Mario Ruiz Redondo
La disputa de territorios por parte de los cárteles de las drogas en México, crece y con ello el baño de sangre del personal de las Corporaciones de Seguridad civiles y militares, en tiempos cercanos a las elecciones históricas intermedias, a realizarse el próximo domingo 6 de junio.
Eventos programados por un crimen organizado, que en los días recientes desencadenaría una serie de atentados, sobresaliendo la masacre de 13 agentes policíacos del estado de México, gobernado por Alfredo del Mazo Maza, de 45 años, el más firme aspirante a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la Presidencia de la República, en 2024.
Demostración de poder e irrespeto a las instituciones de seguridad, en una de las tres entidades industriales más importantes del país, cada vez más inmersa en las actividades de las organizaciones delictivas del narcotráfico más importantes que desarrollan actividades en el territorio nacional.
Luto de fin de semana en Toluca, Atlacomulco y Tenancingo, entre las familias de los asesinados, adscrito a la Secretaría de Seguridad Estatal y a la Fiscalía General mexiquenses, luego de que el pasado viernes 18 de marzo, fuesen acribillados a balazos por contingentes de sicarios, que los emboscaron cuando realizaban un recorrido coordinado de vigilancia en el municipio de Coatepec Harinas, al sur del estado, distante dos horas de la frontera con Guerrero.
Espacio de beligerancia y dominio, por parte de las mafias denominadas “Familia Michoacana”, “Los Caballeros Templarios” y Guerreros Unidos”, a los que se vinculan aún, con la desaparición en septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
Ley de la selva en zonas estratégicas y bien ubicadas por las fuerzas de seguridad y funcionarios gubernamentales del mandatario Alfredo del Mazo Maza, que llevarían a cabo un operativo conjunto con miembros del Ejército Nacional, Marina y Guardia Nacional, que culminó con el aseguramiento de armas de uso militar, así como vehículos robados, que estaban bajo resguardo de integrantes de la “Familia Michoacana”, por lo que se sospecha que el ataque a los policías, haya sido una venganza.
Pero, como siempre, no deja de llamar la atención, el hecho de que si las autoridades estatales, municipales y de la Federación, tienen pleno conocimiento de las formas de operar de tales grupos delictivo, éstos se mantengan intocables y solamente reaccionan, cuando los acontecimientos no pueden ser ocultados, para dar paso el sábado 19, al anuncio de recompensas de 500 mil pesos, para atrapar a los principales cabecillas de la masacre, que en este caso de los 13 asesinados, hasta se dan nombres y apellidos, como los de Silverio Martínez Hernández “el Fierros”; Alberto Romero Pérez “el Macrina”, y “el Barbas” Gilberto Misael Ortiz.
Y para no cargar solo con la culpa que empañe sus aspiraciones políticas, el gobernador Del Mazo Maza involucraría en la responsabilidad al Gobierno de la República, al considerar que los asesinatos constituyen “una afrenta en contra del Estado Mexicano y tenemos que responder buscando justicia, por el bien de nuestro país y para que estos hechos no queden impunes y para combatir la violencia y la delincuencia que tenemos en nuestro país”.
Ocurriría, como por arte de magia, que en cuestión de horas, serían detenidos 25 sospechosos de haber participado en el atentado.
Rechazo absoluto a la propuesta de “abrazos y no balazos”, de un crimen organizado que mantiene en la zozobra muchas Regiones del país, con la complicidad de mandos civiles y militares, que llevaría al jefe del Comando Norte de Estados Unidos (US Northcom), general Glen VanHerck, a afirmar que México mantiene áreas con frecuencia ingobernables, como consecuencia de que los cárteles del narcotráfico, controlan entre el 30 y el 35 por ciento del territorio nacional.
El importante mando de las Fuerzas Armadas y la Inteligencia del gobierno estadounidense de Joe Biden, atribuiría a esta grave situación, muchos de los problemas que enfrenta actualmente la Unión Americana, y que es un síntoma de un problema que se ha manifestado desde el año pasado. El hecho es que necesitamos una frontera segura, además de entender y saber quién la cruza”.
Certeza del encumbrado jerarca militar VanHerck, de que “el tráfico de drogas, la migración, el tráfico humano, son síntomas de las organizaciones criminales trasnacionales que están operando con frecuencia en áreas ingobernables, las que están creando algunas de las cosas con las que estamos lidiando en la frontera”.
“La inestabilidad que han creado las organizaciones criminales transnacionales, así como la pandemia del Covid-19 y dos huracanes mayores, son indicadores y razones por las cuales los migrantes procedentes de América Central, Sudamérica y México están intentando llegar a Estados Unidos. Creo que es un imperativo de seguridad nacional que debemos atender y debe verse desde una perspectiva de defensa nacional y de una relación robusta con las Fuerzas Armadas mexicanas”.
Y mientras desde el discurso oficial federal de todos los días, se asegura que en México todo va bien y que la violencia y crímenes siguen disminuyendo, el plomo sigue saliendo de pistolas y arma de alto poder, para terminar con la vida de quienes pretenden contender en las elecciones del muy cercano mes de junio.
