EN REDONDO

Abr 25, 2021

Por: Mario Ruiz Redondo

EU: “Sembrando Vida” no frena Migración

Con la negativa del Presidente Joe Biden, para que Estados Unidos se sume a la implantación del programa mexicano “Sembrando Vida”, dirigido a arraigar a los migrantes en Centroamérica, se adelanta el fracaso de la donación de más de mil 800 millones ordenados en 2019, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a favor de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Fin del intento del mandatario mexicano, realizado el domingo 19 de abril, de presionar a su homólogo estadounidense, para invertir en la extensión de su programa que permita también el otorgamiento de visas de trabajo a los participantes, así como la ciudadanía. La respuesta fue de un rechazo absoluto, al afirmar la Casa Blanca, que sembrar árboles y migración no van ligados.

De nada serviría la argumentación en cuanto a que su propuesta fuese incluida adicionalmente al Tratado de Libre Comercio trilateral, ya que “en tres años se podrían sembrar tres millones de hectáreas y dar hasta un millón 200 mil empleos a hermanos de Centroamérica y mexicanos del Sureste, lo que permitirá a los países ordenar el flujo migratorio”.

Lo que en el primer círculo de colaboradores del Jefe de la Casa Blanca, sería considerada como una injerencia fuera de lugar, en su propuesta López Obrador plantearía que “a los tres años, ya que tengas tu cultivo, ya tienes derecho, en automático, a una visa de trabajo por seis meses para Estados Unidos. Vas seis meses y regresas a tu pueblo, y luego de tres años, después de tener tu visa de trabajo, con buen comportamiento, ya tienes derecho a solicitar tu nacionalidad estadounidense”.

Regalo de 30 millones de dólares, primero a El Salvador, anunciado durante la visita a Tapachula el 20 de julio de 2019, del Presidente Nayib Bukele Ortez, para establecer en la nación centroamericana las bases de la extensión de “Sembrando Vida”, que de manera paralela, en automático, se concedía a Honduras y Guatemala, con el propósito de evitar la migración a Estados Unidos.

Un proyecto del que ahora se sabe que vía el canciller Marcelo Ebrard Casaoubón, se cumplió en lo que respecta a la entrega de los más de mil 800 millones de pesos, pero que se ignora sus primeros resultados, si es que los hubo.

Algo, que se pone muy en duda, desde el momento en que ha continuado el flujo incontenible de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, que en pequeños grupos que finalmente han constituido decenas de miles de seres humanos, que gracias a la corrupción imperante entre las autoridades migratorias y de todos los niveles, incluyendo preponderantemente las mexicanas, siguen llegando a territorio de la Unión Americana.

Fracaso que ha llevado al Presidente Biden a dar una tregua a su estrategia migratoria de reconocimiento de nacionalidad de millones de inmigrantes en los siguientes cuatro años, al desbordarse el desplazamiento de indocumentados en su territorio, obligándolo a negociar con sus colegas de México, Guatemala y Honduras, con la excepción de El Salvador, para aplicar medidas de fuerza, mediante la utilización de sus ejércitos, para poner un alto a su desplazamiento.

Un problema que en la Frontera Sur mexicana, se ha agravado, sobre todo en Tapachula, la ciudad más importante, donde desde hace casi dos años, se encuentran varados más de 100 mil extranjeros sin ningún tipo de control migratorio o sanitario, poniendo en riesgo la salud y seguridad del poco más de un millón de habitantes.

Decenas de miles de niños y niñas han nacido desde entonces en esta faja fronteriza, sin que se tenga mayor conocimiento de su existencia irregular, pues hasta ahora el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, no ha realizado ningún censo de los nuevos mexicanos, descendientes de cubanos, haitianos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y de múltiples países africanos, dispersos por los diversos rumbos de la urbe chiapaneca colindante con el istmo latinoamericano.

Una nueva población “flotante”, que sigue en la espera angustiosa del otorgamiento de un salvoconducto ofrecida en el inicio del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para llevar a cabo su travesía hacia Estados Unidos.

A ellos, siendo todavía Presidente electo, les ofreció otorgarles 60 mil empleos temporales, mientras se decidía el otorgamiento de las autorizaciones, lo cual en principio funcionó relativamente, pero que prácticamente ha desaparecido, por lo que su situación se ha tornado grave en cuanto a sus niveles de subsistencia cada vez más complejos.

Hoy, la preocupación de los chiapanecos-mexicanos de la vecindad con América Central, se encuentran por demás preocupados, al tener conocimiento del impactante incremento de los casos de fallecimientos y contagios del Covid-19, toda vez que la vacunación realizada por las Secretarías de Bienestar y Salud, apenas si ha cubierto en un porcentaje bajo a las personas mayores de 60 años.

Avalancha permanente hacia Estados Unidos, de desesperados guatemaltecos de la clase socioeconómica acomodada, que aprovechando el otorgamiento de visas como turistas, viajan a diferentes ciudades para vacunarse contra el Covid-19, alarmados por la elevación constante de los casos de infectados en el país.

