Por Mario Ruiz Redondo
Histórico abandono del campo
Los datos provenientes del Tesoro estadounidense, revelan que en 2020 se entregaron subsidios al sector agropecuario de la Unión Americana, por 50 mil millones de dólares, para enfrentar la pandemia de Covid-19, mientras que en México el apoyo gubernamental al sector fue nulo.
Al margen, las subvenciones y ayudas en ese mismo período, del orden de los 33 mil millones de dólares, que representaron el 40 por ciento de los ingresos de los agricultores del vecino país del norte, propietarios de dos millones de granjas (a cada uno 16 mil 500 dólares, equivalentes a 330 mil pesos anuales).
Los productores del campo de Estados Unidos, constituyen el dos por ciento de la fuerza laboral nacional, por lo que son la minoría más protegida por Washington, convirtiéndose también en una gran paradoja, al ser la mayoría militantes del Partido Republicano, que está en contra de este tipo de apoyos, a diferencia de los demócratas, partidarios del intervencionismo del Estado.
Un respaldo gubernamental absoluto, que permite que ocho entidades del Medio Oeste, encabezadas por Iowa y Nebraska, conformen la “Región del Cinturón del Maíz”, que genera el 40 por ciento de la producción mundial del grano.
Nada que ver con lo que ocurre en México, donde en el año que apenas concluyó, el Gobierno Federal dispondría de un presupuesto de 38 mil millones de pesos (mil 900 millones de dólares), con respecto al de 2018, en que se ejercieron 75 mil millones de pesos (tres mil 750 millones de dólares).
Reporte de esta problemática desde el Senado de la República, en el que se establece que, el campo mexicano se mantiene inmerso en una grave crisis, en la que 27 millones de compatriotas viven y dependen de la actividad agrícola, agrupados en cinco millones 300 mil unidades económicas rurales, y donde el 72 por ciento de ellas viven en niveles de subsistencia. Un ocho por ciento se ubica en el nivel empresarial con rango de agroindustria.
Panorama por demás dramático en el medio campesino, manejado desde una institución ahora denominada Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), reducida no únicamente en siglas, sino en dinero para apoyar la producción alimentaria, que repercute en una mayor desventaja competitiva, ante los productores estadounidenses, y de otros en el extranjero.
Situación todavía más evidente desde el 1 de julio pasado, al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Una condición demasiado vulnerable, cuando es bien sabido que a nivel mundial, la Administración Federal estadounidense, es quien más subsidia a sus productores del campo, obligando en contraste a los gobiernos como el mexicano, a cancelarlos “para acabar con el paternalismo oficial”, lo cual ha sido acatado de manera radical, como es posible constatar en las cifras del abandono.
Con el argumento de que todo en los subsidios al campo mexicano era corrupción, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha realizado en los dos primeros años, la desaparición de programas sociales, sin sustentar sus afirmaciones con elementos de pruebas fehacientes, dejando en estado de indefensión a millones de hombres, mujeres, ancianos y niños.
Nunca como hoy, el campo mexicano ha estado peor, al extinguirse los fondos de la Financiera Rural, que respaldaba a los agricultores, para hacerlos menos productivos, contradiciendo el discurso mantenido en las tres campañas para llegar a la Presidencia de la República, de que iba a ser uno de los sectores de mayor prioridad para reactivar su economía.
Panorama inmediato totalmente adverso en materia de abasto alimentario para los 130 millones de habitantes, que parece no importar mucho a la Administración 2018-2024, si se toma en cuenta que México es cada vez más dependiente de la importación de granos, ya que en el primer semestre de 2020, previo a la entrada de vigencia del nuevo acuerdo trinacional de comercio, solamente las compras de maíz, tuvieron un costo de mil 490 millones de dólares.
En el renglón de trigo, la cifra superó los 570 millones de dólares; arroz, 222 millones de la moneda estadounidense; sorgo, 70 millones de dólares; cebada, más de 52 millones y avena, 24 millones de dólares.
Una tendencia imposible de revertir al sostenerse la estrategia de la reducción presupuestal para la producción de granos, que cancela toda posibilidad de independencia alimentaria en el actual sexenio, como lo comprometió reiteradamente en la última campaña, el ahora Jefe del Ejecutivo Federal.
Precisión de la Organización de las Naciones unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de que para que México logre la soberanía en la materia, deberá tener una autosuficiencia de hasta un 75 por ciento, lo cual resulta imposible lograr en cuatro años que restan al gobierno de López Obrador.
Pronóstico, de que en 2029, los mexicanos seremos los primeros importados de maíz en el planeta, así como de tercer comprador mundial de sorgo, después de Sudáfrica y China, de continuar lo que ya se considera un grave retroceso, al disminuir radicalmente el apoyo a los productores agrícolas.
