Por Eduardo Trujillo
El gobierno federal, ha emprendido una muy amplia campaña de desprestigio contra el INE, una defenestración sin duda, pues a sabiendas de que le recortó la cámara de diputados un peso por cada cuatro que el INE calculó necesitar, para cumplir con todas las atribuciones y funciones que la constitución y la ley le mandataron para el 2022, cálculo que incluía los recursos precautorios para la eventualidad de que se realizarán dos ejercicios de democracia directa; una consulta popular y una revocación de mandato.
La consecuencia de un recorte de 4,913 millones de pesos, que estaban destinados para los dos ejercicios de democracia directa mencionadas líneas arriba, representó quitarle el 26 % del presupuesto operativo al órgano electoral.
Sorprendente el recorte y la magnitud de éste, pues el INE, fue la única institución del Estado mexicano, que acudió a explicar previamente a la cámara de diputados, como planeó cada peso y centavo solicitado.
Sin embargo, los diputados gobiernistas se dedicaron a ofender de manera soez y majadera al Consejero Presidente, en lugar de analizar la propuesta seriamente planteada por el INE.
Desde el cinco de noviembre, fecha de la comparecencia ante la cámara de diputados, fue clara y evidente la consigna oficialista de atacar al INE, no escucharlo y, la intención de colocarlo en apuros, exigiéndole más actividades y recortándole los recursos.
El porcentaje recortado al INE fue brutal y sin precedentes (26%), sobre todo, cuando el gobierno federal tiene un presupuesto para gastar en 2022 de 7,088,250,300,000 millones, esto es mas de siete billones de pesos, y aun así, dicen no contar con margen para dar suficiencia, el INE solicita 1700 millones para dar suficiencia a la revocación, lo que representa un poco menos de tres centavos por cada millón de pesos que gastará el gobierno federal, lo que pone en evidencia que el gobierno federal no tiene voluntad de dar recursos para la revocación de mandato, pues solo desea estrangular financieramente al INE.
Si realmente el gobierno fuera austero como lo pregona y, se propusiera por cada peso que gasta el gobierno, ahorrar un centavo, se tendrían mas de 70,000 millones de pesos disponibles para vacunas, medicinas y la revocación que exige el presidente, pero ya está claro que solo se recorta presupuesto a lo que no se subordina a los caprichos oficiales.
En el colmo de la ignorancia (¿O será mala fe?), el gobierno federal presentó un supuesto análisis de austeridad para proponérselo al INE, mal elaborado, con datos dolosamente manipulados y, en donde se pone en evidencia un profundo desconocimiento acerca de las funciones y actividades que realiza la institución, así como de la ley y los derechos laborales del personal del INE.
El supuesto análisis del gobierno propone al INE, que se reduzca en gastos de arrendamiento de inmuebles, como si se pudiera tener módulos para credencializar u oficinas en las banquetas; propone que se ahorre en bienes informáticos: pero los equipos informáticos son para realizar las actividades, alimentar los sistemas y generar los documentos de trabajo, no tendría caso tener gente sin equipo de trabajo, pues no son equipos de lujo ni para fines recreativos, son herramientas de trabajo.
Presume el gobierno en su, pomposamente llamado, plan de austeridad, que las medidas sugeridas no afectan ningún trabajador sindicalizado, lo que no dice es que en el INE no existen sindicatos, por lo que solo pone en evidencia un desconocimiento de la estructura y funciones de la institución que buscan destruir con esos ataques propagandísticos.
Resulta increíble y decepcionante que, este gobierno, que llegó al poder mediante las elecciones intachables, organizadas por el INE, esté morbosamente empecinado en degastar la credibilidad de esta institución.
En el colmo de la desinformación propagandística del gobierno federal en contra del INE, en la mañanera, el presidente se pone a comparar los presupuestos de los órganos electorales de distintos países de América latina contra el presupuesto del INE y miente diciendo que es el órgano electoral más caro del mundo.