y la democracia.

¿Qué nos falta para mejorar? Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que toda la información que posean los sujetos obligados en el ámbito federal es pública, excepto aquella que sea clasificada como reservada o confidencial , ¿Y quién clasifica o reserva? Pues curiosamente es el gobierno o las dependencias de gobierno, esa limitación tiene que quitarse de la ley, pues se viene abusando de eso para mantener la opacidad y cubrir con “otros datos” la verdad. ¡Por eso los gobiernos no deben de tener en sus manos las funciones que tiene el INAI, y las legislaturas tienen que quitar las limitaciones de la ley, ya que ellos, los legisladores, hacen la ley y ponen la traba, así no se avanza, ni se democratiza!

Fortalecer al INAI es hacer realidad la mayor transparencia y máxima publicidad del ejercicio de recursos y tareas públicas, así sería avanzar en materia de democracia y dar el poder al pueblo, lo contrario es demagogia.

Respecto a esa postura, me permito citar al celebérrimo Noam Chomsky que decía: “ Cualquiera que haya estudiado documentos secretos desclasificados habrá descubierto que, en gran medida, su clasificación se concibió para proteger a las autoridades del escrutinio público”. A los gobiernos les gusta ser opacos.

Por eso se considera otra embestida a la democracia, proveniente desde la alta investidura de la Nación, cuando propone la desaparición del INAI, con el argumento de que fue creada en el “periodo neoliberal” (sic) y que solo sirve de “florero” para “simular”.

Es lamentable que el gobierno actual insista en desmantelar nuestra joven democracia, pues tal pareciera que los OCA, no son compatibles con el actual gobierno, lo cual resulta incomprensible, pues son órganos de equilibrio constitucional y político con el fin de preservar la organización y el funcionamiento constitucional del país y, tuvieron su origen en el siglo XIX, en Europa, con los primeros Tribunal Constitucionales, creados para alejar de los poderes públicos y la influencia de los partidos políticos en los poderes tradicionales, haciendo autónomas las decisiones en materia de ejercicio de derechos ciudadanos, fortaleciendo la democracia.

Causa duda y, genera suspicacia la incongruencia que representa, por un lado, pedir la desaparición del INAI, por tratarse de un órgano que, se piensa, simula promover transparencia y fue “florero” de una falsa democracia y; por otro lado, esa misma voz, ordena clasificar y reservar (o sea ocultar a todos) la información contenida en los expedientes de las obras principales del sexenio o, los correspondientes a la adquisición de vacunas anticovid-19, entre muchos otros temas con tratamiento semejante, parecería que la transparencia no es lo que busca quien eso pide y, juzga de manera ligera e irresponsable a ese y a todos los OCA.

Es importante que la ciudadanía abra los ojos y permanezca atenta a cualquier intento de vulnerar los derechos democráticos, provenga la intención, de cualquier parte y de cualquier persona, pues puede haber apetitos autoritarios, capaces de anhelar el poder absoluto sin restricciones, eso puede quebrar a cualquier democracia.

Finalmente, un tema que también es importante transparentar y se está ocultando de una manera preocupante, en estos últimos días y que constituye un tema de seguridad nacional, en donde si no se es puntual y preciso en los informes, claros y transparentes a la población, dará lugar a rumores y tendencias que pueden afectar gravemente la estabilidad social y la gobernabilidad del país; me refiero al estado de salud y evolución de la enfermedad, del Presidente de la Republica.

El pasado domingo, se dio a conocer vía una red social, que el Presidente de la República, resultó positivo en una prueba, urgentemente realizada para detectar la presencia de contagio a la enfermedad del COVID-19; este hecho no puede reservarse, ni se encuentra en el ámbito de la vida privada, es un tema que a toda la nación interesa y preocupa saber, y no solo se está ocultando a la población, sino que hay información oficial contradictoria, sobre el lugar en el cual se encuentra el primer mandatario y, no se ha dicho como se está haciendo el tratamiento, ni su evolución, independientemente de que todas las personas deseamos que se restablezca lo más pronto posible, se necesita dar a conocer las expectativas y pronóstico de salud, para mantener tranquila a la sociedad, pues a nadie beneficia el secretismo en que se ha incurrido, también en este tema tan delicado, pues es de todos conocido, lo vulnerable que resulta su edad, condición cardiaca e hipertensión crónica.

Pese a ello, una vez más se incurre en error cuando se dice que “ a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente no vamos a revelar ningún dato clínico porque es materia de su privacidad”, se equivoca totalmente en la clasificación legal y en la estrategia comunicativa el subsecretario de salud, ¡Eso es opacidad!

¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios.

Contacto: eduardomtrujillo59@gmail.com

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