En Tapachula, todos los días arriban caravanas de chapines que a bordo de automóviles particulares, camionetas y autobuses rentados, acuden a los centros comerciales para abastecerse de alimentos, abarrotes, ropa y utensilios domésticos, sin respetar las recomendaciones de protección, hasta que son obligados a utilizar los cubrebocas para poder ingresar a llevar a cabo sus compras.

La gran mayoría son comerciantes que vienen abastecerse para vender en sus negocios establecidos en las ciudades limítrofes con la frontera chiapaneca-mexicana e incluso de la capital guatemalteca, aprovechando la gradual devaluación del peso frente al quetzal, de tres por uno.

Una invasión ante la cual la Secretaría de Salud Estatal guarda silencio e indiferencia, sin importar los riesgos a que se expone a la población local, pues los extranjeros, después del abasto concurren a los restaurantes, donde hacen caso omiso de las recomendaciones de estos negocios.

Se sabe que no todos regresan y que un elevado porcentaje se queda de este lado del río Suchiate, para tratar de avanzar hacia el norte de la república, en los límites con los estados sureños del vecino estadounidense, una vez que contactan con los traficantes de indocumentados, que de común acuerdo con los agentes del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, que lo mismo les facilitan el tránsito ilegal por la vía aérea que terrestre.

Y mientras las autoridades federales de Salud guardan absoluto hermetismo y olvido de la grave problemática migratoria-sanitaria, la población chiapaneca-mexicana se mantiene en alerta, alarmada porque la gran mayoría de los migrantes varados, que deambulan por las calles y avenidas de la ciudad, acompañados de sus parejas e hijos, no utilizan cubrebocas, como tampoco mantienen las obligadas medidas preventivas, como la sana distancia.

Reiteración oficial que nadie cree, porque aquí se vive, de que la entidad se mantiene en semáforo “verde”, cuando la realidad obliga a pensar que el ocultamiento es por demás burdo, debido a que no se informa con la verdad el número de decesos y contagiados a la alza en la Frontera Sur.

A ello se añade la otra realidad de las condiciones cada vez más complicadas de la economía de los inmigrantes, que de una u otra forma, está incidiendo en el incremento de la inseguridad y delincuencia, que viene sumarse a la existente antes de su arribo, que incluye el narcomenudeo, la violencia y prostitución.

Hay focos rojos encendidos, tantos que obligan de manera frecuente la visita a Tapachula del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para presidir la Mesa de Seguridad este viernes 23 de abril, en la que se analizará el panorama actual y la forma en que se está combatiendo y sus resultados.

Presencia de mandos importantes tanto federales, estatales y municipales, en una sesión en la que seguramente se ordenará una coordinación mayor y más efectiva, para brindar seguridad a la población, aunque también valdría la pena que el mandatario estatal realizara otra, con la participación de los responsables de los controles migratorios y sanitarios, que hasta ahora no han sido capaces en lo más mínimo.

Negocios son negocios en materia de la trata de seres humanos para su desplazamiento por territorio mexicano, como se constata diariamente en los más de 900 kilómetros de colindancia chiapaneca-guatemalteca, aprovechando por un lado la corrupción de siempre que hace posible el paso por la planicie costera, la montaña y el altiplano, hasta llegar a la Selva Lacandona, donde por cierto, día y noche desembarcan, luego de surcar las aguas del río Usumacinta, cientos hasta acumular decenas de miles, de guatemaltecos, que libremente se internan al territorio mexicano.

Ahí, no hay Guardia Nacional, Ejército Mexicano o Marina, como tampoco agentes de Migración, bajo el argumento de que no pueden intervenir por tratarse de una Región controlada por los “zapatistas” y que por lo mismo “temen enfrentarse con ellos pues se trata de puros indígenas beligerantes”, que utilizan armas de uso exclusivo de las fuerzas federales.

Incumplimiento más que evidente del compromiso establecido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con su colega estadounidense Joe Biden, de blindar la frontera para frenar migrantes, a cambio de la entrega de dos millones 700 mil dosis de vacuna AstraZeneca anticoronavirus, que ya se aplican en México.

Lo mismo ocurre en la parte montañosa de la Sierra Madre de Chiapas, donde después del reciente incidente en que un soldado disparó su arma y mató a un guatemalteco que junto con otros desacató la orden de detener el auto en que viajaban,

ha derivado en que la zona de Mazapa de Madero y Amatenango de la Frontera, se ha convertido en espacio controlados por las mafias del narcotráfico mexicano-chapinas, así como de los traficantes de ilegales.

Es la Frontera Sur, de la que mucho hay que seguir analizando, pues sus problemas de sobrevivencia se mantienen en el olvido por el Gobierno de la República, que de no atenderse con mayor responsabilidad y prontitud, podrían convertirse en grave problema para la seguridad nacional.

La población demanda menos discursos fuera de la realidad y más respuestas ajenas a la demagogia de siempre., que no se cumplen.