Río revuelto en un país, el nuestro, que es aprovechado por grupos políticos caciquiles en pugna, vinculados con las mafias del narco, aprovechando la coyuntura de los tiempos electorales, para disparar plomo sin misericordia, para acallar voces, en especial de quienes se han caracterizado por ser defensoras de las causas de grupos indígenas marginados por una “civilización” que no termina de aceptarlos como gente pensante y actuante a favor del desarrollo y progreso de sus comunidades.
Chiapas no se sustrae de este clima de violencia extrema y por mismo irracional.
En medio de la oscuridad de las cuatro de la mañana del miércoles 17 de marzo, cuando el indígena tzeltal, Pedro Gutiérrez se dirigía a la cabecera jurisdiccional, seria atacado a balazos por sicarios y morir a bordo de su camioneta, que sería incendiada, junto con su hijo Kevin de ocho años, y otro acompañante. Su vida tuvo precio para la delincuencia, al ser nominado como candidato a la Presidencia Municipal de Chilón, por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Debido a la poca luz, los asesinos no se percataron que junto con Pedro iba su esposa, cuyo nombre no sería revelado por cuestiones de seguridad, que lograría huir entre la maleza del lugar del atentado, localizado en el crucero de Suyalá, donde el automotor que conducía quien tiempo atrás juez municipal, fuese interceptado y atacado a balazos por el grupo de delincuentes, que terminarían rematándolo junto con sus acompañantes, para luego quemarlos.
La ahora viuda, alcanzaría a reconocer a dos de los asesinos, cuyas identidades revelaría a las autoridades, por lo que son ya buscados junto con sus demás cómplices.
Eliminación a la mala de los adversarios que representan riesgos para el encumbramiento de aspirantes a cargos de elección popular, que no cumplen con los requisitos del arraigo popular y pretenden el poder por el poder a la fuerza, con dineros que pretenden comprar conciencias, caiga quien caiga por delante, no importa que sea con las herramientas de una violencia que goza de impunidad, al caer en ritual ancestral de la llamarada de petate.
En Oaxaca, que junto con Chiapas y Oaxaca, es uno de los tres estados con población más pobre del país, sería foco de la noticia roja periodística-electoral, al reportar el sábado 19 de marzo, que Ivonne Gallegos, una luchadora social de 40 años, había sido asesinada por sicarios, que le dieron el tiro de gracia para que no quedara duda de su muerte, en los momentos en que sola se dirigía a bordo de su vehículo rumbo a la capital estatal.
Ivonne se había convertido en la candidata favorita de sus conciudadanos, a la Alcaldía de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, de poco más de 20 mil habitantes, distante 40 minutos de la Antequera, y que contendería de manera independiente, rechazando las invitaciones de los aliancistas de MORENA-PT-PVEM, así como del PRI-PAN-PRD.
No más voz a los sin voz, al pasar a formar parte de las estadísticas, junto con otros 17 aspirantes a cargos públicos, en las elecciones del 6 de junio, en que se votará por más de dos mil candidatos a alcaldes, 15 gobernadores, 300 diputados federales de mayoría, 15 Congresos estatales
Toda una cascada crímenes de tinte político, multicolor y de siglas partidistas, que en los últimos seis meses han enrarecido el ambiente electoral, al sumar 62 las víctimas mortales, de las cuales la mayoría se ubicaban en las fases de preselección de sus candidaturas.
Defender a los desposeídos llevaría a la tumba a Ivonne Gallegos, viuda desde hace seis años, cuando a las puertas de su casa asesinaron a balazos a su esposa, también activista social, cuyos restos mortales recibirían un homenaje popular antes de ser sepultados en Ocotlán, este lunes 22 de marzo.
Eufrosina Cruz, exsecretaria de la Organización los Pueblos Indígenas de Oaxaca, revelaría que su correligionaria moriría acribillada a balazos por la espalda, un día después de haber acudido ante la Fiscalía General del estado, a denunciar con nombres y apellidos a quienes por redes sociales realizaban en su contra una campaña de ataques y amenazas, en las que la acusaban de estar vinculada con el crimen organizado, lo cual rechazó y solicitó la acción penal en contra de quienes la difamaban poniendo en peligro su vida.
No obstante la gravedad de la querella, ni el fiscal Arturo de Jesús Peimbert Calco, como tampoco el igualmente aspirante a la Presidencia de la República en 2024, el gobernador
priísta Alejandro Murat Hinojosa, brindaron la obligada protección policial para salvaguardar la vida de Ivonne Gallegos, que será recordada por su pueblo como una gran mujer que ofrendó su vida por las causas justas a favor de sus paisanos.
Sin duda, pasará a formar parte de la lista interminable de luchadores sociales que en México conforman el grupo de líderes víctimas de la impunidad, por la indiferencia de una clase en el poder que al desaparecerlos físicamente, quita los estorbos del camino de la injusticia social.
Un feminicidio más en el México del olvido del sacrificio de decenas de miles de mujeres, que solamente son vistas por el sistema patriarcal que gobierna, como números sin importancia, menospreciando su creciente elevación de voz que se manifiesta por todos los rumbos de la República, exigiendo justicia, para quienes solamente con balas asesinas pudieron detener las fuerzas retrógradas de la democracia y de la delincuencia organizada.
Cercanía de la fecha, en la que el poder femenino, el de las jóvenes que son mayoría junto con los ciudadanos de los mismos tiempos, harán hacer si n duda, el muro de la cerrazón y de la discriminación a este cada vez más importante sector de la población mexicana.