Por MARIO RUIZ REDONDO
La ciudad más importante de la Frontera Sur, con más de un millón de habitantes, a los que se han agregado 60 mil migrantes extranjeros indocumentados, según la Secretaría de Gobernación, aunque en realidad son por lo menos el doble, que transitan libremente por la ciudad, sin ninguna medida de protección ante la epidemia-pandemia del Covid-19.
A un año del reconocimiento oficial federal, de la presencia del letal virus en México y del menosprecio del mismo que ha hecho y sigue haciendo el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador, al no utilizar cubreboca, obligado más que nunca, después de haber informado ser víctima de esta enfermedad que pudo librar en tres días, gracias a un tratamiento del instituto Nacional de Nutrición.
No obstante que Tapachula, es la segunda urbe del estado de Chiapas, su población se encuentra en absoluta situación de indefensión, ante la indiferencia de la Secretaría de Salud federal y su filial estatal, como también del Instituto Nacional de Migración, que seguramente esperan que ocurra un brote grave entre la población extranjera ilegal, que hay que decirlo, actúa de manera irresponsable, para entonces actuar, a destiempo, son saldos rojos que lamentar.
Hasta ahora se carece de un censo real y más bien de ocurrencia de la Delegación del INM, para saber, por lo menos con aproximación el origen de los diversos grupos de origen africano, haitiano, cubano, salvadoreño, nicaragüense, hondureño, de Asia, Medio Oriente y América del Sur, de lo que se supone, que ante la desesperación porque después de casi un año de estar varados, luego de que el Gobierno de la República les había ofrecido trasladarlos sin costo hasta la vecindad con Estados Unidos, han empezado a delinquir.
Denuncias de que mujeres de origen cubano, hondureño y salvadoreño, realizan actividades delictivas en diversos puntos de la ciudad, especialmente a la salida de los cajeros de los bancos, donde al salir los cuentahabientes son asaltados, sea al tratar de abordar sus automóviles o en plena vía pública.
Caso omiso de las Policías Municipal, Estatal, Guardia Nacional y de la Fiscalía Regional, que se han convertido en figuras decorativas, a pesar de las denuncias hechas ante el Ministerio Público, como ocurriera con el empresario de la Construcción, Ulises Rodríguez Chay, que desde el 5 de diciembre de 2020 fue víctima de la delincuencia organizada, en el estacionamiento de Plaza Galerías Tapachula, y aún sigue esperando que se haga justicia en base a la Carpeta de Investigación 2901-089-0501-2020.
La apatía, tal vez por la distancia geográfica, de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, a quien por cierto le disgusta que sus compañeros de equipo federal le digan que es el “florero del Gabinete”. Llama la atención, que no obstante ser una reconocida jurista, pues fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha dispuesto lo necesario para que se haga un registro legal confiable de los extranjeros, entre quienes se han infiltrado delincuentes con cuentas pendientes en sus países, sobre todo hondureños y salvadoreños pertenecientes a las pandillas de las “maras”.
Todavía más indolente el funcionario que cobra como secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, que tampoco se ha tomado la molestia de ordenar un censo que permita tener el mínimo conocimiento de la población inmigrante que pudiera representar riesgo para salud de los habitantes de la Frontera Sur.
Existe entre el personal de la Jurisdicción Sanitaria estatal, una conducta de comodidad de no actuar, porque para poder hacerlo necesitan la orden, pero que además aunque la hubiera, carecen de los elementos mínimos para la realización de su trabajo, que pudiera en algún momento de requerir de la aplicación de vacunas en niños y adultos, de enfermedades ya radicadas, pero no así en los países de donde provienen.
Insuficiencia en la Región limítrofe con Guatemala, de dosis de inmunizantes de los laboratorios Pfizer (95 por ciento de efectividad), dispuestos para vacunar en una primera etapa a los trabajadores de la primera trinchera en los hospitales públicos y privados del país, que en la fase dirigida a favorecer a personas de más de 60 años, obligó a médicos y enfermeras, entre otros, en el transcurso de la semana anterior, a acudir, aunque no estuvieran programados, a los municipios de Escuintla, Acapetahua, Acacoyagua, Huixtla y Tuzantán, a formar filas hasta de cuatro horas, para recibir tan preciado medicamento de la farmacéutica AstraZeneca (74 por ciento de protección).
Demasiada inconformidad por la lentitud que provocan los llamados “siervos de la nación”, pertenecientes a la nómina federal de la Secretaría de Bienestar, que se dedican a tramitar el beneficio, siempre y cuando entreguen la credencial de elector, la CURP, datos personales y domiciliarios, además de llenar un formato sobre las posibles alergias, para luego sacar copias fotostáticas y dar el visto vuelo para que una enfermera aplique el medicamento.
Se trata de mujeres y hombres jóvenes, provenientes de la ciudad de México, con viáticos programados, que no fueron capacitados de manera adecuada para intervenir en la contingencia, como coadyuvantes efectivos y rápidos de enfermeras y médicos de la SSA, que están inconformes por esta suplantación de actividades de control y seguimiento, cuy trámite no debería ir más allá de una hora.