Durante los últimos dos años, la justificación gubernamental federal para desaparecer programas de respaldo financiero al campo, ha sido invariable en cuanto a atribuir a la corrupción estas decisiones, que aún en el inicio del tercer período anual, no se ha comprobado como tampoco castigado a los responsables, como obliga el marco legal vigente, para quedar simplemente en el mero señalamiento en la búsqueda del escándalo para la distracción.
Inversión de poco más de 75 mil millones de pesos, que en 2018 incluía programas de fomento productivo para mujeres en las diversas Regiones rurales del país, además de estrategias dirigidas a fomentar el arraigo de los jóvenes en sus comunidades ejidales, que serían truncadas a partir de 2019 y desencadenar un flujo migratorio hacia los Estados Unidos.
Datos de la Federación Estadounidense de Cámaras Agropecuarias, en 2019 ingresaron a Estados Unidos 258 mil trabajadores temporales mexicanos, que representan sólo 20 por ciento de la fuerza laboral agrícola. El 80 por ciento son trabajadores migrantes que tienen una estadía legal bajo otro formato o que no cuentan con documentos.
Reconocimiento del principal organismo de productores del vecino del norte, de que el arribo de los campesinos del sur del río Bravo, sería muy importante para el levantamiento de las cosechas en los estados de Georgia, Florida, Arkansas y Alabama, pues en abril de ese año, representaron el aprovechamiento del 35 por ciento del total de los cultivos en la Unión Americana.
Y mientras allá se festejaba el éxito de la producción alimentaria por la llegada de la mano de obra proveniente del lado mexicano, aquí un año antes, la acumulación de la insuficiencia de productos alimentarios, provocaría que en 2018, el 22.6 por ciento de los hogares en el territorio nacional, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sufrían escasez y hambre moderada o severa.
Para abril de 2020, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), afirmaría que este indicador habría aumentado a 27.5 por ciento, equivalente a un valor por arriba del nivel alcanzado en 2008, cuando las crisis económica y alimentaria en el mundo, afectarían dramáticamente el acceso de los seres humanos a los alimentos.
Consideración también, de que la precaria situación del campo mexicano y sus productores medianos y pequeños, los excluye de los grandes mercados, debido al intermediarismo prevaleciente en la comercialización, transporte insuficiente, incapacidad de almacenamiento e ignorancia sobre precios en el mercado, que disminuyen sus ganancias y aumentan su vulnerabilidad económica, especialmente en el último año, complicado por los efectos colaterales de la epidemia-pandemia de Covid-19.
Contradicción en el discurso del “combate a la corrupción”, en uno de los programas oficiales más importantes a partir del 1 de diciembre de 2018, ha sido el denominado “Producción para el Bienestar”, sustentado en un esquema de transferencias directas, que adopta los propósitos, presupuesto y estrategias de las nuevas siglas ProAgro, que no es más que conocido hasta 2018, como Procampo, que mantiene el mismo padrón de beneficiarios, que se mantiene en el anonimato.
En paralelo, la existencia de un registro de predios de “Producción para el Bienestar”, que sumará a los del ProAgro, así como a muchos más que se han incorporado como resultado del “Censo de Bienestar”, realizado por “voluntarios” a los que se conoce como “servidores de la Nación”, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que permitirá en 2021, año electoral intermedio, hacer llegar recursos económicos a la población más pobre del medio rural, con fines asistencialistas y no de apoyo a la reactivación productiva de alimentos básicos.
Situación que confirma aquella afiermación del entonces secretario Agricultura y Ganadería, Oscar Brauer Herrera, en 1975, que nunca pierde vigencia, hecha al gran amigo y admirado paisano tapachulteco, reportero de Excelsior, Rodolfo Guzmán García, al referirse al papel de los hombres del campo en México:
“Los campesinos están organizados para votar, no para producir”. Frase que hoy más que nunca cobra mayor notoriedad, en los tiempos de la continuación de una mayor debacle de la generación de alimentos que vulnera peligrosamente la soberanía e independencia del país en la materia, al convertirse, como cada seis años, en factores determinantes como brazos políticos en los comicios federales, estatales y municipales, ya no del Partido Revolucionario Institucional, sino del dueño de la estafeta, el Movimiento de Regeneración Nacional.
Cancelar 17 programas de apoyo al campo, es por demás grave y preocupante, en un país que ha perdido prácticamente su autosuficiencia alimentaria, con malas decisiones gubernamentales extremas, que en 2013 motivarían la declaratoria de la creación de una Cruzada Nacional Contra el Hambre, que resultaría un absoluto fracaso.
Tiempos de un cambio que se reitera en la fase 2018-2024, pero que en la realidad, las palabras del discurso se pierden en el desvanecimiento de sus propios vientos, por la pérdida de una credibilidad que parecía haberse recuperado.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.