Por Eduardo Trujillo
“Cuando la polarización prevalece, cuando la reforma electoral se hace más con el estómago que con la cabeza, más vale no meter las manos a las reglas del juego electoral, sobre todo cuando han servido.” Lorenzo Córdova V. (abogado, funcionario, académico e investigador mexicano, contemporáneo)
¿Reformar qué?
Durante los tres años del actual gobierno prácticamente todos los días transcurridos, el presidente y su partido mencionan la necesidad de efectuar una reforma electoral para “realmente democratizar el país”, con ese tipo de expresiones y, en ocasiones con otras más altisonantes, se ha insistido en el capricho de modificar las leyes electorales y la configuración de los organismos encargados de la administración y la jurisdicción electoral.
La ultima reforma de gran calado que se hizo a la legislación electoral, fue la de 2014 que creó el sistema electoral nacional, otorgó al INE atribuciones en las elecciones locales, entre otras; a partir de 2014 gracias a esta reforma, se inauguró el periodo más fértil de alternancias en la democracia mexicana, pues el 68 % de las elecciones ahora son ganadas por partidos diferentes al que está gobernando en el lugar, también con esa ley se ha realizado una elección presidencial (2018), y también se logró la alternancia.
Lo anterior parte de analizar los resultados electorales, pero para tener un acercamiento más a medición de calidad de democracia, utilizaremos el Democracy Index, que anualmente emite la organización The Economist Intelligence Unit Limited, sobre una evaluación de calidad democrática en un rango mundial de 167 países, que cubre la mayor parte de la población del planeta, este estudio fue publicado por primera vez en el año 2006 y se actualiza periódicamente. Basa los resultados en sesenta indicadores que se agrupan en cinco diferentes categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación y cultura políticas.
El índice democrático es un promedio ponderado, basado en las respuestas brindadas a un cuestionario comprendido por unas 60 preguntas, cada una de las cuales permite elegir una de dos o tres respuestas alternativas posibles, a manera de opción múltiple, algunas respuestas
El índice de democracia resultante, redondeado a un decimal, decide la categoría del país de la siguiente manera:
Democracias plenas: entre 8 y 10 puntos; Democracias deficientes: entre 6 y 7,9 puntos; Regímenes híbridos: entre 4 y 5,9 puntos; Regímenes autoritarios: menos de 4 puntos.
En el año de 2014, nuestro país se ubicó en el lugar 57, con puntuación promedio 6.68; 8.33, en procesos electorales y pluralismo;7.35, en libertades civiles; 5.0 en cultura política; 6.67 en participación política y 6.07 en funcionamiento del gobierno. Esta puntuación ubicó a México entre las democracias deficientes o débiles, que constituye la segunda categoría de regímenes democráticos, para distinguirlas de las democracias plenas.
Para 2015, nuestro país retrocedió al lugar 66 en el ranking general, 9 lugares, con 6.55 en el promedio general (pérdida de 13 puntos) obteniendo así 8.33 (sin cambio) en procesos electorales y pluralismo; 6.76 en libertades civiles, un retroceso de casi 60 centésimas (.59) imputable a la inseguridad pública contextual; cultura política descendimos a 4.38, perdiendo 62 centésimas en este importante rubro, imputable a la desconfianza generada por la inseguridad pública y los escándalos de Ayotzinapa y la Casa blanca; incrementó a 7.22 en participación política que subió 55 centésimas; por lo que se refiere al funcionamiento del gobierno permaneció sin cambio alguno. Nuestro país siguió clasificándose como democracia deficiente o débil.
Durante el año 2016 retrocedió México 1 lugar, ubicándose en el lugar 67, con 6.47 en el nivel general; bajo a 7.92 en procesos electorales y pluralismo, perdiendo 41 centésimas; las libertades civiles se ubicaron en 6.76, sin cambio alguno; igual la cultura política, quedo sin cambios; participación política se ubicó en 7.22 también sin cambios; el funcionamiento del gobierno, por su parte quedó en 6.07, sin cambio desde 2014. El país siguió clasificado como democracia débil.
Para el año 2018, nuestro país se ubicó en el lugar 71, retrocediendo así 4 lugares con 6.19 de puntuación general, los parámetros se comportaron de la siguiente manera; proceso electorales y pluralismo mejoró a 8.33 retomando el nivel que en 2014 había ocupado, este rubro es producto de la labor realizada por los organismos encargados de la administración y jurisdicción electoral (INE, TEPJF); en libertades civiles se ubicó en 6.18, con deterioro a partir de 2014, acumulando un descenso de un punto con 17 centésimas en los cuatro años; la cultura política 3.13 con caída en picada de un punto con 87 centésimas (respecto a 2014), este rubro es importante señalar, que la reforma de 2014 le atribuyó a los Órganos electorales locales (OPLE) la responsabilidad de promover la educación cívica, en detrimento de los resultados, como puede verse; la participación política se ubicó en 7.22 puntuación que sostiene desde 2015; el funcionamiento del gobierno se ubicó en 6.07 (sin cambio alguno respecto a 2014) ; El país siguió clasificado como democracia deficiente.
