Por: Eduardo Trujillo
“Los crímenes de la dictadura son particularmente graves por el hecho de ser promovidos por el aparato del Estado, garante teórico de la legalidad. No solo destruyen las vidas de los individuos, sino las mismas bases de la vida común.”
Tzvetan Todorov (filósofo, historiador y lingüista búlgaro-francés. 1939-2017)
Principio de legalidad
El Estado de derecho es aquél en el que todos los integrantes de la sociedad están gobernados por leyes establecidas de forma democrática, protegen los derechos individuales y se aplican uniformemente.
Todos los funcionarios públicos, desde el presidente de la república y hasta las personas que de manera eventual llegan a ejercer alguna atribución en nombre del Estado Mexicano, sean de elección popular o no, requieren legitimar su nombramiento con la rendición de protesta; un acto que, en esencia, constituye el compromiso y convicción de quienes, mediante procedimiento legalmente establecido, llegan a un puesto, por modesto que sea, para en todo momento cumplir y hacer cumplir las normas legales existentes.
La protesta de ley de los funcionarios públicos resulta ser un acto solemne en el que éstos se comprometen dentro de su cargo a cumplir con la Constitución y las leyes del país, actuando en todo momento por el bienestar de su pueblo.
El texto de la protesta establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el art. 67, para el caso del presidente dice así; “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande».
Por su parte el Artículo 128 mandata; “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
Las decisiones del poder público, invariablemente y sin excepción alguna deberán de estar investidas de legitimidad de origen, para que puedan ser aceptadas, esto quiere decir que los procedimientos para tomar decisiones de gobierno, legislativas, jurisdiccionales o de orden administrativo de carácter público, obligadamente tienen que estar fundadas en las normas preexistentes para su procesamiento y su aceptación y compromiso de cumplimiento a las normas.
¿Pero qué es lo que vemos ahora en México? Leyes recién creadas que son violadas por quien las crea (los legisladores) leyes cuya creación es promovida por el poder ejecutivo y, él mismo las empieza a violar.
¿Por qué el régimen político que promueve la creación de leyes y quienes las aprueban, insisten en violarlas, convertirlas en letra muerta y desafiar el Estado de derecho?
Esos comportamientos de desafío a la legalidad, desde la cabeza del poder público, constituyen el caldo de cultivo para las inconformidades ciudadanas, alimento de las insurrecciones y propiciadores de golpes de Estado.
Un indicador de comportamiento autoritario es el rechazo o baja aceptación de las reglas democráticas: puede tratarse de rechazo o la voluntad expresa de no acatarla; lo cual es evidente en el discurso mañanero presidencial o con la expresión de enviar al diablo las instituciones o cuando se socaba la legitimidad de las elecciones al negarse a aceptar resultados electorales creíbles.
Lo que representa una tragedia para la democracia, es que la propia defensa de la democracia es el pretexto más utilizado por los autócratas para lograr la subversión de la democracia; no olvidemos ese pretexto tan esgrimido para buscar una supuesta reforma electoral, “para que ahora si existan elecciones democráticas, sin fraudes”, (eso dice el autócrata).
Pues bien, si quien ocupa el cargo público, juró cumplir y hacer cumplir la constitución y sus leyes, al mismo tiempo asumió una investidura, lo cual lo hace perder sus derechos individuales, para asumir las atribuciones (no derechos como algunos creen y confunden) inherentes al cargo; lo que ahora sorprende es que algunos usan las prerrogativas de la investidura y a la vez exigen sus derechos como ciudadano, lo cual no puede ser coincidente; debo aclarar además que la investidura va con el cargo, nadie puede despojarse de ella sin perder en automático el cargo; sin embargo ahora en México ambos titulares de los poderes Ejecutivo y del Poder legislativo, con descarada facilidad desean y exigen lo mejor de ambos mundos simultáneamente, quieren privilegios ciudadanos y prerrogativas del cargo al mismo tiempo, lo cual es imposible en una democracia, están fuera del principio de legalidad.
El principio de legalidad establece de inicio dos tipos de personas en un Estado democrático: los particulares, que son ciudadanos sin cargos ni fueros y, por otro lado autoridades, que son aquellos que asumieron alguna investidura; dicho eso, el principio de legalidad establece: a los particulares lo que no está prohibido, les está permitido, a las autoridades por su parte, solo deben ejercer las atribuciones que la ley establece para el cargo, ni más ni menos, lo que quiere decir que si no está en sus atribuciones conferidas, les está totalmente prohibido hacerlo.
Es notorio que las violaciones más frecuentes de la norma constitucional, efectuadas por el gobierno federal y su partido, en los últimos tres años han sido las disposiciones de naturaleza electoral; hablamos de los artículos 35 y 41 constitucionales, junto con las leyes que regulan tales disposiciones; la Ley de Revocación de Mandato y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo terrible de esas violaciones sistemáticas cometidas por la llamada 4t, es que quienes la violan deberían ser los primeros en respetar esas leyes, pues abusando de su privilegiada posición, al controlar prácticamente todo el Estado Mexicano y haciendo uso prepotente de su fuero constitucional, desafían las leyes, convirtiéndolas en letra muerta.
Dicho lo anterior, ese abuso sistemático del fuero, para no acatar las disposiciones electorales y el negarse a hacer efectivas las sanciones derivadas de esas violaciones, el poder ejecutivo y el legislativo, así como el partido oficial, convierten en normas ineficaces nuestro entramado jurídico electoral, dañando la viabilidad de nuestra democracia.
Lo anterior explica en gran parte por que The Economist Intelligence Unit Limited, cambió este año la clasificación de la que era una democracia débil en México, como un régimen hibrido, con enormes elementos de régimen autoritario, hacia donde se encamina, de manera acelerada.
Como mexicanos, quienes tenemos convicciones democráticas, debemos rehusarnos a que la transformación prometida a nuestro régimen se concrete en convertir el país en una autocracia, no se trata de un peligro, ni de una posibilidad, se trata de una realidad presente, que ya se está materializando a ritmo veloz.
La lealtad constitucional, exige el trabajo constante por el compromiso de defender de aquello en que una comunidad cree, pues el texto constitucional, es la concreción jurídica, del ideal de una sociedad democrática.
Porque la Constitución no es solo un orden jurídico sino expresión de una situación cultural en desarrollo, lo que es opuesto al engaño, la traición, el desprecio o menosprecio, e incluso la ignorancia.
Lo anterior se conecta con la polémica expresada a través del diálogo mantenido entre Kant y Constant sobre la posible existencia de un deber incondicionado de decir siempre la verdad, y que parece más vivo que nunca a la luz de la realidad política y jurídica actual.
El Estado de derecho es aquél en el que todos los integrantes de la sociedad están gobernados por leyes establecidas de forma democrática, protegen los derechos individuales y se aplican uniformemente.
En un Estado de derecho, las normas jurídicas son herramientas para promover una cultura de la legalidad, por ello es importante partir de los siguientes principios inmutables del Estado de derecho; Interesarse y tener conocimiento de las normas básicas que regulan la vida en un Estado democrático de derecho. Respetar las normas, para mantener la vigencia de la legalidad y el propio Estado de derecho.
Rechazar y denunciar los actos ilegales ante las autoridades correspondientes. Mantener una efectiva colaboración con las dependencias e instituciones regulatorias y con las responsables del sistema de seguridad y procuración de justicia. Pero desafortunadamente, México está dejando de ser un Estado de derecho.
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