La desinformación predominante ante la falta de coordinación entre la SSA federal y la de Chiapas, provocaría en el final de febrero, el rechazo a la vacunación de los adultos mayores, en los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Escuintla, Acacoyagua, Acapetahua, Huixtla, Tuzantán y Mazatán, lo cual generaría sobrantes, lo cual abriría la posibilidad de que de lugares distantes como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, acudieran a estos centros de atención, para evitar su devolución.
Por lo pronto, ya no hay inmunizantes para Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, porque no se han recibido en la capital nacional mayores suministros de los laboratorios oficialmente contratados y que en conjunto los laboratorios estadounidenses, del Reino Unido, Rusia y China, suman el compromiso de entrega de 234 millones de dosis.
Retraso que afecta y preocupa en la Frontera Sur, donde de acuerdo con la información proporcionada al columnista por fuentes confidenciales de la Jurisdicción Sanitaria número 8, corresponderá a Tapachula y la capital estatal, todavía sin fecha, la aplicación de la producida por la estadounidense Pfizer/BioNtech, ya que ambas ciudades cuentan con la infraestructura en sus hospitales, de la refrigeración a temperaturas bajo cero para su conservación.
Hay malestar en Soconusco, por la palabra incumplida del Gobierno de la República, al no hacer llegar los biológicos en tiempo y forma a los interesados, que censuran el hecho de que con la participación de los “siervos de la nación”, se le esté dando un tinte electorero, al mantener el Primer Mandatario su respaldo a esta intervención que se considera fuera de lugar, por inmiscuirse en tareas que estrictamente a las instituciones del Sector Salud, que desde siempre se han ocupado de las campañas de vacunación, como ocurrió en el caso más reciente con la concerniente a la epidemia de Influenza.
Pero lo que mayor enojo causa, es que los extranjeros indocumentados de color, prácticamente sin ninguna protección preventiva, se han apoderado del primer cuadro de la ciudad, para ofrecer sus servicios de estilistas que trenzan cabelleras de las mujeres al estilo afro o haitiano, mientras los hombres comercializan productos de contrabando de fabricación china.
Reporte de CUARTO PODER, el pasado sábado 27 de febrero, en el que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Costa de Chiapas, Costa Chiapas, plantea su inconformidad por la incertidumbre que manifiesta el sector productivo y la sociedad de Soconusco, por la continuación del ingreso desordenado de migrantes de diversas nacionalidades por la Frontera Sur, que tienden a complicar la situación prevaleciente por la epidemia-pandemia del Coravirus.
Entrevista del corresponsal Ramón García al líder empresarial Pascual Necochea Valdez, quien subraya el problema social derivado del incremento de actos delictivos, en los que ven inmersos, sobre todo centroamericanos.
De nueva cuenta y por enésima ocasión, la elevación de la voz de los hombres de negocios de la colindancia con el Istmo Latinoamericano, para hacer una llamado a las autoridades federales, con la idea de establecer las estrategias que permitan garantizar la soberanía del país y sobre todo la seguridad de la población.
Referencia reiterativa de que es Tapachula, la ciudad más importante de la Frontera Sur, la que más sufre el impacto del flujo migratorio desordenado, que después de la gran marabunta provocada por las múltiples caravanas provenientes de Honduras y que en más de medio millón de sus integrantes lograron ingresar ilegalmente en la Unión Americana, con el visto bueno del entonces Presidente Donald Trump, que luego los echó a su traspatio mexicano, donde por decenas de miles siguen aguardando el otorgamiento de asilo político, ahora se manifiesta como “flujo hormiga”.
Una realidad que en este espacio hemos dado a conocer, la del contubernio entre las bandas internacionales de trata de seres humanos con jefes y agentes del Instituto Nacional de Migración, que de manera cada vez más frecuente es detectada dentro y fuera de Chiapas, al ser interceptados transportes públicos (camiones de redilas y trailers), que trasladan de manera ilegal a miles de desesperados inmigrantes extranjeros, que gasta lo poco que tienen para pagar autoridades y polleros.
Predominio de una actitud de los empleados de la Secretaría de Gobernación, que se ubica en el contexto del cinismo, dada la protección que les brindan mandos superiores de oficinas centrales, para operar con impunidad y lograr acumulación cuantiosa de millones de dólares mediante la trata de seres humanos.
Una Frontera Sur que cada vez se convierte en zona caliente, que pone en alto riesgo la Seguridad Nacional, dada la indiferencia mostrada por el ámbito del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se mantiene firme en seguir pagando salarios de 200 pesos por cuatro horas de trabajo al extranjero, mientras que al chiapaneco, apenas si gana 140 por ocho horas, siendo objeto de explotación laboral de empresas extranjeras, especialmente Walmart y Sam´s, pero especialmente de una maquiladora de origen japonés que paga el equivalente por 12 horas, a sus jóvenes empleados, sin dar margen a que laboren sentados.
Es la Frontera Sur de México, tan cercana del Covid-19 y tan lejos del Gobierno de una República, a la que Soconusco se integró en 1842, después de que en 1824 lo hiciera el resto de la entidad, para dejar de formar parte de Centroamérica, tal vez en busca del “sueño mexicano”, que algún día tal vez alcance