Para la más reciente edición del Index, correspondiente al 2021, tenemos que en estos últimos tres años, la calidad democrática de México pasó al lugar 86 del ranking general, descendiendo 15 lugares respecto a 2018, con puntuación general de 5.57 (-.62) la caída es significativa y alarmante, por lo que analizar cada rubro en sus méritos se hace obligado: procesos electorales y pluralismo se ubica en 6.92 (caída de un punto con 41 centésimas), este indicador es producto de la percepción del funcionamiento del sistema electoral, que lleva tres años bajo asedio de una campaña de desprestigio desde la cúpula del poder político, misma que ha cobrado su cuenta, además de las constantes omisiones a cumplir con la norma electoral, por parte del propio presidente, su partido y sus candidatos; el indicador de libertades civiles pasó a 5.59 perdió en ello .59 centésimas respecto a 2018, signo de una evidente percepción de pérdida del ejercicio de derechos por parte de la población, lo cual es coherente con el incremento de demandas de amparo en los últimos tres años, por parte de la ciudadanía; la cultura política se ubicó en 3.13 siguió casi dos puntos debajo de lo obtenido en 2014, muestra del deterioro de la educación cívica, tema mal atendido por haberse otorgado la atribución de su promoción a los organismos locales (OPLE); la participación política obtuvo 7.22 puntos, sin cambios en tres años; finalmente el indicador sobre funcionamiento del gobierno obtuvo 5.0 puntos reduciendo un punto con .07 centésimas respecto al obtenido en 2015, evidencia del deterioro e ineficacia mostrada con la política improvisada y de toma de decisiones por ocurrencia del gobierno federal; la parte mas preocupante es que el país, que era considerado una democracia débil, pero al fin de cuentas democracia, ha dejado de considerarse democracia y, pasa a ser clasificada como régimen híbrido, al lado de países como Senegal, Armenia, Liberia, debajo de Papúa, Bangladesh, el Salvador, Zambia, Bután, Madagascar, etc.
El deterioro de nuestra democracia en los últimos tres años, sobre todo, trata de ser explicado por la irrupción del populismo, tanto en México como en el ámbito internacional y la implantación de prácticas autoritarias.
Es importante señalar que el creciente desapego a las prácticas democráticas, esta dado por los deficientes resultados de los gobiernos, especialmente en la materia económica, que han derivado en el incremento en el numero de pobres en el país y la presencia de una recesión económica.
El indicador que más alarma causa su deterioro, es el referente a las libertades civiles, pues el ataque permanente que desde la mañanera presidencial, misma que se ha caracterizado por ser un foro de ataque a la libertad de expresión y a los medios independientes de comunicación, señalamientos a periodistas y casas editoras, lo que de manera indirecta ha generado violencia contra los periodistas, que en lo que va de este año se ha asesinado uno por semana; eso nos permite entender la razón por la cual hemos descendido 29 lugares en la calidad de la democracia, en tan pocos años.
¿Cómo puede un gobierno y su partido, solicitar una reforma electoral, cuando ese gobierno y su partido se han empeñado en destruir (y lo están logrando) la institucionalidad democrática?
Hay conciencia en que las elecciones libres y justas, basadas en el sufragio universal y un sistema multipartidista, son condiciones indispensables para que exista una democracia, pues permite el involucramiento del mayor numero de personas con un rol en la elección de gobiernos.
Mientras el país fue clasificado como “democracia débil “, se podía señalar la existencia de los procesos democráticos, aunque con un funcionamiento imperfecto o débil.
Cuando ahora vemos que la clasificación del país es de “régimen híbrido”, es por que solamente se cuenta con algunos de los procesos de democracia, pero otros, entre los que destacan, la ineficacia del gobierno, la corrupción, deficiente transparencia, ausente rendición de cuentas y la amenaza que se cierne, sobre la libre expresión y el pluralismo, contribuyen a la pérdida de calidad democrática.
Por lo anteriormente expuesto es que no se puede permitir que un régimen que ha deteriorado nuestro avance democratizador proponga y logre una reforma al sistema electoral, cuando este último funcionó como democracia durante tantos años, hasta que se convirtió en obstáculo al régimen y éste, decidió destruir lo avanzado.
La reforma que se necesita es gubernamental: profesionalizar las estructuras burocráticas y evitar el uso de las plazas de la administración publica como botín electoral a repartir entre los allegados, exigir asignación de puestos mediante concurso público, para desterrar la improvisación, que hoy existe.
No es electoral la reforma que se requiere: es administrativa y de la función pública.
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